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La fractura entre los socios del IMQ abre seis meses de incertidumbre hasta culminar la venta

Tras la junta de accionistas que respaldó el acuerdo con Adeslas arranca un largo periodo para cerrar incógnitas sobre la operación y sus consecuencias

 La presidenta del IMQ, Beatriz Astigarraga. / CV
La presidenta del IMQ, Beatriz Astigarraga. / CV

La junta de accionistas del IMQ en la que los socios decidieron por mayoría aceptar la venta a Adeslas podría parecer el final de la historia, pero sólo es el principio. A partir de ahora se abre un largo periodo en el que se deberán clarificar las dudas sobre la operación de venta de acciones, sus consecuencias para el futuro de la sociedad y, sobre todo, las fórmulas que se ponen sobre la mesa para reparar la fractura entre los socios, que ha ido creciendo durante los dos últimos años. Una fractura que se hizo del todo evidente en la tensión que se vivió durante la larga junta -más de cinco horas- del pasado miércoles. 

La contundencia con la que la asamblea respaldó la opción planteada por la dirección de vender las acciones a Adeslas -un 58,57% frente a un 41,24% en contra- parece dejar poco margen a los críticos con la venta, agrupados en Ademi, para maniobrar de cara a la próxima junta de accionistas que deberá ratificar de forma definitiva la operación. Pero los cuchillos siguen en alto en el IMQ y, si se cumplen los plazos que en principio se da la dirección, que incluyen celebrar una junta extraordinaria en diciembre para iniciar 2022 con la venta, quedaría todavía un largo periodo de seis meses antes de que la operación sea una realidad y muchas incógnitas por resolver.

De entrada, habrá que esperar a ver si el conflicto sigue judicializado y si las amenazas de los letrados de Ademi durante la Junta, reservándose acciones legales contra los acuerdos, se materializan finalmente. 

Desde esta agrupación consideran que todo el desarrollo de la junta estuvo plagado de irregularidades, desde la forma de votación, a la comprobación de los votos delegados, sin contar la "presión previa" al encuentro, ejercida según dicen por parte de la dirección sobre los accionistas para que secundaran su propuesta.

Si optan por los juzgados, la maniobra dificultaría el acuerdo con Adeslas, ya que éste se encuentra condicionado, en parte, a que se cierren los frentes judiciales abiertos, y más aún a que no se abran otros nuevos:  "Esperemos que seamos capaces de llegar a acuerdos y no tener que vernos en los juzgados", confiaba la presidenta Beatriz Astigarraga durante la junta. 

En este medio año que resta para concretar el acuerdo se deberá poner negro sobre blanco la oferta de Adeslas. Y entre otras cosas deberá llegarse a la junta extraordinaria con una auditoría interna que confirme el valor de la compra por parte de Adeslas, 255.000 euros por cada paquete de acciones.

La aseguradora agradecía ayer el apoyo de los accionistas a la oferta y reiteraban su compromiso "con el proyecto IMQ, sus médicos, modelo, equipo humano y clientes". Adeslas tiene ya un 45% de la filial de seguros de IMQ, y un 20% en la Clínica Zorrozaurre. Con la compra de las participaciones de los médicos aumentará su presencia en la aseguradora, aunque se ha comprometido a no superar el 50%. Pese a ello, desde Ademi están convencidos de que la operación supondrá a la larga dejar el control en manos  de la aseguradora.

"Somos socios del IMQ desde hace 15 años y estamos muy orgullosos de ser parte de su historia y también de su futuro", manifestaban desde Adeslas. Por ello, se comprometen a trabajar "en el desarrollo del acuerdo en los términos contemplados en la oferta presentada y aprobada por la Junta de Accionistas".

La operación tendrá que pasar también por la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) antes de ratificarse por parte de la Junta.
El consejo de administración quiere aprovechar también este periodo para tejer los apoyos necesarios para cambiar los estatutos de la sociedad de forma que se elimine el derecho de veto que en estos momentos puede ejercer la sociedad Montepío, la sociedad que reúne a las EPSV, ante cualquier operación.

A la vista del apoyo mayoritario con el que el consejo sacó adelante todas sus propuestas en la Junta podría pesarse que el cambio en los estatutos saldría adelante sin problemas, pero para no ahondar en la fractura de la sociedad, debería conseguirse un acuerdo entre los socios que se ha demostrado que es muy difícil.

Preocupación por el daño reputacional

Fuentes del Igualatorio reconocen la preocupación que existe por el daño reputacional que les está provocando este largo periodo de discusiones internas.

No hay que olvidar que el problema lleva arrastrándose desde hace dos años, cuando un grupo de médicos, que se agrupó en torno al PAI, empezó a exigir su capacidad de vender sus acciones a precio de mercado.

A partir de ahí el conflicto no ha hecho más que crecer entre los partidarios de la venta y los que, agrupados en Ademi, quieren salvaguardar el IMQ de la entrada de terceros que tomen el control, y mantener la sociedad en manos de los médicos. 

Según los datos que maneja el consejo, el 50,79% de los accionistas del IMQ ya no es un médico en activo, sino que son médicos pensionistas o herederos. Esto explica las ganas de vender de una parte importante de la sociedad y las dificultades para asumir esa compra sólo mediante los fondos de la sociedad.

El consejo de admistración estima que  cerca de 400 de los 1.170 estarían dispuestos a vender  a Adeslas sus acciones.

 

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