Iberdrola apunta a la falta de diligencia del juez como culpable del fracaso de su operación en EEUU

Iberdrola ha pedido al magistrado Manuel García-Castellón que investigue ya la falsedad del documento del exresponsable de Control Corporativo José Antonio del Olmo por el que se investiga a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y directivos de la compañía, ya que le ha causado un daño reputacional que ha hecho fracasar la compra de la compañía PNM en Estados Unidos.

En el escrito de Iberdrola, dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Efe, Iberdrola recuerda que presentó una querella contra Del Olmo por ese presunto delito de falsedad, pero, aunque el juzgado de García Castellón aceptó la competencia para investigar los hechos en julio de 2020, no practicado ninguna diligencia.

La eléctrica recuerda también que el magistrado acordó en julio de 2021 el sobreseimiento libre del señor Del Olmo y la expulsión de Iberdrola del procedimiento, negándole la condición de acusación particular, pero la Sección Tercera de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional revocó el sobreseimiento y reconoció a la compañía la condición de acusación particular.

También indica que la Sala acordó la necesidad de investigar la falsedad atribuida al documento elaborado por Del Olmo y ordenó a García Castellón adoptar una decisión para investigar la falsedad en la misma instrucción o, si no veía conexión, inhibirse a favor del juzgado competente.

Iberdrola dice que "a pesar de la claridad del mandato de la Sala de lo Penal, la realidad nos demuestra que las cosas no han cambiado nada", pues el instructor no ha dictado ninguna diligencia de investigación de las solicitadas en el escrito de querella de Iberdrola ni en un nuevo escrito de noviembre de 2021.

Además, señala que el magistrado no ha dictado ninguna resolución con medidas para dar cumplimiento al mandato de la Sala de lo Penal.

Iberdrola dice que sin ese documento de Del Olmo, que considera que ha sido falseado, "no existe fuente de prueba alguna" que apunte contra los directivos de la compañía.

Añade que, sin embargo, el Ministerio Fiscal y el magistrado García Castellón han relegado cualquier investigación al respecto, como la toma de declaración a Del Olmo, y por contra, han decidido tomar declaración a investigados "cuya imputación parte, precisa y únicamente del documento pendiente de investigar", como el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán.

En el escrito, con fecha de hoy mismo, 10 de diciembre, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán se queja de que mientras se va resistiendo su reputación, circunstancia que se demuestra en la noticias aparecidas en prensa en los últimos días sobre las dificultades de formalizar la operación de adquisición de la compañía PNM Resources, que finalmente no ha obtenido la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Nuevo México.

Iberdrola cita noticias de medios de comunicación, en los que se liga el rechazo de la operación de adquisición, valorada en unos 8.000 millones de dólares, a "la reputación de la compañía española" y se hace referencia a la implicación de ciertos directivos de la compañía en el caso Villarejo por supuestos pagos de comisiones al excomisario.

Caso Villarejo y compra de PNM Resources

La compañía afirma en el escrito que, finalmente, la adquisición de PNM Resources "se ha visto frustrada como consecuencia del devenir de las presentes diligencias previas", y añade que la decisión de los comisionados que han rechazado la operación "ha estado fuertemente influida por la existencia de la actual investigación penal".

Según Iberdrola, "prueba de ello es que, en el momento de emitir su voto, cuatro de los cinco comisionados, mencionaron expresamente la investigación penal desarrollada en España como motivo para rechazar la operación".

Por todo ello, solicita que se practiquen las diligencias de investigación solicitadas para confirmar si el documento elaborado y aportado por Del Olmo es falso.

Sánchez Galán ha sido citado a declarar para el próximo 18 de enero por el juez de refuerzo Joaquín Gadea como investigado por los encargos de la eléctrica de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario Villarejo.