Iberdrola quiere que del Olmo responda penalmente por el "robo" de documentación de la empresa

La compañía eléctrica presidida por Ignacio Galán ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra José Antonio del Olmo por apoderarse de una "extensísima serie de documentos que recogen secretos empresariales de Iberdrola". Del Olmo fue condenado ya por la extracción de esos documentos y facturas de la empresa que presuntamiente se emplearon para denunciar la contratación del ex comisario Villarejo por Iberdrola. El caso es que un juzgado de Bilbao ya condenó al ex directivo de la eléctrica por vulnerar el secreto empresarial y sacar documentación que afectaba a "intereses de la compañía", pero Iberdrola considera que la actuación fue delictiva y por eso se ha querellado contra del Olmo en la Audiencia Nacional, para la empresa el uso y difusión de esa documentación, además de dañar a los intereses de la compañía, "afecta a la intimidad de personas vinculadas a ella" con lo que considera que se han cometido los delitos de "revelación de secretos de empresa" y de "revelación de datos reservados de persona jurídica". 

El pasado viernes,  Iberdrola solicitó al magistrado Manuel García-Castellón que investigue ya la falsedad del documento del exresponsable de control corporativo José Antonio del Olmo por el que se investiga al presidente y a directivos de la compañía, ya que le ha causado un daño reputacional que ha hecho fracasar la compra de la compañía PNM en Estados Unidos. Esta operación era la gran apuesta de crecimiento en el país norteamericano, pero el regulador vetó la operación por motivos de "gobierno corporativo". 

Iberdrola presentó también a mediados de noviembre una demanda en los juzgados de Bilbao contra los cuatro implicados en un acta notarial levantada en 2004 que daba de la existencia de supuestas irregularidades en la facturación de servicios de seguridad en la energética. En concreto, Iberdrola demandó a del Olmo, al exjefe de seguridad Marcos Peña, a su número dos, Ángel José Manuel Zarabozo, y al notario Luis Jacinto Ramallo por irregularidades en el depósito de un documento que vinculaba a la empresa con el excomisario José Manuel Villarejo. Con este nuevo movimiento en la Audiencia Nacional, la compañía busca el reconocimiento de la naturaleza delictiva de los hechos ocurridos. 

La eléctrica acusa a su exdirectivo de sacar de modo fraudulento varios documentos entre 2004 y 2019. Son los que se registraron con acta notarial y los que luego se emplearon en varias filtraciones a los medios de comunicación desatando el caso Villarejo que ha forzado a que el presidente de la compañía, Ignacio Galán, tenga que declarar en la Audiencia Nacional el próximo 18 de enero.