Euskadi destinará en 2022 cerca de 70 millones a la gestión de las prisiones

La nueva competencia de gestión de prisiones conllevará en 2022 la inversión de 70 millones de euros por parte del Gobierno vasco para continuar con la implementación del actual "plan de choque" dedicado a "mitigar las más urgentes necesidades detectadas" en las tres prisiones vascas.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha explicado en comisión parlamentaria las principales partidas que recoge el proyecto presupuestario del próximo año para su departamento, que contará con 528,6 millones de euros, un 15 % más que este ejercicio. Más de la mitad del presupuesto, el 53 %, lo acapará la Viceconsejería de Justicia, la encargada de asumir la nueva competencia de prisiones, que para 2022 dispondrá de 70 millones de euros.

Del montante total dirigido al nuevo programa denominado "Instituciones Penitenciarias", 30 millones se enmarcan en el capítulo de personal y el resto tiene como objetivo costear los programas e inversiones que, según la consejera, requiere la gestión penitenciaria de las tres cárceles vascas.

Así, con estos 70 millones el departamento persigue avanzar hacia el "modelo penitenciario vasco", en el que se propiciará la reducción del uso de la prisión y el incremento de la resocialización de los reclusos con iniciativas como las centradas en potenciar el cumplimiento de las penas en medio abierto.

Para ello se van a destinar 6 millones que servirán para que desde la administración penitenciaria haya recursos propios que faciliten que los presos que no disponen de medios puedan cumplir condenas en semilibertad.

"Queremos acabar con las listas de espera para las penas en semilibertad", ha señalado Artolazabal, quien ha recordado que bajo la gestión del Gobierno central los recursos dotacionales han sido prestados por entidades del tercer sector y han dependido de la financiación foral y de la del Ejecutivo vasco. Con esta partida se consolidarán las plazas existentes y se comprarán o alquilarán recursos habitacionales, entre otras medidas.

La Agencia Vasca de Reinserción Social, Aukerak, estará dotada de 15 millones para gestionar las prestaciones educativas, sociales, formativas y la filiación a la Seguridad Social de los presos con una actividad laboral.

La consejera ha avanzado la elaboración de un plan de igualdad entre el personal de prisiones y de un diagnóstico de la situación de mujeres reclusas. Además, a preguntas de los grupos sobre el futuro del edificio que albergaba la antigua prisión de Nanclares de la Oca (Álava), ha informado de que se prevé que se convierta en un "centro logístico" que dé cobertura a las necesidades de las tres cárceles de Euskadi.

Foco en la violencia de género

Al margen de la gestión de prisiones, en 2022 se culminará el proceso de adecuación de los juzgados de violencia de género con 440.000 euros. En el área de los servicios sociales, se mantienen los 10 millones para las ayudas de emergencia social (AES), entre otras. Por su parte, la Dirección de Juventud destinará 2 millones a programas de emancipación.

Además, con un millón de euros el departamento impulsará un programa piloto que tratará de favorecer un tránsito "exitoso" a la vida independiente de jóvenes sin red de apoyo familiar.

También como novedad y con 75.000 euros iniciales se quiere generar un nuevo programa para promover que preadolescentes de origen extranjero "interactúen" con estudiantes universitarios vascos con el objetivo de que "se ayuden mutuamente".

En cuanto al área de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, Gogora dispondrá de 5 millones, 3 más que este año, para avanzar en los proyectos expositivos que tiene marcados. De estas partidas, 2 millones se dirigirán al espacio expositivo de su sede de Bilbao, en el que habrá distintos subespacios sobre memoria relacionados con la guerra civil, con el terrorismos de ETA y de extrema derecha, con el "abuso de poder y la utilización ilegítima de la violencia" y de la "resistencia democrática frente a las injusticias".

La consejera ha subrayado el "aroma social" de las cuentas de su departamento y ha insistido en que están elaboradas desde la perspectiva de género y con un enfoque dirigido a las víctimas y a los colectivos más vulnerables.