La misteriosa denuncia anónima que destapó el caso de las consultoras

La “omertá”, esa ley de silencio que hace que el que se mueva no salga en la foto es uno de los síntomas de cualquier sector en el que anidan prácticas de monopolio. Salirse de la norma y denunciar la situación supone para el empresario díscolo salirse del mercado y poner en riesgo su futuro. Por eso, detectar una concertación empresarial para evitar la libre competencia es una de las tareas más complicadas para los organismos reguladores. Así lo ha venido trasladando la actual presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola, que incide habitualmente en la importancia de generar una cultura sensible para detectar esas irregularidades y la generación de denuncias. 

La semana pasada Euskadi se sacudió con el resultado de una investigación iniciada por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) sobre más de 92 licitaciones públicas que contrataban servicios a diferentes consultoras. Principalmente Deloitte, S&F Consultans y B+I Strategy se adjudicaron contratos al menos por un valor de 3,3 millones de forma fraudulenta. El expediente llegó a la CNMC que impuso unas sanciones de 6,3 millones a un total de 22 compañías implicadas en lo que denominó como “cártel del norte”. Pero ¿cuál fue el origen de esta investigación? 

Urresola, la presidenta de la AVC cuenta con una sólida formación en derecho europeo y ha llegado al cargo tras 17 años como directora de la Asesoría Jurídica de la Fundación Guggenheim. No ha sido el único cargo de designación por parte de la Administración Pública, ya que fue también directora de la oficina del Gobierno vasco en Bruselas. Además, trabajó cuatro años en Cuatrecasas.   

La AVC insiste en que la investigación surgió de una denuncia

Las pocas declaraciones que ha realizado Urresola sobre el caso se han centrado en destacar que la investigación que se inició en la AVC, cuando ella todavía no había llegado al cargo, fue fruto de una denuncia. Y nada más ante una sanción histórica que señala 92 licitaciones manipuladas, principalmente en el Gobierno vasco, Ayuntamiento de Bilbao y Diputación de Bizkaia.  Las administraciones implicadas como defraudadas también han mantenido un perfil bajo en la respuesta a la espera de contestar en las diferentes iniciativas que ha tramitado la oposición.  

Fuentes de la CNMC aseguran que el expediente se tramitó de oficio

El caso es que de la denuncia que ha señalado la AVC que originó la investigación poco más se sabe. ´Crónica Vasca´ ha solicitado información para conocer detalles como en qué fecha llegó o por qué vía y desde la Autoridad Vasca de la Competencia no se ha querido dar ninguna referencia. Lo que sí han asegurado fuentes de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMC), en cambio, es que no hubo ninguna denuncia y que el expediente comenzó a instruirse de oficio.  

La tarde del miércoles, 12 de mayo, en la calle Alcalá de Madrid, en la sede de la CNMC, se ultimaban los detalles de la Nota de prensa que informaba de la sanción a las consultoras. Y la AVC se puso en contacto con el organismo regulador nacional para que en la información se recogiera que el origen de la investigación había surgido de una denuncia. Un punto que rechazaron de plano en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Y es que el matiz no es irrelevante. Administrativamente una denuncia anónima no puede calificarse como “denuncia” para iniciar una investigación. Lo que coloquialmente se llama un “queo”, un aviso o una advertencia son síntomas de observación que los organismos reguladores pueden usar para empezar una investigación que, en estos casos, es de oficio. Cuando se habla de denuncia en un expediente de Competencia se hace referencia a un hecho concreto, formalmente informado por un tercero sobre el que operan los mecanismos defensa para evitar represalias. En estos casos, la investigación debe empezar y el investigado debe ser advertido de los hechos denunciados para que pueda presentar sus alegaciones. Un proceso que queda recogido en el expediente que arranca con la denuncia.  

Los riesgos de hablar de una denuncia cuando no formalmente no está recogida en el expediente

Por eso, en el proceso administrativo y judicial es importante el matiz. Las reiteradas declaraciones de los últimos días, e incluso el intento de que la propia nota de prensa de la CNMC recogiera la existencia de una denuncia inicial, podrían dar un argumento de recurso a las consultoras sancionadas para que alegasen indefensión por no conocer esa denuncia original. Sería un hecho que podría hacer encallar toda la investigación.  

En este contexto, cobra importancia que la AVC ha centrado sus esfuerzos de comunicación en señalar la existencia de una denuncia previa, más que en la importancia de la operación o la gravedad del caso que ha evidenciado una práctica habitual entre 2008 y 2018 en la que las administraciones contrataban diversos y variopintos servicios en procesos negociados sin publicidad que, en su mayoría, amañaron tres consultoras dirigidas entonces por Ana Andueza (Deloitte),  Leandro Ardanza (S&F Consultans) y Sabin Azua (B+I Strategy). Unas licitaciones en las que las consultoras de se ofrecía cobertura en contratos que hacía referencia a servicios para el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bizkaia, el puerto de Bilbao, el Guggenheim o el Gobierno vasco.