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Los cambios en el TSJPV sobre los despidos generan incertidumbre en empresas y sindicatos

Las sentencias del Superior de Justicia del País Vasco se dividen entre las que han avalado los ERE en tiempos de covid-19 y las que anulado despidos obligando a la reincorporación de los trabajadores

Garbiñe Biurrun, presidenta de la sala de lo Social del TSJPV. / EP
Garbiñe Biurrun, presidenta de la sala de lo Social del TSJPV. / EP

El Superior de Justicia tiene pendientes de resolver varios recursos contra despidos realizados en tiempo de pandemia. Una situación en la que juega el artículo del decreto del estado de alama que imposibilita las rescisiones de contrato y sus diferentes interpretaciones. Hasta ahora las sentencias más sonadas de la sala de lo Social que preside la magistrada Garbiñe Biurrun han sido cuatro y se dividen al 50% entre las que han mantenido el criterio de no permitir despidos declarándolos nulos y las que sí han considerado válida o improcedente la rescisión de los contratos, pero sin obligar a la reincorporación. A falta todavía de la jurisprudencia que pueda sentar el Tribunal Supremo, los trabajadores acusan a las grandes compañías de aprovechar la coyuntura para adelgazar sus plantillas, mientras que las empresas se sienten desorientadas en un momento de crisis y sin falta de seguridad jurídica. El último episodio fue hace dos días, cuando el ERE de Aernnova fue respaldado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

La patronal reclama seguridad jurídica

Los primeros casos que analizó el Tribunal Superior de Justicia preocuparon a la patronal porque la sala de lo Social del TSJPV dictó las dos primeras sentencias anulando los despidos y obligando a las empresas a la reincorporación de los trabajadores y el pago de las nóminas atrasadas. La regulación del estado de alarma establece que el despido por causas económicas derivadas de la pandemia no es posible y que, en esas situaciones, las empresas deben acogerse a la figura del ERTE. Solamente está reconocida la rescisión de un contrato laboral por motivos económicos en el caso de que se demuestre una situación estructural de pérdidas previa al estallido de la crisis de la covid-19. 

A partir de aquí, la dirección de las sentencias del Superior de Justicia no ha coincidido. En los casos de Jesda, una empresa proveedora del sector aeronáutico y Emtesport, una gestora de polideportivos subcontratada por el Ayuntamiento de Bilbao, las resoluciones judiciales declararon nulos los despidos obligando a las empresas a la reincorporación de los trabajadores. Fueron las dos primeras sentencias y parecían indicar una tendencia que preocupaba a grandes compañías como Gestamp, Aernnova, ITP o Tubacex, empresas que han acometido en estos últimos meses diferentes procesos de despidos colectivos. Una situación sobre la que la patronal vasca alertó de que se generaba una inseguridad jurídica por el diferente criterio que parecía tomar el TSJPV frente a otros Superiores de Justicia que sí estaban reconociendo la posibilidad de causa para un despido en tiempos de covid-19. 

En el caso de la filial de Gestmap, GTS, con un ERE de 38 despidos, el Tribunal aún considerando "no razonable, ni proporcional el cierre de la empresa", no declaró la nulidad de los despidos. Fue un cambio en la postura mantenida hasta entonces por la sala de lo Social presidida por la magistrada Garbiñe Biurrun. El siguiente proceso analizado por la sala ha sido el de Aernnova, un ERE al que recurrieron tanto los sindicatos ELA y LAB, como el comité de empresa y que terminó con el despido de 55 trabajadores de la compañía afectada por la caída de pedidos del sector aeronáutico. La sentencia ratificó la actuación de la empresa y reconoció una crisis "estructural" previa a la pandemia y no encontró motivos para anular los despidos. 

Los sindicatos destacan culpan a la sala de una interpretación "flexible" en la última sentencia

Los sindicatos han anunciado que recurrirán la sentencia y ELA ha lamentado que la sala de los Social "haga una interpretación flexible de la legislación". "Sentencias de este tipo no hacen más que dejar en evidencia que la vía más garantista para los y las trabajadoras está en la lucha sindical, siendo la huelga el instrumento más eficaz a la hora de proteger nuestros puestos de trabajo".

Mientras tanto quedan todavía pendientes de resolverse despidos de pequeñas y medianas empresa y los otros dos grandes ERE que han tramitado ITP en su filial PCB y el de Tubacex. El primero afecta a 83 trabajadores y el de la empresa ´tubera´ en sus plantas de Llodio y Amurrio a 129 personas en una medida que impactado de lleno en el tejido social de la comarca alavesa de Ayala. 

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