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Los nuevos criterios de la AN ponen en riesgo las reclamaciones del ‘caso de la leche'

La Audiencia Nacional argumenta que no está probada la existencia de un 'cártel ' de empresas lácteas y anula las multas que impuso la CNMC

Entrada de la Audiencia Nacional / EUROPA PRESS
Entrada de la Audiencia Nacional / EUROPA PRESS

La Audiencia Nacional (AN) ha volteado los procedimientos judiciales abiertos para recurrir las sanciones impuestas por la CNMC por intercambios de información sobre precios, entre los que uno de los más destacados es el que afecta a los diez mayores fabricantes de productos lácteos de España.

Están en juego cerca de 1.200 millones de euros en reclamaciones de los ganaderos por ingresos no percibidos que ahora esta sentencia de la AN pone en “alto riesgo”, según indican fuentes jurídicas.

No hay pruebas

El pasado mes de noviembre la Audiencia Nacional anuló la sanción de más de seis millones de euros impuesta en 2016 por la CNMC a un grupo de fabricantes de turrón por presuntas prácticas ilegales al intercambiar información para fijar precios en el mercado. No había pruebas que demostraran la existencia del cártel del turrón, concluía la Audiencia Nacional.

El argumento básico de la Audiencia en su sentencia es que no basta con demostrar que ha habido por parte de los empresarios investigados reuniones, comunicaciones o intercambios de información o sobre cualquier otra circunstancia de mercado.

Diez fabricantes lácteos

Es imprescindible aportar pruebas suficientes que muestren que esas actuaciones han tenidos impactos negativos en el normal funcionamiento de los mercados. Las actuaciones investigadoras de la CNMC, a juicio de la Audiencia Nacional, se limitaron a constatar esos contactos empresariales, sin aportar ninguna otra evidencia sobre el impacto en el mercado.

Esta decisión de la AN podría afectar de lleno al procedimiento abierto por la CNMC contra diez fabricantes lácteos, a los que en 2019 se impuso una multa de 86 millones de euros por intercambiar información sobre los precios a pagar a los ganaderos, y que abrió la posibilidad de reclamaciones por parte de éstos por ingresos no obtenidos por culpa de esas posibles prácticas ilegales. En total se estima que 14.000 ganaderos están inmersos en demandas colectivas contra los fabricantes y que las posibles reclamaciones podrían alcanzar los 1.200 millones de euros.

Casos extrapolables

Fuentes jurídicas consultadas señalan que muchos los argumentos empleados por la AN en el caso de los fabricantes de turrón pueden extrapolarse al caso de los fabricantes de lácteos, pues en buena medida la sanción impuesta por la CNMC se basa en constatar esos intercambios de información entre empresas y directivos sin que se aprecie una justificación suficiente por parte de la CNMC para demostrar que eso tuvo un impacto negativo en el mercado, como ahora exige la Audiencia Nacional.

Esas fuentes señalan que no existe ese extra de justificación por parte de la CNMC para sancionar a los fabricantes lácteos y sólo se habría probado un intercambio ocasional de información. Asimismo, indican que la Audiencia Nacional podría determinar que al igual que no ha existido el cártel del turrón tampoco ha existido ningún cártel de la leche.

Demandas colectivas

El impacto alcanzaría a los ganaderos que han interpuesto demandas para reclamar perjuicios por esos intercambios de información sobre precios. Si la AN determina que no se ha acreditado la existencia de los intercambios o el carácter dañino de los mismos, esas demandas se desestimarán al no poderse acreditar daño alguno a los ganaderos. En cualquier caso, se anticipa un procedimiento largo ante la Audiencia Nacional ante la dificultad del análisis.

Quienes también se verán afectados son los bufetes de abogados que representan a los ganaderos y que han desarrollado una intensa campaña de captación para su incorporación a las demandas colectivas incentivándolo con el argumento de que ellos cubren todos los gastos del proceso a cambio de un porcentaje de las indemnizaciones que consigan. Las fuentes consultadas señalan que esos bufetes se juegan en este caso cerca de 360 millones de euros en honorarios.

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