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El Gobierno intenta reducir el gasto de la luz imputando los costes en las energéticas

El Ministerio para la Transición Ecológica quiere ahorrarse los "beneficios caídos del cielo" que recibían las eléctricas y la retribución por las renovables para que las empresas asuman esos costes

Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. / EP
Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. / EP

El Gobierno de España está transformando la factura de la luz en una estrategia que va mucho más allá de las horas "valle" o "pico" en las que el consumo es más o menos caro. El objetivo es, sí, reducir el precio que pagará el consumidor, pero los movimientos tienen que ver mucho más con un ejercicio de transferencias en el que lo que se busca es quitar de la factura el coste de las energías limpias e imputárselo a las compañías. Un movimiento, que además enciende la batalla entre las eléctricas, como Iberdrola o Endesa y las petroleras, como Repsol o Cepsa.

Más del 50% de la factura de la luz que pagan los consumidores finales corresponde a impuestos y tasas. Desde el IVA (21%), el Impuesto especial a la electricidad (5,11%) a los peajes de acceso a la red o primas a renovables. Unas figuras tributarias a la que se añade el Impuesto de generación eléctrica que pagan las empresas y que es de un 7%. Son elementos por los que la Administración del Estado recauda las cantidades necesarias para abonar unos 8.000 millones de euros que destina a financiar a las empresas energéticas. De estos 8.000 millones, cerca de 6.500 son los que se destinan a financiar la subvenciones para la generación de renovables y unos 1.500 millones para pagar a las eléctricas por las inversiones que han realizado en centrales energéticas que no emiten CO2, y que principalmente son las centrales nucleares y las hidráulicas. 

Las petróleras asumirán el coste de casi 5.000 millones

La parte más importante de esa cantidad, algo más de 6.500 millones, se destina a los costes del régimen retributivo específico de las energías renovables, la cogeneración y los residuos. Es lo que se conoce como Recore y hace referencia a la falta de rentabilidad de la energía renovable que ha tenido durante mucho tiempo unos costes de inversión y generación más elevados que lo que se cobra en la factura de la luz. El Gobierno pretende hacer que el ciudadano deje de abonar estos 6.500 millones en el pago de la factura de la luz y ha planteado que el gasto sea asumido por las empresas que emiten CO2, especialmente las petroleras. La herramienta es el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que establece un pago progresivo para las empresas energéticas no renovables que va desde los 954 millones de euros en este año, hasta los 4.765 millones de 2025. Una cantidad que saldrá de las cuentas de resultados principalmente de Repsol, Cepsa y BP. Las petroleras han planteado un contundente rechazado a la medida. El sector no deja de señalar lo injusto de una situación en la que las empresas de energías renovables han estado años apoyadas por subvenciones públicas para salvar su rentabilidad, mientras que ellos con el gas o los hidrocarburos generaban el suministro que garantizaba el abastecimiento. 

Las eléctricas perderán 1.500 millones de los "beneficios caídos del cielo"

La otra medida busca repartir el esfuerzo con con las eléctricas, Iberdrola y Endesa. Se trata del proyecto presentado esta semana por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que busca poner fina los  cerca de 1.500 millones de euros que recibían las eléctricas de los denominados "beneficios caídos del cielo" (windfall profits). Son una retribución que reciben las empresas energéticas por las inversiones realizadas, principalmente en centrales nucleares e hidroeléctricas, para la generación eléctrica sin emisiones de CO2. La medida ha generado también un malestar en las compañías que analizan la posibilidad de recurrir a la Justicia. Esta misma semana, el Foro Nuclear, la entidad que agrupa a las empresas del sector, denunciaba la situación y señalaba que esta medida, junto a la presión fiscal, hacen inviable económicamente la operación de las centrales nucleares. Las dos empresas que producen esta energía en España son Endesa e Iberdrola que se reparten prácticamente al 50% la gestión de las infraestructuras nucleares que aportan el 20% del consumo del país. 

Reducir un 15% el coste de la factura

El objetivo del Gobierno es destinar estos 8.000 que se ahorra a financiar beneficios en la factura a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, aproximadamente un 10% del total, y a intentar rebajar el coste de la luz en un 15%. 

 

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