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La decisión del Gobierno de España de no decretar un nuevo estado de alarma ni solicitar al Congreso una prórroga del actual deja a España sin capacidad de medidas extraordinarias para evitar el rebrote de la pandemia. Y es España quien queda sin esa salvaguarda por cuanto que es el Estado y no las comunidades autónomas quien tiene la competencia y la responsabilidad de adoptar y solicitar y aplicar ese tipo de medidas y de ejercer una de las pocas áreas competenciales que quedan al Ministerio de Sanidad, como son las emergencias sanitarias de este calado.

Pedro Sánchez quiso eludir su responsabilidad al transferir la gestión de la espinosa limitación de derechos que conlleva el decreto del estado de alarma y lo dejó en manos de unas comunidades autónomas, que lo recibieron con el alborozo con el que un joven de dieciocho años recibe el carnet de conducir. Sin embargo, la complejidad y la impopularidad de las medidas que ya advirtió Sánchez en los primeros meses tampoco ha agradado a los dirigentes autonómicos que han visto manifestaciones en su contra por parte de los sectores afectados y, particularmente, del mundo de la hostelería.

Pedro Sánchez quiso eludir su responsabilidad al transferir la gestión de la espinosa limitación de derechos que conlleva el decreto del estado de alarma y lo dejó en manos de unas comunidades autónomas, que lo recibieron con el alborozo con el que un joven de dieciocho años recibe el carnet de conducir

 

La división de las decisiones relativas a la restricción de derechos demostró la inconsistencia de los criterios “científicos” con los que se abordaban que multiplicó por diecisiete las formas de abordar la lucha contra el virus y que tuvieron efectos desiguales e, incluso, inversamente proporcionales a su severidad. A su vez, se desveló el poco sentido de dividir España en fracciones de este género cuando la permeabilidad humana trasciende las comunidades autónomas con la naturalidad propia de un único país y no de diecisiete naciones distintas.

El propio lehendakari se expresó con sentido de Estado, de Estado español, al entender que el combate contra el virus no puede hacerse de forma territorial y que las decisiones habrían de adoptarse con carácter general. Toda una declaración de principios cuando esas palabras proceden de un nacionalista. Con ello, eludía solicitar una declaración de estado de alarma para la comunidad autónoma vasca, como está contemplado para casos en los que la emergencia se produzca en un ámbito territorialmente delimitado. Pedir medidas excepcionales para el País Vasco desvelaría una debilidad que no debe de ser digerible para un nacionalista, pues ha evitado hacerlo a pesar de considerarlo necesario, como se desprende de la solicitud a la Justicia de varias medidas que afectan a derechos fundamentales y que ya han sido desestimadas.

La división de las decisiones relativas a la restricción de derechos demostró la inconsistencia de los criterios “científicos” con los que se abordaban que multiplicó por diecisiete las formas de abordar la lucha contra el virus

 

Pero no es al lehendakari a quien hay que pedir cuentas sino al Gobierno de España que es el que tiene la responsabilidad de afrontar esta emergencia sanitaria. Lo era hace seis meses cuando escurrió el bulto hacia las comunidades autónomas y lo es también ahora cuando descarga la última palabra en la Justicia, con la disparidad de criterio que se está ya produciendo en los distintos tribunales superiores de cada comunidad autónoma.

Los responsables de distintos servicios sanitarios autonómicos habían solicitado una renovación de las medidas legales que permiten las limitaciones de movimiento y de reunión. Así lo han pedido presidentes autonómicos de distinto signo como son los de Euskadi, Galicia o Castilla La Mancha, pero Sánchez no ha revocado su decisión.

El propio lehendakari se expresó con sentido de Estado, de Estado español, al entender que el combate contra el virus no puede hacerse de forma territorial y que las decisiones habrían de adoptarse con carácter general. Toda una declaración de principios cuando esas palabras proceden de un nacionalista 

 

Veremos cuales son las consecuencias de una determinación que parece inspirada por el optimismo que caracterizó al Gobierno de España cuando minusvaloró la gravedad de la transmisión del virus, en febrero y marzo, cuando dijo que habíamos vencido al virus, en junio, o cuando animó a no tener miedo a los rebrotes, en julio. Hasta ahora, el optimismo no ha resultado efectivo como medida de combate contra el virus.

Así las cosas, creo que las herramientas de defensa para afrontar la nueva etapa contra la covid-19 van a ser necesariamente más laxas y que, como ya ha hecho el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el Tribunal Supremo no va a asumir, porque no procede, la decisión política que no ha querido adoptar el Gobierno y, consecuentemente, no va a haber nuevas restricciones a los derechos de reunión y libre movimiento, aunque se sigan regulando con celo muchas actividades lúdicas, deportivas o profesionales. Se va a producir una desescalada abrupta en el que las principales medidas de restricción decaen de una sola vez y sin saber la eficacia que ofrecen las que las sustituyan.

El Tribunal Supremo no va a asumir, porque no procede, la decisión política que no ha querido adoptar el Gobierno y, consecuentemente, no va a haber nuevas restricciones a los derechos de reunión y libre movimiento

 

Consecuentemente, la responsabilidad que Sánchez derivó hacia los presidentes de las comunidades autónomas y que ahora ha querido depositar en los jueces, recae finalmente en los ciudadanos, que somos ahora los únicos con capacidad de imponernos personalmente la prudencia necesaria para evitar contagios, rebrotes y una nueva expansión del virus en un momento en el que la vacuna permite mirar a los próximos meses con ese optimismo que necesitamos y que, a su vez, ha resultado tan poco eficaz para combatir al coronavirus

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