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La Fiscalía amplía los imputados y delitos en uno de los tres casos de corrupción en Alonsotegi

Hasta tres exalcaldes de la localidad están involucrados en las investigaciones por presunta corrupción que que afectan a la localidad vizcaína

Ayuntamiento de Alonsotegi
Ayuntamiento de Alonsotegi

La Fiscalía de Bizkaia ha ampliado los imputados y los delitos por uno de los tres casos de corrupción que investiga la Justicia en el Ayuntamiento de Alonsotegi. Se trata de certificaciones falsas de obras por la que está imputado el exalcalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban (PNV), junto al arquitecto externo y el aparejador municipal.  En concreto, cerca de 1,2 millones de euros por trabajos que nunca se ejecutaron.

Este es el caso de corrupción en Alonsotegi que tiene la instrucción más retrasada. El de mayor gravedad implica a dos exalcaldes, de nuevo a Aitor Santisteban y a Gabino Martínez de Arenaza (regidor entre 2003 y 2007), acusados de dejar un agujero económico de 15 millones de euros en el ayuntamiento. Está pendiente la fijación del juicio oral. El tercero se refiere a otro caso del cobro de obras falsas, con un tercer exalcalde imputado, José Luis Erezuma, quien ocupó la Alcaldía entre 2011 y 2015. Igualmente queda por designar la fecha de la vista oral.

El caso de las certificaciones falsas de obras ocurrió en 2008, cuando se produjeron inundaciones en el municipio. La instrucción judicial se inició hace ya cinco años, en 2016, por tres proyectos en el municipio: mejoras en el campo de fútbol, los servicios sociales (que no existían) de esta instalación deportiva y una urbanización en la localidad.

Por estos proyectos, según la instrucción, Alonsotegi recibió ayudas de casi 2 millones de euros de la Diputación vizcaína y el Gobierno central. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obras falsas,  y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. De hecho, el perito certifica que los accesos al campo de fútbol no fueron construidos.

El juzgado de instrucción número 1 de Barakaldo tiene como imputadas a tres personas (el exalcalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador) por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación.

Sin embargo, la Fiscalía de Bizkaia, en un escrito del pasado 25 de noviembre, ha aumentado las imputaciones a cuatro personas más: los directivos y responsables de dos constructoras que recibieron el dinero. Además, amplía los delitos cometidos al añadir otros tres más: falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y fraude de subvenciones.

"Obtener un beneficio económico ilícito"

En su escrito, la Fiscalía señala que los siete imputados “puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, decidieron aparentar la ejecución de una serie de obras”. Agrega que el entonces alcalde Aitor Santisteban ordenó el pago de las supuestas obras en el campo de fútbol en contra del informe de la interventora municipal “por no existir proyectos de fin de obra que acrediten la realidad y no constar en los archivos municipales documentación técnica descriptiva de las obras ejecutadas”. En este proyecto, cifraron las obras en más de dos millones de euros.

Junto a ello, el fiscal se refiere al proyecto de servicios sociales en el campo de fútbol, con un presupuesto de 230.000 euros, pese a que “los referidos servicios sociales eran inexistentes, dado que el campo deportivo carecía de ellos”. La tercera certificación falsa de obra es de la urbanización junto al edificio del Ayuntamiento, presupuestada en 231.000 euros, y la Fiscalía es concluyente. “Dichas obras no se realizaron”.

El caso más grave, que es además el de la mayor corrupción hasta ahora en un ayuntamiento vasco, afecta a los exalcaldes Santisteban y Martínez de Arenaza. La Justicia lo investiga desde hace siete años y se les acusa de gastos sin justificar en una sociedad pública municipal que acabaron dejando, según una auditoría externa, un agujero económico de 15 millones de euros en el Ayuntamiento de Alonsotegi.

Junto a ellos, tendrán que pasar por el banquillo un abogado y el arquitecto asesor, acusados todos ellos de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. En el caso del exalcalde Aitor Santisteban, se añade un sexto delito: el falseamiento de cuentas y otros documentos.

Pese a que el juzgado de Barakaldo que investiga el caso decretó el procesamiento en julio de 2018, aún sigue sin fijarse la fecha de la vista.

Cobro de obras públicas falsas

El tercero implica a un tercer exalcalde de este municipio, José Luis Erezuma, igualmente del PNV y quien ocupó la Alcaldía entre 2011 y 2015. En este caso se le acusa de permitir a una constructora el cobro de obras públicas falsas. En concreto, está procesado junto a otras cinco personas más (dos arquitectos municipales, el aparejador y dos constructores) por actuar “de común acuerdo” para lograr unas subvenciones de la Diputación por valor de 600.000 euros (además de otros 81.000 euros del propio ayuntamiento) y pagar ese dinero posteriormente al arquitecto y aparejador que trabajan para el Consistorio, así como a la constructora Laneder. Una operación “sin contenido económico real”, según subrayó el auto judicial de 2019 que les procesó. Los seis procesados están acusados de otros tantos delitos; prevaricación, falsedad en documento por un funcionario, falsedad en documento público, fraude a las administraciones, fraude en subvenciones públicas y malversación.

Aunque fue el último en iniciarse la investigación, ya que la instrucción comenzó en 2018, es el más avanzado dado que se han formulado las acusaciones para el futuro juicio. Así, el exalcalde y los otros cinco procesados afrontan hasta ocho años de cárcel cada uno. Esta es la petición de pena más elevada, solicitada por la acusación particular, ya que el resto de las partes (la Fiscalía, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Alonsotegi) han coincidido en solicitar seis años de prisión para los seis imputados.

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