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El atasco de la Sepi condiciona el futuro de las empresas vascas que esperan inyección pública

Compañías como Tubos Reunidos o Nervacero se encuentran pendientes de la resolución sobre las ayudas solicitadas para adoptar decisiones de futuro

Instalaciones de Tubos Reunidos en Euskadi / EFE
Instalaciones de Tubos Reunidos en Euskadi / EFE

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales  (SEPI) tiene en estos momentos 'atascados' en sus despachos varios expedientes de solicitudes de ayudas a empresas pendientes de una resolución. 

Empresas como Tubos Reunidos o Nervacero, perteneciente al Grupo Celsa,  comparten inquietudes con otras compañías como la acería Rugui Steel, y empresas turísticas  como Hesperia, Room Mate, Hotusa o Air Nostrum, todas a la  espera de la resolución de sus expedientes para tomar decisiones respecto a su futuro. 

La polémica política sobre la ayuda de 53 millones de euros aprobados a Plus Ultra Líneas Aéreas, pese a que la aerolínea  en 2019, justo antes de la pandemia, apenas operó 823 vuelos, el 0,03% del total, parece haber pausado la actividad en la sociedad pública. Desde que se aprobaron las ayudas por parte del Consejo de Ministros a la agencia de viaje Ávoris, el pasado 16 de marzo, no se conoce que se haya aprobado ningún otro rescate, o al menos no ha trascendido ninguna aprobación por parte de la sociedad pública al no llegar al orden del día del la reunión del Gobierno.

La SEPI se encuentra en estos momentos en tiempo de cambio. Acaba de estrenar presidencia con el nombramiento de Belén Gualda, que llega a la entidad después de que estuviera sin presidente desde noviembre de 2019 cuando su antecesor, Vicente Fernández, dimitió por su implicación en el ´caso Aznalcóllar´. Gualda ha llegado a la entidad en medio de la polémica por las ayudas a Plus Ultra  y parece decidida a que se mire con lupa cualquier otro rescate a través del fondo de rescate del Gobierno para compañías estratégicas.

Mientras tanto, empresas como Tubos Reunidos esperan una resolución sobre su petición para tomar decisiones de futuro. La empresa vasca  ha pedido 112,8 millones al fondo de rescate después de encadenar su sexto ejercicio consecutivo en pérdidas. En 2020, los números rojos superaron los 101 millones, lo que supone duplicar los resultados negativos de 2019. 

La empresa señalaba este pasado viernes su esperanza que la situación se "resuelva en las próximas semanas". A la vez, desde la dirección de la compañía con sede en Amurrio se advertía del peligro de que las movilizaciones convocadas por los sindicatos -siete jornadas de huelga en la filial Productos Tubulares- puedan poner en peligro dicha financiación.

Los sindicatos han exigido al grupo que dé a conocer el plan de viabilidad de la empresa, y amenazan con acudir a los tribunales si la compañía mantiene su negativa a comunicárselo. La dirección argumenta  que "la divulgación pública" de dicho plan de viabilidad antes de que se produzca la decisión" de la SEPI "podría condicionar su evolución positiva".

Por otra parte, considera que las movilizaciones que se han convocado pueden "debilitar y poner en riesgo tanto la continuidad del Grupo de cara al vital logro de financiación extraordinaria que estamos tratando de conseguir, como la necesaria confianza de clientes y  proveedores , haciendo mucho más difícil mirar hacia adelante y edificar un futuro sólido".

Además de la petición a la SEPI el grupo Tubo Reunidos lleva meses intentando buscar fuentes de financiación para poder afrontar un futuro incierto, especialmente después de la pandemia. El año pasado logró la novación del acuerdo de reestructuración de la deuda alcanzado con los bancos a finales de 2019 y obtuvo 15 millones adicionales, avalados en parte por el ICO. A principios de este año consiguió otros siete millones en créditos   garantizados parcialmente por el ICO.

En cuanto a Nervacero, su dueño, el grupo catalán Celsa, ha pedido a la SEPI 700 millones de euros, la de mayor cuantía hasta ahora por el gran endeudamiento del grupo, que supera los 2.000 millones de euros.Inicialmente había pedido una inyección de 350 millones, que incrementó después aunque no es de esperar que la SEPI de uan ayuda tan elevada al grupo siderúrgico. La planta vizcaína tiene alrededor de 300 trabajadores en plantilla vinculados de forma directa al futuro incierto del grupo catalán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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