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El Supremo libera al Gobierno de abonar las aportaciones pendientes de la EPSV de los funcionarios

Desestima los recursos de ELA y ErNE que reclamaban los pagos suspendidos a Itzarri entre 2014 y 2016

Sede del Gobierno vasco / IREKIA
Sede del Gobierno vasco / IREKIA

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de los  sindicatos ErNE y ELA el Gobierno vasco no tendrá que pagar  a los funcionarios vascos las cantidades que dejaron de abonarse a Itzarri, la EPSV de los empleados públicos, entre 2014 y 2016.

Ambos sindicatos recurrieron la decisión del Ejecutivo vasco de paralizar las aportaciones durante estos años siguiendo la orden del decreto del Gobierno central que presidía entoces Mariano Rajoy, y que bloqueaba las aportaciones a los planes de pensiones de los trabajadores públicos desde 2011, además de congelar el salario de los funcionarios.

Los sindicatos recurrieron primero ante el Tribunal Superior del Justicia del País Vasco (TSJPV) que dio la razón al Ejecutivo vasco, y después ante el Tribunal Supremo, que ha vuelto a dar la razón hoy a la Administración autónoma. 

Fuentes del Tribunal Supremo han confirmado que se ha comunicado a las partes la decisión de desestimar los recursos, aunque habrá que esperar todavía unos días a coonocer el fallo en su integridad. En esencia ratifica la sentencia anterior del TSJPV que consideró que la adminsitración vasca no tenía que realizar las aportaciones suspendidas en su día.

Fuentes sindicales cuantifican en alrededor de 200 millones la cantidad que el Gobierno habría tenido que abonar a los funcionarios vascos en el caso de que el fallo hubiera sido favorable a los recurrentes, lo que habría supuesto un roto en el difícil equilibrio presupuestario en este año de pandemia.

Los sindicatos creen que el Gobierno  vasco estaba obligado a retomar las aportaciones desde 2014 cuando el Gobierno central levantó las restricciones, pero la sentencia del TSJPV señaló que  el Ejecutivo estaba habilitado para revertir los recortes en los planes de pensiones, pero no "obligado".

El fallo del Supremo deja a 90.000 funcionarios vascos  sin recuperar estas aportaciones. Una sentencia favorable a los sindicatos podría haber sentado jurisprudencia y tener repercusión en los funcionarios del Estado o de otras comunidades. 

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