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El acuerdo alcanzado esta semana entre el Ministerio de Seguridad Social, sindicatos y patronal sobre la reforma de las pensiones es un documento tan optimista como los cálculos que presenta cualquier fraude piramidal. “El sistema es sostenible y lo estamos demostrando” decía un ufano Pedro Sánchez intentando trasladar seguridad a los pensionistas y a quienes lo serán en el futuro. Para Unai Sordo, de Comisiones Obreras, el acuerdo aporta “certidumbres” y para Mari Carmen Barrera, de UGT es “inteligente y equilibrado” sin necesitar pensiones privadas.

El contenido del acuerdo es muy variado, sin que ninguna de las medidas que se han adoptado pueda llegar a tener una gran influencia en la evolución de unas cuentas condicionadas por la pirámide de población y cuyo saldo negativo hace ya imposible su sostenibilidad sin aportaciones adicionales a las contribuciones laborales. De hecho, la Seguridad Social ha arrancado este año 2021 con una deuda contraída con el Estado de más de 100.000 millones de euros y cuyas perspectivas no pueden ir a la baja si tenemos en cuenta que comienza la edad de jubilación de todo el “baby boom”, que deja de cotizar para convertirse en perceptor.

 

Por tanto, si se sigue por este camino, el Estado seguirá asumiendo mediante deuda el déficit anual de la Seguridad Social sin poder reclamarle la devolución, ya que caería en quiebra

 

Por tanto, si se sigue por este camino, el Estado seguirá asumiendo mediante deuda el déficit anual de la Seguridad Social sin poder reclamarle la devolución, ya que caería en quiebra. Calificar esto de “sostenible” no puede ser fruto de la buena fe sino del propósito de mantener el engaño hasta que se produzca el “crack”.

En cuanto a las novedades financieras, la más significativa es la participación del Estado, por primera vez, en la asunción por vía de Presupuestos Generales del Estado de prestaciones de carácter contributivo. Esto significa que el Estado va a pagar no solo la parte no contributiva de las prestaciones de la Seguridad Social, como ya venía haciendo, sino que también algunas prestaciones que son derechos de los contribuyentes asegurados van a ser pagadas desde el Estado y no desde los presupuestos de la Seguridad Social.

 

Calificar esto de “sostenible” no puede ser fruto de la buena fe sino del propósito de mantener el engaño hasta que se produzca el “crack”.

 

Entre ellas están las prestaciones por nacimiento y cuidado de menores y la prestación en favor de familiares, además de otras muy dispares. Con esta decisión, aunque parcial aún, se abre una nueva vía para sufragar el coste de las pensiones, como es el pago directo del Estado de esas obligaciones que la Seguridad Social tiene contraídas con los trabajadores. Para algunos esta es la solución al problema, esto es, si las contribuciones de los trabajadores no son suficientes, que se paguen vía impuestos y asunto arreglado.

Sin embargo, el volumen del coste que esto representa no se enjuaga en una partida presupuestaria de aquellas de “Eso es poco, chiqui, eso es poco” que decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respecto al déficit público.

Para valorar el coste que tendría trasladar la deuda de la Seguridad Social a los presupuestos públicos resulta muy útil el artículo publicado en 'Crónica Vasca' el día 19 de abril y en el que Belén Ferreras indicaba que, solo en el País Vasco, la deuda de las pensiones alcanzó en 2020 los 4.186 millones de euros, lo que representa el 30% de los ingresos de las haciendas vascas. Esto es, que para afrontar la deuda de la Seguridad Social sin realizar recortes habría que aumentar los ingresos fiscales vía impuestos en un 30%.

 

Los nuevos pensionistas vascos reciben una pensión media superior a los 1.750 euros mensuales. Pero, en cualquier caso, la cuenta es desastrosa para cualquier hacienda pública que tenga que asumir ese desfase

 

Si se traslada el caso al conjunto de España la cuenta sale algo mejor, ya que el déficit vasco de la Seguridad Social está entre los más altos debido a que tenemos una población más envejecida y a que las prestaciones son superiores. De hecho, los nuevos pensionistas vascos reciben una pensión media superior a los 1.750 euros mensuales. Pero, en cualquier caso, la cuenta es desastrosa para cualquier hacienda pública que tenga que asumir ese desfase.

Sin embargo, la fórmula que se emplee para financiar el déficit no es irrelevante para los vascos. Hasta ahora, el hecho de que el déficit de la Seguridad Social se abonara con cargo a una cuenta de deuda entre la Seguridad Social y el Estado dejaba a las haciendas vascas al margen de su financiación, ya que, al tratarse de deuda, se supone que un día se recuperará. Consecuentemente, no entra en el cómputo de los gastos del Estado no transferidos y que se abonan con cargo a los cupos vasco y navarro.

Por el contrario, al comenzar a asumirse directamente por los Presupuestos Generales del Estado y al no estar sujetos a transferencia posible, el coste que las prestaciones contributivas deben de incluirse entre los capítulos financiados al 6,24% por las haciendas vascas. Esta nueva situación habrá de incorporarse en la próxima negociación del Cupo como elemento novedoso del año base y tendrá un efecto moderado en las cuentas vascas.

 

Esta fórmula es natural y se irá asumiendo, como lo tendrá que asumir la Hacienda del Estado y todas las que dependen de sus ingresos, la digestión será pesada

 

Otra cosa sería si este recurso a la financiación presupuestaria fuera creciente, como, a todas luces, parece irreversible. En ese caso, la cifra irá creciendo y, lo que hasta ahora quedaba al margen de coste alguno para los vascos, comenzará a tener relevancia. Esta fórmula es natural y se irá asumiendo, como lo tendrá que asumir la Hacienda del Estado y todas las que dependen de sus ingresos, la digestión será pesada.

Pero el problema añadido para las haciendas vascas está en la parte que queda pendiente en esa deuda contraída por la Seguridad Social con el Estado y que, como he señalado, supera los 100.000 millones y va seguir creciente, ya que la fórmula que se ha innovado es muy insuficiente para cubrir el déficit anual.

Si solo consideramos esa deuda de 100.000 millones, al País Vasco le corresponderían pagar 6.240 millones en el caso de que el Estado decidiera asumir como propia esa deuda, una cantidad que para una Hacienda con los ingresos que tienen las administraciones vascas es insuperable.

Pero si aún queda optimismo, hay una oportunidad para que los defensores de la exploración permanente de las posibilidades del Estatuto reivindiquen trasladar el déficit vasco de la Seguridad Social a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, toda vez que si la financiación se hace por la vía de los presupuestos públicos, y no por los de la Seguridad Social, ya no se puede seguir hablando, con rigor, de caja única.

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