Seis de cada diez kilómetros de autopista y autovía ya son de pago en Euskadi

En mitad del debate 'el que usa, paga' Euskadi se planta ante nuevos peajes en la red vasca de carreteras tras el anuncio del Gobierno central del pago por uso para la totalidad de autopistas y autovías del Estado. Y es que el grueso de vías de alta capacidad gestionado por las Diputaciones forales ya es de pago en el territorio. Cerca de un 60% lo son para vehículos ligeros y en torno a un 70% si se añaden vehículos pesados a su paso por las carreteras A-15 y N-1. Actualmente, las principales vías que contemplan algún coste en el conjunto del territorio se concentran en la Ap-68 y AP-8 como lazo de unión entre las tres capitales vascas y la Ap-1 entre San Sebastián y Vitoria, así como la Variante Sur Metropolitana- Supersur- como circunvalación de la capital vizcaína. Cerca de 300 kilómetros de carretera cuyo mantenimiento es sufragado por los usuarios frente a los algo más de 200 de libre circulación en este tipo de vías. 

Salvo excepciones, el Ejecutivo vasco no prevé la implementación de nuevas formas de pago en las principales vías de la comunidad. Es más, considera el anuncio un "aval" para su política de peajes "acorde a la lógica europea", tal y como expresaba hace unos días el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, quien ha criticado al Gobierno precisamente por "una visión contradictoria al acabarse las concesiones y abrir autopistas que ha dejado sin ningún tipo de peaje". Sin cambios a la vista, las diputaciones se enfrentan a los crecientes gastos de mantenimiento que genera el tránsito por autopista y más al finalizar las concesiones de los diferentes tramos que pasarán a gestionar íntegramente.

Fin de concesiones y nuevas inversiones

En 2026, se termina la concesión de la AP-8 en sus tramos alaveses y su mantenimiento aumentará unos 12 millones de euros, según cifras del PSE en Álava. Esta vía, junto con la AP1 entre Armiñon y la frontera con Burgos, es la que más tráfico soporta en la provincia y las Juntas Generales debaten estos meses el futuro modelo de gestión y financiación de los tramos. Bizkaia, por su parte, dedicará 150 millones de euros a la conservación de las vías de peaje en los próximos cinco años, por primera vez con la innovación y la sostenibilidad ambiental como requisito. A través de la sociedad Interbiak, la Diputación invertirá en las carreteras de peaje AP-8 Supersur y Túneles de Artxanda para su seguridad, calidad, vigilancia y mantenimiento hasta 2026, a día de hoy sin previsión de cambio en las autovías libres de peaje. 

El Departamento de Infraestructuras viarias de Gipuzkoa añade 1,8 millones al presupuesto de 2020 para el mantenimiento y explotación de la red de carreteras a lo que dedica 87,7 millones de euros. Al igual que Bizkaia y Álava, cada una con su casuística, Bidegi -sociedad foral gestora de las autopistas en los tramos gipuzkoanos- mantiene la vía pública a través del pago por peaje, si bien aplica deducciones a sus tarifas con descuentos progresivos a través del programa Abiatu 2.0 y un máximo mensual de 33,37 euros en Gipuzkoa y 49,39 si el gasto es en Bizkaia o Álava, tope similar al del resto de territorios. El diputado general, confía en "la lógica europea" ya que sin los peajes "se financiaría mediante impuestos, generando una carga importante a la Administración" e "incrementando el déficit público", actualmente en cerca de 8.000 millones debido a los gastos de conservación y mantenimiento de las carreteras de España según datos de Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex).

Rechazo generalizado

El compromiso del Gobierno con la Comisión Europea para el Plan de Recuperación ha abierto el melón de un debate ante el que son varios los agentes que han manifestado en contra. Entre ellos la Asociación de Transportistas Autónomos Vascos (Asotrava) quien califica la medida de "lista y llanamente recaudatoria". Tal y como recogen en un comunicado, "no es aceptable justificar la medida en base a la reducción de emisiones contaminantes puesto que el transporte profesional en la UE representa menos del 6 % de las emisiones de CO2", por lo que "el foco de la contaminación medio ambiental no está en el transporte".

En concreto, el punto que desgrana la adaptación del sistema impositivo en materia de movilidad enuncia un pago por uso de la red viaria de carreteras, así como "la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos con objeto de adaptarlas a estándares medioambientales", reza el programa. Lo cierto, es que la nueva medida ha provocado un rechazo casi unánime entre transportistas, grupos políticos y asociaciones de consumidores a nivel nacional. La mayoría por considerarlo una medida "recaudatoria" que ignora "la capacidad económica del usuario", según sostiene FACUA, organización en defensa del consumidor. Por otro lado, el temor reside en que los conductores opten por vías alternativas, gratuitas y "más peligrosas", según afirman partidos de la oposición así como asociaciones automovilísticas que temen un aumento de siniestralidad.