Bain ofrece un derecho de veto a los socios nacionales que necesita incorporar a la compra de ITP

El proceso de la compra de ITP Aero sigue centrado en la incorporación de un socio industrial que de cumplimiento a las condiciones marcadas por el Ministerio de Industria. Los gobiernos central y vasco buscan que el consorcio que se forme en torno al fondo de inversión Bain Capital traslade una imagen industrial y comprometida con el territorio que espante la idea de que la operación busca solamente intereses financieros. En ese contexto, el comprador elegido por Rolls Royce, propietaria de ITP, para negociar la compra ha puesto encima la mesa el derecho de veto para ese socio o socios industriales y nacionales. De este modo, el fondo norteamericano Bain Capital busca trasladar de un modo formal esas garantías. El veto sería para algunas decisiones de carácter industrial y entre las que tendrían lugar cuestiones como los proveedores. 

Hasta el 28 de septiembre es el plazo que Rolls Royce concedió a principios de agosto para negociar en exclusiva con Bain Capital la compra de ITP Aero. El fondo de inversión hizo la oferta económica más fuerte de las presentadas por la aeronáutica vasca, con 1.600 millones de euros, y, desde el principio, fue la opción mejor vista por los propietarios. Quedó por delante de Cinven, que se apoyaba en Aciturri, o de Towerbrook, que concurría con la empresa alavesa Aernnova de la que es su principal propietario. El Gobierno de España, a través del secretario general Industria, Raúl Blanco, ha establecido el criterio de que la operación tenga carácter nacional e industrial. Un punto que también comparte el Ejecutivo vasco. Se trata, por lo tanto, de evitar la imagen de que ITP vaya a ser controlada por un fondo inversor con intereses exclusivamente financieros. 

De ahí que Bain Capital, según han confirmado fuentes conocedoras del proceso a 'Crónica Vasca', haya puesto encima de la mesa un derecho a veto del que gozarían los socios minoritarios con los que está negociando para incorporar al consorcio que sería propietario de ITP Aero. Este veto afectaría a cuestiones concretas, pero relacionadas con el proyecto industrial y que afectan a la cadena de proveedores y la industrial del entorno. Es, por lo tanto, un guiño a las reclamaciones del Gobierno vasco que pide que la operación garantice el proyecto empresarial y el "arraigo" en Euskadi. 

Las cuestiones sobre las que goza esa garantía afectarían a una parte importante de la industria aeronáutica vasca. Y es que todos los proveedores de ITP que representan a pymes del sector y empresas Tier-2 e inferiores podrían ver garantizada su continuidad en ese papel. Es un tejido empresarial que viene sufriendo en los últimos meses el parón del sector y que, al tener menos músculo financiero, están pasando por severos apuros. Precisamente, una decena de estas empresas ha entrado en el listado preliminar del Aerofondo, un mecanismo por el que a través de préstamos participativos se busca soportar su actividad para los próximos diez años. La preocupación del Gobierno vasco ha llevado a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha ofrecer en varias ocasiones la posibilidad de aportar dinero para ese mecanismo de ayuda. 

Bain Capital sigue trabajando en la conformación el consorcio con un "socio industrial". Sener fue una de las opciones iniciales, pero la ingeniería de Getxo ha señalado que no hay un acuerdo sobre la operación. También se ha hablado de empresarios vascos como Francisco Riveras o José Antonio Jainaga que pudieran intervenir, pero para dar esa imagen de compromiso y estabilidad más que por una participación industrial o financiera.