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Juicio al ERE de Tubacex: Un antes y un después en el futuro de la empresa

Este martes se celebra el segundo de los juicios, con dos magistrados que ya han anulado despidos en la pandemia, mientras se cumple 132 días de huelga y la empresa mantiene su advertencia sobre el riesgo que corren las plantas vascas

Trabajadores de Tubacex concentrados frente a los juzgados de Bilbao./ EP
Trabajadores de Tubacex concentrados frente a los juzgados de Bilbao./ EP

La sentencia del ERE de Tubacex marcará un antes y un después en el futuro de la empresa. A partir de esta tarde, cuando finalice el segundo de los dos juicios sobre el ERE denunciado por los sindicatos, se abre un nuevo periodo de tensa espera hasta que llegue la sentencia, sobre la que se puede jugar ni más ni menos que el futuro de la empresa. De ella dependerán las decisiones que tome la plantilla, que hoy suma 132 días de huelga indefinida, y, sobre todo, pesará sobre las decisiones que tome la dirección de la compañía sobre las plantas vascas, después de que ya haya advertido a la plantilla sin ambages de que el parón provocado por la huelga está llevando a la empresa a una situación insostenible y que la continuidad está amenazada.

Los tribunales deberán dirimir si el ERE que afecta a un total de 129 trabajadores -95 rescisiones de contrato, 12 prejubilaciones y 22 bajas incentivadas- en las plantas del grupo en Llodio y Amurrio, se ajusta a derecho. Ayer, tras el primero de los juicios correspondiente a la planta de Llodio los trabajadores estaban esperanzados: "Entramos al juicio cargados de argumentos y razones para demostrar la no procedencia de estos ERE", decía el presidente del comité de empresa Eduardo Ibernia, del sindicato ELA.

Lo cierto es que los dos jueces en los que han recaído las vistas, Garbiñe Biurrun y Juan Carlos Iturri, ya tienen precedentes de sentencias en las que han dado la razón a los trabajadores, tumbando los ERE por considerar que no tiene cabida los despidos en tiempos de Covid.

Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social, fue la ponente de la primera interpretación sobre los despidos ligados a la crisis por la pandemia. En concreto, declaró nulo el despido de un trabajador de una pyme del sector aeronáutico por considerar que los problemas de la empresa estaban ligados a la coyuntura del Covid. El juez Juan Carlos Iturri, por su parte, fue el que declaró nulo el ERE de PCB, filial del  grupo ITP Aero, aferrándose también a que los problemas de la empresa eran coyunturales, derivados de los efectos de la pandemia en el mercado de los aviones y no una crisis estructural. En ambos casos, además, el despido se declaró nulo, no improcedente, lo que supone la obligación de la empresa a readmitir a los trabajadores.

Los despidos en Tubacex pueden correr la misma suerte, aunque en la Sala de lo Social no se ha seguido siempre el mismo criterio. Por ejemplo, en el caso de Aernnova, el tribunal presidido en ese caso por Pablo Sesma, dio la razón a la empresa y consideró el ERE ajustado a derecho afirmando que el despido colectivo era en este caso una medida "racional y proporcional" a la situación de la empresa, aunque sea "un sacrificio laboral desgraciado".

Crisis coyuntural o estructural

El argumento de los trabajadores en el caso de Tubacex es que la crisis de la empresa es "coyuntural y temporal", derivada de la pandemia de Covid-19 y que por lo tanto, deben tomarse medidas coyunturales y no despidos. Y para echar por tierra los argumentos de la empresa recuerdan que en 2018 se firmó un convenio en el que se apostaba por la subida de salarios, sin hablar de situación de crisis.

La dirección, sin embargo, siempre ha argumentado que los problemas en la empresa se venían gestando desde hace años y la pandemia no hizo más que empeorarla. La paralización de los mercados generó pérdidas a la compañía dirigida por Jesús Esmorís de más de 25 millones de euros, que llevó a la empresa a plantear los despidos que han afectado a 600 personas en todo el grupo, el 20% de su plantilla repartida en sus plantas de Álava, Estados Unidos, Noruega, Canadá, India, Tailandia, Austria, Italia, Dubai, Arabia Saudí, y Singapur. Estos despidos sólo han tenido contestación en las plantas vascas. De hecho, ELA, que preside el comité, está dirigiendo este largo conflicto como una bandera sindical contra los despidos en tiempos de pandemia.

La empresa ofreció a los trabajadores el mantenimiento del empleo actual durante tres años a condición de que se desconvocara la huelga, pero los trabajadores han puesto siempre sobre la mesa la necesidad de dar marcha atrás en los despidos algo a lo que la dirección se  ha negado siempre con rotundidad. Ayer rechazó de nuevo dar marcha atrás en el ERE, antes de arrancar el juicio, al declinar el ofrecimiento de conciliación por parte de la jueza, para sustituir el ERE por un ERTE con el compromiso de no realizar despidos en dos años. A partir de ahora toda la decisión queda en manos de los tribunales.

Tras el rechazo de los sindicatos a desconvocar la huelga, que arrancó el 15 de febrero, la dirección advirtió con claridad de que los paros han provocado ya una "pérdida importante de clientes" y costes y penalizaciones "irreparables" que, "sumado a la débil situación del mercado amenaza seriamente la continuidad de las plantas" alavesas. En este sentido señaló que hay encargos perdidos que serán de difícil recuperación y que en esta situación de paros se hace complicado afrontar la recepción de nuevos encargos ya que teniendo en cuenta que no pueden garantizar los plazos de entrega.

En estas circunstancias la situación de las plantas vascas están en un riesgo claro, teniendo en cuenta que Tubacex tiene otras plantas en el grupo que pueden hacerse cargo de los pedidos que hasta ahora se hacían en Álava. En este sentido, reconocieron ayer durante la vista que hay pedidos que se están trasladando a otras plantas porque así se lo están demandado los clientes. Algo que pone a las plantas vascas en grave riesgo de quedarse sin carga de trabajo.

Lo cierto es que la empresa, que ahora está en una situación límite, sí reconoció en un escrito ante la CNMV que espera una clara recuperación de los pedidos en un futuro de la mano del  sector del petróleo y el gas.

El Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco se ha implicado en el proceso manteniendo encuentros con algunos sindicatos para mediar en el conflicto ante el peligro de que se enquistara, aunque sin demasiado éxito. Euskadi se juega mucho en este conflicto porque la continuidad de esta empresa es esencial para el valle de Aiala, una comarca alavesa muy castigada por la crisis.  

 

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