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El retraso de los fondos europeos despierta las alarmas en el Gobierno vasco

Las ayudas dirigidas a las grandes iniciativas desarrolladas por empresas se atascan por la problemática de las ayudas de Estado y fuerzan al Ejecutivo a cambiar el paso con la selección de los tres proyectos enviados al Ministerio de Economía

El viceconsejero de Fondos Europeos, Jordi Campàs, y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu./ Irekia
El viceconsejero de Fondos Europeos, Jordi Campàs, y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu./ Irekia

Los meses pasan y la parte de los fondos en la que Euskadi había depositado más esperanzas, la que se refiere a grandes "proyectos transformadores" de la economía en los que participan empresas y la que acoge a las iniciativas de más relumbrón, sigue muy atascada. Una situación que ha elevado los niveles de alarma del Gobierno vasco por el problema que puede empezar a generarse para cumplir los plazos fijados por la UE. Fuentes del departamento de Economía y Hacienda han confirmado a 'Crónica Vasca' que la situación es preocupante ya que de las seis líneas de proyectos estrátegicos (PERTE) fijados por la Administración General del Estado, solo se ha aprobado uno, el de automoción y todavía no se han realizado las convocatorias. 

La situación de apremio ha llevado al Ejecutivo a cambiar el paso en la selección de los tres proyectos que ha realizado para responder a la solicitud que la ministra de Economía hizo a las comunidades autónomas. Así, en vez de seleccionar las iniciativas estratégicas para Euskadi con más difícil encaje en las líneas fijadas por el Ejecutivo central, lo que se denominaron como PERTEs regionales, ha apostado por tres proyectos que considera fundamentales y que cuentan con un liderazgo importante de las administraciones y compromiso de gasto que pueda garantizar su desarrollo. Así lo explicaba la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia

El reto que preocupa a las administraciones es no tener la capacidad de gestión suficiente para distribuir esta lluvia de dinero europeo. Un miedo que crece y que llevó a la ministra de Economía, Nadia Calviño, a pedir a las autonomías los proyectos prioritarios. Euskadi decició no esperar a las convocatorias del Estado. Así, el plan para construir la fábrica de celdas de batería para la automoción eléctrica, BasqueVolt, aunque encajaba plenamente en el PERTE de la automoción, se ha presentado, junto el desarrollo del proyecto de terapias e investigación farmacológica, que también encajaría en un PERTE, al ministerio en la respuesta enviada por el lehendakari Urkullu el mes pasado sin esperar a la convocatoria de ayudas de esa línea que realizará el Gobierno central. El tercer proyecto, el del centro de datos, sí quedaría fuera de esas líneas marcadas por Madrid. 

El Gobierno cuenta con 70.000 millones de euros en ayudas de la UE, del conocido como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), de los que 35.000 millones se reservan para estos grandes proyectos tractores que buscan transformar la economía con la unión de acción de empresas y administraciones. Es la parte en la que Euskadi aspira a conseguir más recursos por su tejido económico e industrial y donde ha centrado los más importantes de sus proyectos que deben acudir a buscar financiación a las ventanillas de los ministerios. Los otros 35.000 millones de euros, son los que el Ejecutivo central reparte entre las autonomías y de los que Euskadi ha recibido 595 millones y espera aumentar en otros 400 millones este año, son ayudas más destinadas a paliar los efectos de la crisis

Un año y medio para desarrollar los proyectos

Y es que una de las condiciones de la UE para que estas ayudas sean eficaces y no se pierdan en el calendario de su tramitación es que los proyectos deben estar en marcha en diciembre de 2023 y en este año poco se ha avanzado y a la espera de que las convocatorias vayan realizándose en 2022, los plazos de ejecución se estrechan a año y medio. El único PERTE aprobado es el de la automoción, pero su convocatoria todavía no se ha realizado. El siguiente PERTE que tiene previsto aprobar el Gobierno de España es el de política agroalimentaria, previsto para las primeras semanas del año que viene, pero del que todavía no se sabe el calendario de las convocatorias.

Fuentes de la viceconsejería de Asuntos Europeos del Gobierno vasco, aún preocupados, entienden la problemática que retrasa las convocatorias. Y es que el Ejecutivo central sigue pendiente de resolver con la UE el porcentaje de financiación que puede realizarse en estas obras con dinero público sin que constituya 'Ayuda de Estado'. El porcentaje medio ronda un 30% o 35% en función de los sectores de actividad, pero se trata de un criterio básico para que las empresas puedan calcular cuánta parte de la inversión tienen que asumir con sus recursos y cuánta es la ayuda que recibirán del dinero público europeo. Es un criterio básico para poder arrancar las convocatorias y sigue pendiente, aunque ya se puso encima de la mesa esta pasada primavera.

Lo que sí han comenzado a repartirse son las líneas correspondientes a las acciones dirigidas a paliar los efectos de la crisis. Hasta el momento la Administración General del Estado ha repartido 14.733 millones de euros para gastar hasta el año 2023, de los que 595 millones ha correspondido a Euskadi. Se trata de unas partidas sobre las que el Ejecutivo vasco no tiene capacidad de decisión y su papel se circunscribe a la ejecución en función de los criterios y finalidades acordadas por la Administración General del Estado con las autonomías en las conferencias sectoriales. Con esta cantidad se financiarán subvenciones para usuarios finales como para la rehabilitación de vivienda o compra de coches eléctricos, así como para el sistema educativo, la Formación Profesional o la digitalización de la administración. De momento, en Euskadi han servido para activar 82 líenas de actuación que se agrupan principalmente en programas de apoyo y cuidados a personas dependientes, política de vivienda, movilidad y digitalización

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