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El Parlamento aprueba la ley que aumenta la aportación de las diputaciones al Gobierno vasco

El Gobierno saca adelante la norma que regula el reparto del dinero que se utilizará ya para los Presupuestos del 2022, pero con el rechazo de la oposición que acusa al Ejecutivo de sobrefinanciarse

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y los diputados generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, Ramiro González, Markel Olano y Unai Rementería, con la consejería de Autogobierno, Olatz Garamendi./ Irekia
El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y los diputados generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, Ramiro González, Markel Olano y Unai Rementería, con la consejería de Autogobierno, Olatz Garamendi./ Irekia

El Parlamento vasco ha aprobado la nueva Ley de aportaciones que refuerza la dotación económica del presupuesto del Gobierno vasco a costa de las aportaciones de las diputaciones. Tras más de diez años con la reforma de esta ley pendiente en la agenda y que es fundamental para el reparto de los recursos entre las instituciones vascas, el texto legal aumenta el dinero que recibe el Gobierno del total de la recaudación de las diputaciones y que pasa del 70,04% al 70,81%, lo que supone un aumento de más de 100 millones de los que los gobiernos forales dejarán de disponer para cubrir lo que se conoce como coeficiente horizontal. Es una de las claves que la oposición ha destacado para rechazar la norma que se ha aprobado con los votos de los partidos del Gobierno, PNV y PSE: La pérdida de capacidad de las diputaciones y los ayuntamientos frente al "centralismo del gasto del Gobierno vasco". 

El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo, Pedro Azpiazu ha señalado que este aumento de la dotación para el Ejecutivo responde principalmente al aumento de compentencias que recibe el Gobierno de la Administración General del Estado, como es el caso de la reciente de prisiones, la dotación para los gastos médicos en las residencias de mayores de las diputaciones y el fomento del euskera en los ayuntamientos. Además, Azpiazu, ha destacado que otra de las novedades de la Ley ayuda a garantizar la financiación municipal, gracias al blindaje del porcentaje mínimo que recibirán los ayuntamientos, que queda en el 39,23%. Sobre las garantías para las diputaciones Azpiazu ha recordado que el nuevo Fondo de Ajuste se aumenta hasta el 1,45% de los recursos a distribuir, con lo que habrá más recursos para garantizar que las diputaciones nunca aportarán por ecima de su capacidad de recaudación. 

La parlamentaria de Eh Bildu, Leire Pinedo, ha señalado que es "increíble" que no se hayan ajustado los criterios de reparto entre Diputaciones después de 10 años, con lo que "los desajustes seguirán" y se dan  por supuesto "porque tiene aumentar el Fondo General de Ajuste". Para la coalición abertzale, además, la financiación de los ayuntamientos sigue siendo insuficiente y ha denunciado la ausencia de informes de que atestigüen que ese porcentaje del 39,23% sea suficiente. 

El parlamentario de Podemos, David Soto, ha rechazado la norma lamentando "la oportunidad perdida para regular la financiación municipal y revisar la fiscalidad", también se ha mostrado soprendido de que el Gobierno señale las nuevas competencias transferidas para justificar su aumento de financiación, cuando estas se deducen del Cupo al Estado. Además, para Soto, la sola existencia del Fondo General de Ajuste y el aumento de su dotación supone la evidencia de que el sistema penaliza estructuralmente a las diputaciones, un argumento también señalado por la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez. 

El parlamentario del PP, Luis Gordillo, ha insistido en que la nueva Ley convierte al Gobierno en el "tutor legal de diputaciones y ayuntamientos" generando un "centralismo del gasto". Gordillo ha criticado además que el Ejecutivo, "que no es capaz de ejecutar todo su presupuesto, quiera seguir aumentando sus capacidades de gasto". Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha opinado que la norma confirma las "desigualdades entre provincias" y ahonda en la "sobrefinanciación y centralismo" del Gobierno vasco.
 

 

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