En el año 1986 se realizan los primeros registros respecto al número de personas en situación de pobreza severa en la CAE. 69.578 personas, un 3,3 % de la población, se encontraban entonces en situación de pobreza severa. Para el año 2008 este número se había reducido en un 4,4 %, hasta las 66.539 personas. Sin embargo, las diversas políticas de austeridad y contención del gasto público llevadas a cabo desde las instituciones públicas durante la última década no han sido capaces de paliar los efectos que la crisis financiera del año 2008 ha tenido sobre gran parte de la ciudadanía vasca. Las consecuencias de dicha crisis son todavía palpables entre la ciudadanía. 

Si analizamos la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales -en adelante, EPDS- que se publica bienalmente por el Gobierno vasco, observamos que a partir del año 2008 se da un aumento nunca antes visto en el número de personas en situación de pobreza severa, incrementándose un 57,5 % en tan solo 6 años y llegando hasta las 104.943 personas. Además, los datos del año 2020 permiten corroborar esta tendencia al alza, habiendo un crecimiento de un 26,87 % respecto a 2014 y de un 98,64 % respecto a 2008.

 

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no ha conseguido cumplir íntegramente sus objetivos y no evita que el 20,25 % de los hogares de la CAE se encuentren en riesgo de pobreza

 

Un análisis de la evolución de la economía en la CAE nos permite apreciar que desde el año 2004 el Producto Interior Bruto (PIB) ha tenido un incremento general muy significativo, con un incremento del PIB real entre 2008 y 2018 del 7,86 %. Por otro lado, y como cabría esperar, la tasa de desempleo ha tenido una correlación negativa respecto al crecimiento de la economía. Es decir, cuanto más crecía la economía, más disminuía la tasa de desempleo. Durante los años previos a la crisis de 2008 el pleno empleo era casi una realidad en la CAE, con tasas de desempleo que se situaban entre el 3 % y el 4 %. En el año 2009, por contra, se aprecia un cambio de tendencia y se observa la mayor subida interanual de la tasa de desempleo, pasando del 3,8 % al 8,1 % -incrementándose un 113,16 %-. Esta tendencia alcista de la tasa de desempleo se mantendrá hasta el año 2014 -llegando a sufrir un incremento de un 323 % en tan solo 6 años-, cuando vuelve a crecer la economía en positivo, llegando a situarse en el 16,1 %. Desde 2014 el descenso de la tasa de desempleo ha sido constante hasta el año 2019, cuando se situó en el 9,8 %. Durante el año 2020, sin embargo y debido a la pandemia de la COVID-19 y sus efectos económicos, ésta volvió a incrementar levemente hasta el 11,6 %.

No obstante, los datos corroboran que, pese a haberse observado una clara mejora en la CAE tanto en términos macroeconómicos como en términos de la tasa de desempleo desde el año 2014, los datos relativos al número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social no han seguido la senda descendiente y han empeorado significativamente. La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no ha conseguido cumplir íntegramente sus objetivos y no evita que el 20,25 % de los hogares de la CAE se encuentren en riesgo de pobreza según los datos ofrecidos por la Encuesta de Condiciones de Vida publicada en 2020.

Es importante señalar que de las 182.150 personas en riesgo de pobreza solamente el 70,2 % de las mismas fueron atendidas por el sistema RGI/PCV/AES en el año 2020, mientras que el 29,8 % restante no conseguía acceder al mismo. 

 

¿No va siendo hora, tras más de treinta años de experiencias -fallidas- con programas de rentas mínimas, avanzar en la protección universal de las personas frente a las políticas inspiradas en el asistencialismo?

 

El acceso al sistema RGI/PCV/AES en el año 2020, por su parte, viene asociado a una superación de la pobreza real en el caso de 60.647 personas, un 2,8 % de la población de la CAE. El 52,5 % de las personas que fueron beneficiarias del sistema -67.306 personas, el 3,1 % de la población de la CAE- y el 66,7 % de la población en riesgo de pobreza -121.503 personas, el 5,6 % de la población de la CAE-, por el contrario, no consiguieron superar la pobreza real a pesar del sistema RGI/PCV/AES.

¿No va siendo hora, tras más de treinta años de experiencias -fallidas- con programas de rentas mínimas, avanzar en la protección universal de las personas frente a las políticas inspiradas en el asistencialismo? El mayor reto para ello es político. Tal y como afirma Guy Standing en el epílogo del libro que recientemente he publicado, “Renta Básica: Una herramienta de futuro” (Editorial Milenio, 2021), la mayoría de los políticos tiene alma de espagueti. Es decir, no tienen mucho valor intelectual, pero sí entienden la presión. La cuestión, por tanto, es clara: ¿queremos la gente de a pie -tú y yo- un cambio? La última encuesta sobre renta básica a nivel europeo evidencia que sí lo queremos. Más de dos tercios -68%- de la ciudadanía de seis de las grandes economías europeas -Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y Portugal- de la ciudadanía europea votaría a favor de una renta básica. Presionemos. Pero esta vez, de verdad.