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La reclamación de indemnizaciones al Gobierno por la crisis del coronavirus suma a 133 comerciantes

Euskaldendak recoge 86 adhesiones en Bizkaia, 34 en Gipuzkoa y 14 en Álava. Los comerciantes, hosteleros y empresarios tienen hasta el 31 de enero para unirse a la iniciativa.

Plaza nueva de Bilbao vacía./ EP
Plaza nueva de Bilbao vacía./ EP

La Confederación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios de Euskadi, Euskaldendak, cuenta con 133 adheridos de manera formal a la campaña para reclamar posibles indemnizaciones a las instituciones por los daños y perjuicios que ha provocado la pandemia. La Confederación va a tramitar estas denuncias, primero con el Gobierno central y después con el Gobierno vasco, para tratar de ser indemnizados. Los 4.000 asociados tienen como fecha límite el 31 de enero en caso de querer unirse a esta iniciativa. Por territorio histórico, 86 han sido los que han rellenado y entregado formalmente este formulario en Bizkaia, 34 en Gipuzkoa y 14 en Álava. A través de esta campaña, Euskaldendak pide una indemnización por la vía judicial por "los perjuicios ocasionados" a estos sectores desde que se declaró el estado de alarma para controlar el coronavirus. El colectivo pone el acento en "las fuertes pérdidas económicas" que han registrado sus sectores el año pasado y posiblemente durante este año debido a la suspensión de la actividad o cierre y otras limitaciones que "no han sido voluntarias para los autónomos y empresas perjudicadas, sino que han sido obligados por el Estado". 

Xabier Aldalur, responsable de Euskaldendak, asegura que "legalmente hay opciones para hacerlo". Los asociados se basan en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, de excepción y de sitio, donde se recoge dicha normativa y prevé dicha indemnización. Desde Euskaldendak defienden que "no se entiende como hay alguien que lo ponga en duda" al tratarse de una Ley redactada expresamente para este tipo de situaciones. La situación provocada por la covid-19 hace que todavía hoy haya "actividades económicas obligadas a tener pérdidas por causas que en modo alguno le son imputables, pues la suspensión de la actividad (o cierre) no ha sido voluntaria por las industrias o empresas perjudicadas", explica Aldalur.

Esther Magaz, la presidenta del comercio, hostelería y servicios de Barakaldo, ABK, asegura que la tramitación será "en función de cada caso". La situación particular de cada empresa se examinará una vez se haya completado el formulario y entregado la documentación pertinente "porque cada uno tiene su tramite y tiempo". La presidenta se muestra positiva ya que aun "queda mucho mes por delante, para que la gente se anime a colaborar y recibir lo que le corresponde". Esta tramitación se puede formular a través de la propia plataforma de ABK, desde la página de Euskaldendak y desde las asociaciones de comerciantes de cada provincia: Bizkaidendak, Arabadendak y Dendartean. 

Coste de los abogados

Los datos querecoge el formulario son los relativos a la facturación de 2019 y 2020 y a las ayudas que haya podido recibir cada comercio. Con esta información se elaborará un informe en el mes de febrero con "una valoración real de la situación económica de los sectores", señala Magaz. A partir de ese informe se realizará la comparativa con los años anteriores y las valoraciones generales y especificas para cada caso. Los interesados serán informados con los posibles costes de la reclamación jurídica, que será dividida entre todos aquellos que quieran continuar con la reclamación. Aldalur espera que los afectados inviertan y apoyen la iniciativa, aunque es consciente de que "el coste de los abogados puede ser una barrera para los interesados". 

En el mes de marzo se remitirá el informe a las instituciones pertinentes con la petición total de la indemnización. Antes del 14 de marzo, para cumplir con el plazo y evitar la caducidad de la prestación, se realizará la entrega de la solicitud de indemnizaciones por la vía judicial tanto al Gobierno central como al Gobierno vasco, que ha utilizado su capacidad de gestión del estado de alarma y ha impuesto restricciones más severas a comerciantes, hosteleros y empresarios.

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