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Las diferencias tributarias entre diputaciones llevan a las empresas vascas a un laberinto fiscal

Bizkaia avanza un plan fiscal enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible y anuncia medidas para atraer inversiones, mientras que Álava ha aprobado deducciones para acciones sostenibles y Gipuzkoa avanza en sus propias modificaciones

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, el diputado general de Álava, Ramiro González, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementería, la consejera de Autogobierno, Olatz Garam
El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, el diputado general de Álava, Ramiro González, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementería, la consejera de Autogobierno, Olatz Garam

Tanto las diputaciones como el Gobierno vasco han trasladado siempre que su objetivo, en cuanto a la reforma fiscal, era esperar a que la economía volviera a recuperar la velocidad de crucero y se moviera de nuevo en niveles previos a la pandemia. Un escenario que se trasladaba al año 2022 y que quedaba condicionado al estudio del impacto de la última reforma fiscal que se ha realizado a lo largo de este ejercicio porque el último ajuste en el Impuesto de Sociedades aplicó al ejercicio 2019 que se declaró en pleno año de la pandemia. Pero la reactivación de las inversiones y el surgir de nuevos proyectos está acelerando movimientos en las haciendas forales para tratar de mejorar la competitividad fiscal e impulsar la digitalización y la transformación económica. Una serie de movimientos que no está siendo coordinada y que comienza a generar un laberinto fiscal con medidas diferentes en cada territorio que no terminan de homologarse en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), el seno en el que diputaciones y gobiernos tratan de unificar lo máximo posible los impuestos. Mientras tanto, fuentes de Confebask han señalado a 'Crónica Vasca' su posición de no afrontar todavía cambios fiscales hasta que no se logre una recuperación económica. 

El esfuerzo de las haciendas forales en 2020 y 2021 se ha centrado principalmente en aprobar medidas de apoyo como los aplazamientos de pagos de las retenciones de IRPF y Sociedades, así como en reajustar los plazos del 'Ticket Bai', el programa que implanta la facturación electrónica y que iba a ser obligatorio desde el 1 de enero. De momento, las haciendas han planteado que el acogimiento sea voluntario aunque con diferentes incentivos, un 15% de reducción en la base imponible de IRPF o Sociedades para los ejercicios de 2022 y 2023, mientras que en Gipuzkoa los beneficios son de hasta un 60% para los años 2020, 2021 y 2022, al igual que en Álava. 

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementería, ha insistido este miércoles en el pleno de política general en las nuevas medidas en que trabaja la Diputación "para posicionar a Bizkaia como un centro de referencia en el emprendimiento y la generación de empreas". Las líneas en las que trabaja se ordenan para obtener una fiscalidad que ayude a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Desde el pasado año, y junto al Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) de la University College London, que dirige Mariana Mazzucato, la Diputación trabaja para las primeras adecuaciones fiscales dirigidas a aquellas empresas, proyectos, inversiones, activos y acciones que avancen en esta línea. Si bien estaba previsto incorporar las primeras modificaciones en una norma foral antes de verano, los trabajos siguen para implementar las nuevas medidas cuando sea posible. Mazzucato, que ha trabajado en la secretaría general de las Naciones Unidas, se ha especializado en detectar los parámetros que deben priorizarse para impulsar objetivos como la reducción de emisiones, hacer frente al desafío demográfico, promover la igualdad o garantizar modalidades de consumo sostenibles.

Bizkaia sí ha trasladado estas conclusiones al OCT, pero las demás diputaciones trabajan a ritmos distintos y sin acordar medidas. Así, Álava, ha aprobado un proyecto de norma foral que contiene importantes deducciones fiscales. Así, las inversiones en tecnologías limpias aumentaran su deducción hasta el 50% en Sociedades, frente al 35% actual. En lo que se refiere a la movilidad, las empresas que compren bicicletas eléctricas para sus empleados podrán deducirse el 10% en el Impuesto de Sociedades y para la compra de coches eléctricos se eleva el 'gasto admisible' de 25.000 a 35.000 euros. Y, mientras tanto, Gipuzkoa avanza también en un paquete de medidas por su cuenta. Según fuentes de las haciendas, no se está coordinando por ahora en el OCT los cambios normativos a la espera de un futuro tratar de conciliar lo que empieza a ser un escenario diferente para las empresas en función del territorio. Así la compra de un coche eléctrico o la inversión para modificar la fuente de energía de una compañía se trata fiscalmente de modo diferente en cada territorio. 

Confebask insiste en el impuesto de Patrimonio

La patronal vasca, más allá de recordar su mensaje de que se aparque el debate fiscal hasta que la economía haya recuperado la velocidad prepandemia, y en la importancia de emplear el Concierto Económico y las herramientas de autogobierno para hacer una fiscalidad competitiva, insiste en la necesidad de actuar sobre el Impuesto de Patrimonio. Según explican fuentes de Confebask, su repercusión apenas alcanzaría el 1% de la recaudación y, en cambio, serviría para retener el talento de directivos y empresarios con capacidad de traccionar. Es una idea en la que insistió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que destacó en su última visita a Euskadi  la importancia del papel de la fiscalidad para crear un clima atractivo, por eso dijo que "si Euskadi quitara el impuesto de Patrimonio, acercaría más aún al empresario" y reforzaría el 'efecto sede' y que "las decisiones se tomen aquí". 

Euskadi, que sigue siendo una de las autonomías más atractivas fiscalmente, tiene el impuesto de Patrimonio exento para contribuyentes por debajo de 800.000 euros, salvo en Gipuzkoa. Una demanda que los empresarios ya han planteado en alguna otra ocasión, con más insistencia desde que la Comunidad de Madrid ha eliminado este tributo. 

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