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Las residencias de Euskadi cuentan con el mayor porcentaje de financiación pública

14.067 plazas de las residencias para mayores del País Vasco están financiadas con fondos públicos, lo que supone un 76% del total, frente al 62% de la media nacional.

Residencia mayores / EFE
Residencia mayores / EFE

Euskadi es la comunidad autónoma con más residencias para mayores finanziadas con dinero público de toda España. El País Vasco cuenta con un mayor porcentaje de plazas con financiación pública en las residencias para personas mayores, con 14.067, un 76 % del total, superior al 62 % de la media nacional. Las 4.830 restantes son plazas que cuentan con financiación privada, según un informe de las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hecho público este lunes.

 Seis de cada diez plazas -242.206- son de financiación pública y las otras cuatro -146.825- son de financiación privada. Sin embargo, Euskadi tiene un déficit de 6.074 plazas residenciales para alcanzar el ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años. En el conjunto nacional las 389.031 plazas residenciales para personas mayores están en 5.542 centros, de los que 1.435 centros son públicos y 4.107 privados. "Siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España", explica el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, teniendo en cuenta los ratio que nos marcan los organismos internacionales.

Aragón y la Comunidad Valenciana son las dos comunidades que más aumentan el número de plazas residenciales de financiación pública, Aragón las aumenta en más de un 100 % y la Comunidad Valenciana en un 30 %. Por tamaño de los centros, el número medio de plazas por centro es de 70 plazas: la media más alta está en Madrid (110 plazas) y la más baja, es Extremadura (46). Respecto a la edad de los residentes: el 80 % tiene más de 80 años. La mayoría son mujeres, el 71 %. Los precios de una plaza pública por usuario al año es de 20.686 y el de la concertación es de 19.324. La aportación promedio del usuario es del 36 % y 40 % respectivamente. 

El número de personas mayores ha aumentado

El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010, a 9,2 millones en 2020. Sin embargo, en este mismo tiempo las plazas residenciales solo se han incrementado en 20.226, recoge un estudio reciente publicado por el IMSERSO. 

Sólo en cinco comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias) se alcanza la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, el criterio marcado por organismos internacionales. La comunidad con mayor índice de cobertura (número de plazas dividido entre número de personas mayores de 65 años) es Castilla y León, con un 7,8 %, y la que menos, la Región de Murcia, con 2,3 %.
Los principales déficits de plazas residenciales, para alcanzar al menos la ratio de cinco plazas por cada 100 mayores, se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad de Valencia (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074).

Plazas públicas solo para 2,6 de cada 100 mayores

Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años. La asociación de gerentes de servicios sociales recuerda que unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente el grado de dependencia II y III, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho.
De ellos, se estima que más de la mitad solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial.

El informe destaca también que en comunidades como Galicia, Canarias y Madrid existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública.Respecto a los que pagan los usuarios al año por plazas públicas, las cantidades oscilan entre 7.000 euros en la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco.

Ramírez denuncia que en grandes ciudades como Madrid, donde la demanda de plazas residenciales es mayor, las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales "donde son mucho más rentables las plazas privadas, con los perjuicios en desplazamientos y tiempos de visitas que esto ocasiona para las familias y los propios mayores".

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