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El Parlamento aprobará el 7 de octubre la Ley de Aportaciones con el rechazo de toda la oposición

PP-Cs, Elkarrekin Podemos y EH Bildu han presentado alegaciones al proyecto y piden que se devuelva al Gobierno para buscar un consenso

Imagen de un pleno del Parlamento vasco. / EP
Imagen de un pleno del Parlamento vasco. / EP

La nueva Ley de Aportaciones se aprobará el próximo jueves día 7 en el Parlamento Vasco en un pleno en el que solo contará con los votos a favor de los partidos de Gobierno, el PNV y PSE, y entre las críticas de los grupos porque una norma de tanta importancia para las finanzas vascas llegue al día de su aprobación sin que se haya intentado llegar a un mínimo consenso.

Todos los partidos de la oposición han presentado alegaciones en contra del proyecto en las que se pide la devolución del mismo al Gobierno para que se busque un texto de contexto en el que puedan estar reflejas las diferentes sensibilidades de los grupos ante el proyecto, aunque ya se sabe que no será así.

La de Aportaciones se trata en el Parlamento como una Ley de Artículo único ante la que no cabe la presentación de enmiendas, por lo que la Cámara no tiene más opción que aprobar o rechazar la propuesta del Gobierno que previamente ha pactado con las Diputaciones vascas en el seno del Consejo de Vasco de Finanzas (CVF). En este caso, el proyecto tiene garantizado su aprobación gracias a la mayoría absoluta que suman PNV y PSE y las alegaciones que presentan los grupos no servirán más que para que dejen constancia en el pleno de su postura contraria a la aprobación de la Ley.

El proyecto no gusta a ninguno de los grupos de la oposición que, además de diferentes aspectos de la normativa, critican la forma que la que les llega a los grupos para su aprobación, sin ningún tipo de debate previo con ellos. 

La renovación de la norma lleva paralizada más de nueve años porque las diputaciones y el Gobierno no conseguían ponerse de acuerdo. Sin embargo, consiguieron llegar a ese consenso el pasado mes de julio, en un momento en el que las tres diputaciones están gobernadas en coalición por PNV y PSE, y cuando queda poco más de un año para unas elecciones municipales y forales que podrían cambiar el color de alguna de esas instituciones, que han pactado ahora una normativa que será de largo alcance, teniendo en cuenta lo difícil que ha sido el acuerdo para su modificación.

Esta norma servirá de base a Gobierno e instituciones a la hora de elaborar los presupuestos por establecer el reparto de los fondos, que en la nueva normativa eleva la cantidad de dinero que recibe el Gobierno vasco para elaborar su Cuentas con lo que aumentará su capacidad de gasto, entre otras cosas, para hacer frente a las nuevas competencias que está recibiendo del Gobierno central, como es el caso de  la gestión de las prisiones. 

Diputaciones y ayuntamientos con menos liquidez

Este aumento de los fondos para el Gobierno es precisamente una de las criticas comunes de todos los grupos, al considerar que se se deja a Diputaciones y ayuntamientos con menos liquidez. 

EH Bildu critica que se haya dejado fuera del acuerdo a los ayuntamientos, como si fueran administraciones "de segundo nivel", ya que considera que la metodología de reparto de la recaudación propuesta no garantiza una financiación municipal "adecuada y suficiciente".

Elkarrekin Podemos-IU presenta nueve medidas de mejora, empezando por dotar de mayor transparencia al Consejo Vasco de Finanzas (CVF), en el que se acuerdan las aportaciones de las diferentes administraciones en función de la recaudación. También piden cambios en el reparto de recursos entre las distintas instituciones vascas al considerar que con el actual modelo se penaliza a los ayuntamientos al no tener estos capacidad fiscal.

Las aportaciones de PP+Cs se apoyan en la convicción de que el incremento del coeficiente vertical (la cuantía de la recaudación fiscal que va al Gobierno vasco) detrae recursos a las diputaciones y en consecuencia a las entidades locales.  Algo que consideran que es un claro "centralismo" del Gobierno vasco, "totalmente contradictorio con la "erosión competencial que tanto critican cuando se refieren a las actuaciones del Gobierno de España respecto al Euskadi", ya que creen que esta norma no respeta competencias de ayuntamientos y de diputaciones.

En este sentido, recogen que el proyecto "obvia" la importancia de las políticas asistenciales puesta en evidencia durante la pandemia al "reducir" los recursos forales y municipales. Además consideran que el cálculo del coeficiente vertical "resulta opaco, falto de definición y carente de justificación".

Cambios

La norma establece qué porcentaje del total de la recaudación debe destinarse al Gobierno vasco, lo que se conoce como  coeficiente vertical, que pasa del  70,04% al 70,81%. Esto se traduciría  en 110 millones de euros a los que deberían renunciar las diputaciones, en favor del Ejecutivo aplicando la modificación sobre la recaudación prevista para este año, aunque la norma no entrará en vigor hasta 2022. 

Por contra, el coeficiente horizontal, que establece qué porcentaje debe poner cada Territorio del montante total que recibe el Gobierno vasco no varía, cojn los porcentaje fijados en el 16% en el caso de Álava, en el 33,06 % en Gipuzkoa y en el 50,94 % en Bizkaia.

 

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