La Renta Básica Universal o
Renta Básica Incondicional (RBI), como la denomina
Elkarrekin Podemos, es una de las propuestas que este partido lleva en su programa en estas
elecciones del 21-A. El pasado mes de marzo hicieron un acto de campaña en el que junto con el colectivo social
RBI Orain! plantearon la posibilidad de implementar esta
prestación al conjunto de la
población vasca.
La Renta Básica Incondicional es individual, universal e incondicional, es decir, no está condicionada a ingresos, bienes ni empleo. Se materializaría en una asignación económica mensual de 900 euros para todas las personas mayores de 18 años; 450 euros para mayores de 13 y menores de 18 años; y 270 € para menores de 14 años. Para cobrar esta prestación "el único requisito sería residir en Euskadi y tener al menos tres meses de residencia en Euskadi antes de su solicitud", advierten.
La financiación de la RBI sería responsabilidad del Gobierno vasco y sería sufragada a través de los presupuestos vascos. A la pregunta de Crónica Vasca sobre cuánto dinero sería necesario para costear esta medida, calculan que harían falta 3.000 millones de euros al año.
Voluntarias de un banco de alimentos.
Unos cálculos que han realizado a partir de la simulación llevada a cabo en Gipuzkoa por RBI Orain! teniendo en cuenta las declaraciones del IRPF de 2011. "El resultado obtenido por ellos fue que el coste de aquella RBI ascendía al 2,5% del PIB, lo que extrapolamos al conjunto de la CAV y nuestra estimación fue del 3,5% del PIB, lo que significaría que, con un PIB de 86.000 millones como el que obtuvo la CAV en 2023, estaríamos hablando de 3.000 millones de euros", precisan.
Una cantidad que creen que sería viable mediante "una reforma fiscal del IRPF", que consistiría fundamentalmente en "eliminar todos los gastos fiscales de desgravaciones sobre la base imponible y la cuota -salvo la RBI, que sería la única cantidad no gravada fiscalmente-; sumar las rentas del capital a las del trabajo ; y establecer un tipo único de tributación del 49,5%, que sería aportado por el 20% de las personas con mayor nivel de renta y capital de la CAV, lo que garantizaría que no sufriera ningún impacto financiero el 80% restante de la población", aseguran.
Una ayuda para evitar caer en la pobreza
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Parlamento vasco en la pasada legislatura recabó un total de 22.075 firmas ciudadanas con el objetivo de aprobar una Renta Básica Incondicional para dar "un cambio radical al actual modelo de lucha contra la pobreza", afirman desde Elkarrekin Podemos. Y, a pesar de que no prosperó su tramitación, siguen confiando en el potencial de este mecanismo de ayuda social.
Bolsas de comida procedente de la recogida de alimentos en un almacén del Banco de Alimentos.
EP
Según la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales elaborada por el Gobierno vasco, en 2018, en Euskadi, había 97.185 personas en riesgo de pobreza, lo que supone el 9,1% de la población. "De ellas, casi una de cada tres no recibe ninguna prestación económica debido a los exigentes requisitos establecidos por la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Y de las que sí son perceptores de alguna ayuda, sólo el 48,5%, han conseguido superar su situación de pobreza.
Para Elkarrekin Podemos, la Renta Básica Incondicional contribuiría a evitar situaciones de pobreza, ya que, las prestaciones sociales existentes en la actualidad se conceden "a posteriori, es decir, exigen que las personas que quieran recibir estas ayudas se encuentren en situación de extrema pobreza". Algo que, junto con "la burocracia, las limitaciones presupuestarias y los errores de cobertura" les llevan a considerar que "las prestaciones sociales hayan fracasado en cuanto a sus objetivos".
En este sentido, destacan que la RBI tendría como beneficios "ahorrar costes administrativos, evitar que las personas que están percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza y acabar con el estigma social que persigue a la población perceptora de ayudas sociales", indican. Además, creen que este recurso contribuiría a que este colectivo tuviese "más libertad y menos miedo para decidir" y "mayor autonomía a la hora de elegir empleos más dignos".
