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Las diputaciones pagarán más de 110 millones más al Gobierno vasco con la nueva Ley de Aportaciones

El Ejecutivo vasco aumenta su capacidad de gasto para afrontar las nuevas competencias transferidas según se recoge en el acuerdo de la ley que llevaba nueve años prorrogada.

Reunión del Consejo Vasco de Finanzas
Reunión del Consejo Vasco de Finanzas

Tras casi diez años de prórroga las tres diputaciones y el Gobierno vasco han alcanzado un preacuerdo para renovar una de las leyes más comprometidas del entramado institucional vasco. Se trata de le Ley de Aportaciones, la norma que regula cómo se reparten las administraciones vascas la recaudación realizada por las Haciendas forales. Es la clave que permite configurar el presupuesto de cada una de las administraciones del País Vasco y, dado que de dineros se trata, ha sido una fuente de importantes encontronazos políticos entre diputaciones y Gobierno, incluso entre responsables del mismo color político. El acuerdo ha elevado la cantidad de dinero que recibe el Gobierno vasco para elaborar su Cuentas con lo que aumentará su capacidad de gasto, entre otras cosas, para hacer frente a las nuevas competencias que está recibiendo del Gobierno central, como la de prisiones.

La norma establece qué porcentaje del total de la recaudación debe destinarse al Gobierno vasco. Es lo que se conoce como coeficiente vertical. Hasta ahora la norma fijaba que el 70,04% de los recursos debían entregarse al Ejecutivo autonómico. Así, de los 14.250 millones de euros que se prevén recaudar este 2021, 9.980 millones correspondían al Gobierno. El preacuerdo alcanzado hoy eleva ese porcentaje hasta el 70,81%, lo que se traduce en 110 millones de euros a los que deberán renunciar las diputaciones, en favor del Ejecutivo de Urkullu. Estos serían los resultados de aplicar la modificación sobre la recaudación prevista para este año, aunque la norma no entrará en vigor hasta 2022. 

Acuerdo difícil

Este punto ha sido siempre el más delicado en las negociaciones, ya que cada administración ha tratado de retener la mayor cantidad de recursos para sí. De ahí el bloqueo en la renovación de la norma, que lleva prorrogada desde 2012. El hecho de que PNV y PSE compartan los gobiernos de todas las instituciones implicadas en el acuerdo ha permitido desbloquear la situación. La anterior Ley de Aportaciones fue aprobada en 2007 por el tripartito PNV-EA-EB, con el apoyo del PSE y Aralar, y el rechazo de PP y EHAK, y su vigencia concluía en 2011.

La otra herramienta fundametal de la Ley de Aportaciones es el coeficiente horizontal, que establece qué porcentaje debe poner cada Territorio del montante total que recibe el Gobierno vasco. El preacuerdo mantiene este mecanismo sin cambios con los porcentajes fijados en el 16 % en el caso de Álava, en el 33,06 % en Gipuzkoa y en el 50,94 % en Bizkaia.

El Fondo General de Ajuste se mantiene con el objetivo de asegurar que el peso relativo de la recaudación de cada Diputación alcance el 99 % de su coeficiente horizontal. El límite máximo de este fondo aumenta hasta el 1,45 % de los recursos a distribuir entre las instituciones vascas, frente al 1 % vigente, lo que a juicio del Gobierno Vasco, incrementará "las garantías" para los territorios históricos. Por otra parte, el porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados se establece en un 39,23 %, mayor que el actual.

Este preacuerdo deberá ratificarse en el Consejo Vasco de Finanzas que se celebrará el 15 de julio y donde se analizará el comportamiento de la recaudación. Una vez aprobado se enviará al Parlamento vasco que realizará la sanción definitiva de la norma. 

Pendiente el recurso al endeudamiento

La ley de Aportaciones es una herramienta fundamental para la elaboración de los presupuestos del 2022 para los que el Gobierno ya ha elaborado las directrices económicas en las que se prevé seguir recurriendo a la deuda. Pero la cantidad de endeudamiento al que podrán recurrir las administraciones vascas está pendiente de acordarse en la Comisión Mixta de Concierto. Es este dato la última referencia pendiente. El Ejecutivo ha reclamado al Gobierno de España en varias ocasiones la necesidad de convocar la Comisión de Concierto que establezca esos márgenes para 2022 antes de volver en 2023 a la senda de la austeridad. 

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