"La subida salarial es importante pero nuestra mayor reivindicación es la subrogación"

El 31 de marzo tendrá lugar la firma para el acuerdo por el que el personal de reparto de Bizkaia contará, por primera vez, con un convenio sectorial al que acogerse. Un paso hacia la mejora de condiciones laborales y salariales del personal ligado a las labores de reparto en supermercados, hasta ahora, únicamente operativo bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores. La mayor preocupación del colectivo pasa por la pérdida de empleo ante un cambio de empresa, "algo muy frecuente en el sector de reparto". "No podíamos permitirnos que un cliente dejara de trabajar con la empresa de reparto y una masa de trabajadores de 110 personas, como nos pasó hace tres años, se vea en una situación de paro con más de 15 años trabajados, pocos estudios o de edad avanzada", explica Sergio Vadillo, trabajador en una empresa logística, "nuestra mayor reivindicación ha sido el derecho a la subrogación y un convenio sectorial es el marco que permite contemplar este cambio".

El marco laboral negociado con CEBEK se centra en dos ejes principales: el establecer un salario mínimo y el derecho a subrogación. Según trasladan desde ELA, sindicato mayoritario en el sector y promotor de la iniciativa, en la mayoría de casos, este servicio se presta a través de la modalidad de subcontratación por grandes empresas del sector del comercio de alimentación. En este sentido, el convenio colectivo marcará la forma y condiciones de la subrogación por la que el trabajador no pierde la antigüedad ni ve disminuido su salario, respetando las condiciones laborales del previo acuerdo durante el tiempo de su vigencia. "Al mantener una estructura de empresa se generan unas garantías como trabajador que aumentan el coste para el contratador. En muchos casos, este sobrecoste significaba dejar de trabajar con la compañía de reparto y exponer a sus trabajadores al paro para introducir una empresa nueva con trabajadores sin antigüedad y otros complementos", afirma Vadillo.

Por otro lado, el acuerdo fija una serie de cláusulas como la ultraactividad indefinida, que garantiza la aplicación del convenio hasta la firma del siguiente, o blindaje frente a la inaplicación unilateral, así como un salario mínimo de 1.200 euros al mes. "La subida salarial ni si quiera la esperábamos, pero el auge del sector de reparto durante la pandemia ha impulsado nuestra reivindicación. Venimos de unos salarios de 900 euros al mes, alcanzar ese mínimo supone un espaldarazo importante para los trabajadores del sector. Después de 15 años viendo cómo retrocedíamos, el acuerdo afianza a la gente que estamos haciendo este trabajo". "Somos muy pocos los que estamos dentro de una empresa para clientes muy específica", añade, "muchas cadenas cuentan con falsos autónomos para hacer reparto, cambiar esta situación es el segundo paso que tendríamos que dar para conseguir unas condiciones verdaderamente dignas y encauzar el servicio de reparto a domicilio".

La extensión de este convenio a todos los repartidores, sin embargo, preocupa en el sindicato LAB, fuera de la mesa de negociación. "Se estaba negociando este marco en el sector de la hostelería y finalmente se ha prorrogado sin incluir a estos trabajadores, cuando tiene una condiciones mucho mejores. En Bizkaia, el salario mínimo con tres pagas y 15 mensualidades en la cuarta categoría ya supera al acordado en el convenio, partiendo de 1.340 euros al mes", señala Íñigo Alonso, portavoz en la federación de servicios, que presenta serias dudas de que pueda favorecer a los 'falsos autónomos' en el marco del reparto a domicilio más allá de las cadenas de supermercado.  

Macrojuicio en Bizkaia

La situación del sector de reparto engloba a trabajadores por cuenta ajena y 'riders' autónomos, estos, en medio de un debate candente sobre su relación laboral con la empresa y si se trata verdaderamente de trabajadores que organizan su actividad a través de un mero intermediario. En caso contrario, "deberá declarárseles trabajadores por cuenta ajena e incluirles en el convenio, bien sea el de hostelería o el de personal de reparto", afirma Ane Miren Zelaia, de ELA. El sindicato recuerda que en los últimas años se han extendido otras formas de empleo basadas en plataformas digitales que ofertan este servicio a través de "falsos autónomos basando su competencia en la precarización de las condiciones de trabajo". "Debido a este cambio en la forma de comprar por parte de los y las consumidoras, el sector del reparto a domicilio está creciendo de manera exponencial, una situación que se ha hecho más latente aún en este contexto de pandemia".

Este viernes se celebra en Bizkaia el macrojuicio impulsado por la Insepcción de Trabajo Social contra la falsa autonomía de los repartidores a domicilio al que están citados más de 200 trabajadores de Glovo tras un acta de inspección instando al juzgado a que declare como falsos autónomos y, por lo tanto, trabajadores por cuenta ajena. Todo ello, en el marco del fallo por parte del Tribunal Supremo el pasado 23 de septiembre, cuando se pronunció por primera vez sobre el asunto determinando que existe una relación laboral entre los repartidores y las plataformas. El mismo viernes desde LAB organiza una concertación de denuncia por la misma celebración del juicio, "que no debería de darse cuando es la misma Inspección de trabajo quien reclama cambiar la situación de estos trabajadores". El último fallo al respecto lo daba el juzgado 24 de lo social de Barcelona que establecía una relación laboral entre los repartidores y la empresa Deliberoo, obligada a contratar a los 748 'riders' del caso y a abonar todas sus cuotas a la Seguridad Social.