El fiasco del IRPF obliga a Rementeria a retrasar TicketBai a después de las elecciones forales

En el ecuador de la legislatura, con la luces largas ya puestas de cara a las elecciones forales de 2023, el equipo de Gobierno de Unai Rementeria quiere evitar a toda costa que se repita un fiasco como el vivido con la campaña de la Renta de este año por las prisas en implantar la factura electrónica. Todos los partidos de la oposición en las Juntas Generales de Bizkaia coinciden en que tras la decisión de la Diputación de retrasar dos años la implantación obligatoria del programa Batuz, que incluye diversos cambios en las relaciones de autónomos y negocios con la Hacienda, incluida la factura electrónica a través de Ticketbai, se esconde "el desastre" que supuso el estreno de la campaña del IRPF completamente digital, con el consecuente daño reputacional de cara la opinión pública y el riesgo de que pase factura en las urnas. Por eso, recuerdan que no es valadí que no vaya a ser obligatorio sumarse a este programa, con el que básicamente se pretende luchar contra el fraude fiscal,  hasta 2024, pasado ya el periodo electoral.

De hecho, el diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, que ayer justificaba el retraso en la obligatoriedad de sumarse al programa en no establecer "obligaciones añadidas a aquellas las empresas y profesionales que están sufriendo las peores consecuencias económicas de la pandemia", defendía hace apenas unos meses en comparecencia en las Juntas, que debía ponerse en marcha en enero de 2022.  ¿Qué ha ocurrido desde entonces? "Han aprendido del desastre del IRPF" señalan desde EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, que no obstante valoran "positivamente" el retraso para evitar a los empresarios estar inmersos en otro caos burocrático como el que se vivió en la campaña de la renta en plena salida de la crisis de la pandemia.   

"Es un retraso forzado por el desastre de la declaración de la renta y porque están valorando que 2023 es un año electoral", señala la representante de EH Bildu, Arantza Urkariegi, que considera además que el periodo de sumarse de forma voluntaria, abierto desde el mes de octubre ha servido al equipo de Iruarrizaga para valorar que las empresas están todavía muy retrasadas como para poder afrontar este cambio desde enero.

De hecho, en el anuncio que la diputación realizó ayer y que debe pasar todavía por las Juntas Generales, se incluyen una serie de "incentivos fiscales" para promover que las empresas se sumen de forma voluntaria desde el año que viene. Estos incentivos supondrán hasta una reducción del 15% de su base imponible en IRPF o Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2022 y 2023. La compensación será mayor cuanto antes se implante Batuz, hasta llegar el 2% de mínimo para los que se sumen en octubre de 2023, 

Unos incentivos que no comparten desde EH Bildu, que es más partidarios de abordarlo con ayudas directas. "No quieren abordar un debate fiscal a fondo, pero luego te van presentando lo que se les ocurre en cada momento", critica Urkariegi.

En la misma línea, Eneritz de Madariaga, desde Elkarrekin Podemos señala que, aunque desde su partido comparten la necesidad de apoyar al sector en esta estrategia "no compartimos el modo en que se hace. Vuelven a recurrir a las desgravaciones fiscales y no a las ayudas directas", que evitarían que quienes tienen dificultades económicas tengan que adelantar el dinero. No obstante, De Madariaga considera que "después de la experiencia nefasta de digitalización con calzador para presentar la declaración de la renta no cabía menos que retrasar la puesta en marcha de Batuz". "Nos alegra saber que esta vez la Diputación escucha de forma activa a los agentes implicados".

"Quieren imponer una digitalización acelerada", señala por su parte la portavoz en Juntas Generales del PP, Amaya Fernández.  "En la campaña de la Renta se ha visto que están muy perdidos y que se ha generado mucho malestar entre los ciudadanos y ahora se han querido poner la venda antes de la herida". señala. El PP es partidario de "avanzar en la digitalización", pero "no se puede hacer de cualquier manera" y sin un programa piloto amplio, dice Fernández, que considera que la decisión de la Diputación de retrasarlo supone "una enmienda a la totalidad a sí mismos" y a sus intenciones reiteradas de acelerar la digitalización. 

Fernández critica además que los incentivos que se proponen vengan sueltos y no dentro de una reforma fiscal amplia a la que la diputación ha renunciado este año.

Programa Batuz

Dentro del programa Batuz, que pretende "reforzar el control tributario de todas las actividades económicas que realizan tanto las empresas como los trabajadores autónomos", se encuentra el sistema de factura electrónica Ticketbai, que también se implantará en Álava y en Gipuzkoa, aunque ambas diputaciones tienen previsto un calendario progresivo, por sectores, menos acelerado del que pensaba imponer Bizkaia, y que se mantiene como estaba previsto para las dos territorios a partir de 2022.

El programa Batuz de Bizkaia, incluye también el Libro-registro, que no se implantará de momento en Álava y Gipuzkoa, y que controla todas las operaciones económicas que realizan las empresas (modelo 240) y los trabajadores autónomos (modelo 140).

La Diputación destaca que este es el gran cambio que introduce Batuz en la gestión diaria de cada negocio, porque tanto las empresas como los profesionales deberán mantener actualizado su libro de registro de operaciones económicas en la sede electrónica de la Administración foral.

Junto con el retraso en la obligatoriedad, la Diputación ha anunciado que pospondrá un año el cierre de la oficina virtual de Hacienda, BizkaiBai, de modo que los trámites electrónicos con la Hacienda Foral podrán realizarse hasta el 1 de agosto de 2022 tanto en esta oficina como en la sede electrónica de Diputación Foral de Bizkaia.