Gipuzkoa recurre a 85 millones de euros de deuda en 2020 para hacer frente a la crisis

La Diputación de Gipuzkoa recurrirá a 85 millones de euros de deuda para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia. Se trata de un modo de afrontar la caída de la recaudación del 9,7% en lo que llevamos de año y la subida del gasto necesaria para afrontar los efectos de la gestión de la pandemia. La portavoz foral, Eider Mendoza, ha explicado así la medida aprobada en el Consejo de Gobierno de la Diputación en la mañana de hoy. 

La Diputación de Gipuzkoa eleva así el límite de deuda de los 443 millones de euros previstos a los 528 millones, aumentando su capacidad de gasto en 2020. Se trata de una medida, que se debe tramitar en Juntas Generales, y a la que pueden recurrir las administraciones vascas gracias al cuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto Económico. La medida, que reclamó insistentemente el PNV, elevó la deuda en que Gobierno vasco y Diputaciones forales podían incurrir. Así, sólo para este 2020, fueron 2.311 millones de euros para aumentar el gasto en las instituciones, de los que 595 eran para las Diputaciones. Mientras que para 2021, las cifras son 2.205 millones de euros, 588 para los gobiernos forales. 

El gobierno gipuzkoano ha confirmado además que recurrirá también a esta herramienta no sólo este año, sino también el que viene porque tal y como ha explicado Mendoza, "podemos tener más déficit y tener más flexibilidad para responder a las necesidades que tenemos porque tenemos que reforzar nuestra estratrategia económica ante la crisis generada por la pandemia, así como incrementar nuestra capacidad de respuesta". 

Álava, única administración vasca que no recurrirá a esta herramienta

Gipuzkoa se suma a las medidas que ya han adoptado la Diputación de Bizakia, que incrementó la deuda en 300 millones de euros este 2020, y al Gobierno vasco, que ha emitido 600 millones en forma de 'bono sostenible Euskadi' para financiar proyectos relacionados con la salud, la educación y las políticas sociales. Álava es, por tanto, la única administración vasca que ha rechazado emplear esta medida, al menos en 2020.