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Podemos insiste en el Congreso en el veto a la contratación pública a las consultoras del 'cártel'

Uriarte presenta una batería de preguntas en las que alerta de que las administraciones vascas siguen contratando con ellas y que podrían beneficiarse de "cuantiosos contratos" financiados con fondos europeos

El diputado de Unidas Podemos por Bizkaia, Roberto Uriarte, en un pleno del Congreso./ EP
El diputado de Unidas Podemos por Bizkaia, Roberto Uriarte, en un pleno del Congreso./ EP

El diputado de Unidas Podemos por Bizkaia, Roberto Uriarte, ha interpelado de nuevo al Gobierno español en el Congreso por el hecho de que se prohíba acceder a contratos públicos a empresas implicadas en el ‘cártel de las consultoras’. Uriarte ha registrado nuevas preguntas para su respuesta por escrito para conocer las intenciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ya que, según advierte, la decisión que adopte al respecto es “especialmente relevante dado que algunas de las consultoras sancionadas ya están resultando adjudicatarias de contratos relacionados con las administraciones públicas vascas, como por ejemplo PWC, además de que “podrían ser beneficiarias de cuantiosos contratos financiados por los fondos europeos de recuperación”.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sancionó el pasado 11 de mayo con multas de 6,3 millones de euros a 22 consultoras por manipular licitaciones públicas para repartírselas entre 2008 y 2018 en una resolución que activaba “el presupuesto legal para que las empresas sancionadas no puedan participar en los próximos concursos organizados por las administraciones públicos”, según recuerda Podemos.

Uriarte interpeló ya el antes de verano por laprohibición de contratar con estas consultoras desde el sector público, pero el Ejecutivo mantuvo en sus respuestas que no resulta posible iniciar la tramitación de los procedimientos de declaración de alcance y duración de la prohibición de contratar en tanto en cuanto no haya transcurrido el plazo necesario para garantizar que los sujetos sancionados no han interpuesto recurso contencioso-administrativo, ni solicitado la suspensión del procedimiento como medida cautelar del mismo”. Es decir, mientras el proceso siga abierto en los tribunales.

Uriarte, sin embargo, apela al respecto al razonamiento mantenido por la Abogacía del Estado para dejar constancia de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública "debe decidir a la mayor brevedad posible sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar de las consultoras sancionadas". Y más aún, incide, cuando algunas de las empresas implicadas están siendo ya adjudicatarias de contratos públicos, sin olvidar que podrían recibir cuantiosas ayudas de los fondos de la UE a la recuperación.

Ante lo que considera una "preocupante situación", Uriarte pregunta al Gobierno por si las consultoras sancionadas “han interpuesto recurso y solicitado la suspensión de la ejecución de la prohibición de contratar impuesta por la CNMC” y si, en el caso de que estas empresa hayan solicitado la suspensión de la prohibición de contratar como medida cautelar, se va a proceder a determinar el alcance de esta prohibición, tal y como defiende la Abogacía del Estado”. En el supuesto contrario, interpela por los motivos por los que el Ministerio “adoptaría una posición contraria por la Abogacía del Estado”. Igualmente, en la iniciativa registrada, quiere conocer por escrito por cómo Hacienda “pretende asegurar el interés general y el buen uso de los fondos europeos en el caso de que decida no llevar a cabo la determinación de la duración y alcance de la prohibición de contratar” en el caso del ‘cárcel de las consultoras’.

Uriarte defiende que el Gobierno español debe informar de forma transparente sobre este asunto ya que “es fundamental ir hasta el final en un caso de corrupción que nos afecta de forma tan grave”. A este respecto, recuerda que, en su resolución sancionadora, el CNMC “describe hechos y aspectos que indican la connivencia, conocimiento o incluso implicación activa de gerentes de la función pública en los cárteles”, por lo es preciso que la Administración Pública actúe de forma responsable y sin dejar ningún espacio para la duda. 

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