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El nuevo Estatuto de los Consumidores finiquita la venta a domicilio sin cita previa

El Gobierno vasco trabaja en un proyecto de ley que garantizará los derechos lingüísticos y que da mucha más fuerza a Kontsumobide

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado / Irekia
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado / Irekia

Después de 19 años sin renovarlo, el Gobierno vasco ya está trabajando en un nuevo Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarios, un texto del que el Ejecutivo autonómico ya tiene un anteproyecto, que será remitido al Parlamento vasco y que va a poner fin a la venta a domicilio sin cita previa. Se acabaron las visitas puerta a puerta de comerciales si no se ha concertado una cita con el consumidor. Esta es una de las medidas con las que el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo va a buscar proteger a los consumidores más vulnerables. Junto al fin de las visitas sin cita previa, el Gobierno pretende reforzar el derecho a la información de los consumidores, haciendo hincapié en los más vulnerables. Las condiciones, por ejemplo, de ofertas a personas mayores tendrán que ser más claras según explicaba este martes el consejero del ramo, Javier Hurtado. Además, el Gobierno va a ampliar la definición de consumidor vulnerables para incorporar a aquellas personas que temporalmente se encuentren en una tesitura más frágil como consumidores.

El Estatuto también va a buscar reforzar el perfil de Kontsumobide. El Instituto Vasco de Consumo jugará un papel mucho más relevante de la mano de este nuevo Estatuto. Por ejemplo, podrá acordar en sus sanciones a las empresas que también devuelvan las cantidades que se hayan cobrado indebidamente en servicios como la telefonía, con la posibilidad incluso de que se incluyan también indemnizaciones por daños y perjuicios a los consumidores víctimas de abusos por parte de las empresas sancionadas.

Ese aspecto, el de las sanciones, es otra de las claves en las que trabaja el Ejecutivo autonómico, que en este nuevo Estatuto va a ampliar el catálogo de infracciones con el objetivo de actualizarlo a los nuevos tiempos. De hecho, el anteproyecto del Gobierno vasco prevé que puedan darse publicidad a las infracciones que hayan cometido las empresas durante los tres últimos años. Los inspectores incluso estarán autorizados a no identificarse como tales si eso pone en riesgo que sus investigaciones resulten fructíferas.

Derechos lingüísticos

Entre las obligaciones que trae el nuevo Estatuto está la de avisar de ciertos aspectos antes de contratar un servicio. Por ejemplo, las autopistas estarán obligadas a informar a los conductores de las incidencias que puedan estar dándose por obras de mantenimiento, del mismo modo que otras compañías deberán informar de cuestiones como la afluencia de personas o las condiciones meteorológicas. En esta misma línea los servicios de interés general como el agua, la luz, la telefonía o internet deberán ofrecer un plazo de subsanación -el Ejecutivo quiere que el mínimo sean 15 días- antes de interrumpir la prestación de esos servicios.

Mediante este Estatuto el Gobierno también impulsará el uso del euskera, pero sin imponerlo. El derecho a ser atendido en esta lengua deberá estar garantizado en la Administración pública -como se lleva haciendo en otras normativas- pero eso no quitará para que un comercio pequeño donde los empleados no conozcan el idioma tengan que atender en esa lengua. Además, la Administración pública deberá adherirse al sistema arbitral de mediación como norma general; el sector privado no, pero la adhesión se valorará en la concesión de ayudas y subvenciones.

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