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La estiba se encuentra "entre la espada y la pared" por temor a las represalias sindicales

La patronal espera un movimiento inminente de la Administración para forzar un arbitraje.

Una de las empresas que forman el consorcio BilboEstiba. /CV
Una de las empresas que forman el consorcio BilboEstiba. /CV

El conflicto laboral que ha paralizado el puerto de Bilbao está sacando a la luz los complejos problemas que arrastra la estiba no desde el 9 de octubre, cuando comenzó la huelga, sino mucho antes, alumbrando una idiosincrasia en la que el implícito pesa muchas veces más que lo puesto por escrito. Todo este contencioso tiene un largo histórico de sobreentendidos y de situaciones “de hecho” que es muy difícil verbalizar. Así, las propias empresas de BilboEstiba (Cosco, Bergé, S.L.P. y Toro y Betolaza), se sienten “entre la espada y la pared”. Trasladan, sin querer desvelar la identidad, que se ven impotentes y bajo un sentimiento de indefensión ante unos sindicatos que controlan el puerto y “tienen la capacidad de decidir qué barcos se descargan y cuáles no”. Una posición de fuerza que genera “temor” ante cualquier desmarque y desde el que reclaman una intervención de la Administración para forzar un arbitraje, que esperan “inminente”, y que termine con la situación de bloqueo. El Consejo de Ministros podría abordar hoy mismo un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto y en el que ha estado trabajando durante los últimos días. Así se lo ha solicitado el lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente Pedro Sánchez, según informa hoy El Correo. 

Mientras tanto, el puerto de Bilbao ha perdido un 67% de mercancía general, un 54% en el volumen de contenedores y las escalas se han reducido en 43, un 21% menos, en el último mes. Son circunstancias en las que algunas de las empresas que conforman BilboEstiba “han pasado verdaderos apuros”. Descenso en un tráfico marítimo que se marcha a otros puertos, como Gijón, Santander o Pasajes. Pero no sólo la patronal, otras empresas, además de ACB, y que no quieren desvelar su identidad, reconocen en privado problemas en el abastecimiento para mantener su producción a ritmos que les permitan cumplir con su cartera de pedidos.

BilboEstiba aglutina a cuatro empresas, la china Cosco, que adquirió Noatum, Bergé, SLP y Toro y Betolaza. Cuenta con una plantilla de 320 personas que vienen desempeñando sus funciones reguladas por un Convenio que, según las empresas, consolida una situación “ilegal” y “evita la liberalización de las actividades complementarias”, tal y como establece la normativa europea. Se trata de aquellas que tienen que ver con el transporte en las dársenas, carretillas y apoyos auxiliares, más allá del manejo y descarga con las grúas.

Los sindicatos entienden que estas labores sí son propias del trabajo de la plantilla principal y denuncian que se recurra a 110 eventuales a través de una empresa de trabajo temporal. Y aquí está el punto de no retorno, los trabajadores quieren, como punto inicial de la negociación, la incorporación a la plantilla como indefinidos de estos eventuales. La patronal, en cambio, rechaza este punto dado que “supondría incorporar una ilegalidad en el nuevo convenio, más, cuando se trata de adaptarlo a la liberalización de las actividades auxiliares que establecen las autoridades europeas”. Señalan además, que “el actual sistema” consolida el control total de los sindicatos que, “prácticamente controlan a qué eventual se contrata y cuál no”

Mediación necesaria

Después de cinco semanas de huelga, la paralización del puerto de Bilbao y denuncias sobre incumplimientos de servicios mínimos y acción de piquetes informativos, las empresas esperan “de modo inminente” una actuación de la administración que fuerce un arbitraje, dado que el conflicto ha llegado a un punto de bloqueo sin solución.

Desde la Administración, el Gobierno vasco y central también han jugado a repartirse el papel de a quién le corresponde afrontar la búsqueda de una solución. El puerto es propiedad del Estado, pero el Gobierno vasco tiene las competencias para nombrar al presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala. Incluso dentro del propio ejecutivo vasco se han percibido sensibilidades diferentes, por un lado de la de la vicelehendakari y a la sazón consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, y, por otro, la de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.

Mendia ha abogado por la necesidad de dialogar y por buscar soluciones “innovadoras”, mientras BilboEstiba le solicitaba un arbitraje desde el servicio público de mediación del País Vasco, PRECO, un procedimiento que requiere de la voluntad de ambas partes. Por su parte, Arantxa Tapia se ha mostrado más contundente, denunciando el incumplimiento de los servicios mínimos o alertando de los daños a la economía que está generando el paro.

En cualquier caso, fuentes del departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, afirman que la mediación sólo puede depender del Gobierno de España, dado que hay materias en el puerto de Bilbao, como las relacionadas con aduanas y fronteras, que son competencia exclusiva del estado.

“La parte empresarial no ha buscado nunca un acuerdo, sino un conflicto”

Por su parte, los representantes de los trabajadores han reclamado de nuevo fijar un calendario de reuniones que desemboque en “acuerdos beneficiosos para todas las partes y que pongan fin a conflicto del puerto de Bilbao”. El comité de empresa ha acusado a BilboEstiba de “no buscar un acuerdo, sino un conflicto” y ha señalado que está dispuesto a parar la huelga convocada hasta el 9 de diciembre, si hay “negociación diaria”.

En cuanto a las acusaciones de las empresas, los sindicatos las han considerado "difamaciones y falsas noticias" y “un sinfín de acciones que para nada han sucedido en el puerto de Bilbao". No es más que un intento de que "la opinión pública tenga una percepción errónea de lo que realmente está sucediendo". Todo lo contrario, han asegurado que su “comportamiento es ejemplar", soportando las provocaciones recibidas con unos servicios mínimos  abusivos y con un “desproporcionado despliegue policial".

Los representantes del comité han recordado en una rueda de prensa celebrada en Santurtzi que este conflicto parte de la negociación del convenio colectivo iniciada en diciembre de 2019 y han denunciado que, desde el comienzo, advirtieron "poca fe negociadora" por parte de las empresas que presentaron unas propuestas en los puntos principales que "apenas se han movido durante estos meses".

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