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Gipuzkoa insiste en cobrar el peaje en contra de la sentencia del TSJPV

Oiarbide ha asegurado que la Diputación tiene la "firme determinación de seguir cobrando" a los vehículos pesados por el uso de estas carreteras

Camiones en un área de servicio. / EP
Camiones en un área de servicio. / EP

La Diputación de Gipuzkoa ha defendido la legalidad de los peajes a camiones en la N-I y en la A-15 y ha recordado que la sentencia del TSJPV no es firme hasta que se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) por lo que "el deber" de la institución es continuar con el cobro.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha señalado en un comunicado que la Diputación "será absolutamente obediente con la sentencia cuando ésta se publique en el BOG".

Oiarbide ha asegurado que la Diputación tiene la "firme determinación de seguir cobrando" a los vehículos pesados por el uso de estas carreteras "tal y como establece la directiva europea" y ha señalado que aprobará una nuevo Decreto Foral Norma "en los próximos días" que será "de aplicación inmediata", al tiempo que seguirá elaborando una nueva norma foral para su aprobación en las Juntas Generales.

Ha señalado que "ninguna sentencia cuestiona la capacidad" de la institución foral para poner peajes como ha asegurado hoy el sindicato Hiru, que ha interpuesto una denuncia en los tribunales contra Bidegi y la Diputación por seguir cobrando el canon.

"Está fuera de toda duda el derecho de Gipuzkoa a cumplir el mandato democrático de sus Juntas Generales", ha precisado Aintzane Oiarbide, quien ha añadido que el peaje se pone a los camiones, no a los camioneros por lo que "quien compra la carga" es quien paga esos gastos al igual que cuando se utiliza un taxi "se paga el peaje además del viaje". Oiarbide ha remarcado que "el proceso no está concluido" y, por tanto, "no está dicha la última palabra".

Ha recordado que la Diputación ha presentado ante el Tribunal Supremo sendos incidentes de nulidad contra sus decisiones ya que entiende que el Alto Tribunal debería haber formulado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de pronunciarse sobre esta materia ya que se trata de la transposición de una normativa europea.

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