Que bella es la palabra armonía; paz, concordia y entendimiento. Armonización, suena peor. Como cuando a ciertas palabras les añades “política”, se supone que no es uniformización, pero se le acerca. Un debate se ha lanzado al estanque de la política española, y las ondas han traído la palabra Concierto y Cupo.

Resulta curioso que los que quieren independizarse de España, pretendan centralizarla. Que los que pretenden ser confederales o federales, pretendan uniformarla. Y que los que siempre han defendido su autonomía fiscal, se la nieguen a los demás. Tan ridículo como cuando el PNV pretendía la independencia con el Pacto de Estella, pero que nadie pusiera en duda el Concierto Económico. ¿Y cómo vamos a armonizar, lo que ya estaba armonizado?

Cuando se aprobó en la Constitución el Estado de las Autonomías, no existían los mecanismos de financiación de estas. Durante muchos años, las autonomías no tuvieron ingresos claros y trasparentes, vivían de la subvención vía trasferencia de la Administración General del Estado, incluida la generosidad del PSOE; unas tenían unas competencias y otras no y ninguna tenía capacidad normativa sobre los impuestos. Ni siquiera las Diputaciones Forales, cuya capacidad normativa sobre el IRPF, Sociedades e IVA, era de limitada a inexistente.

Tan ridículo como cuando el PNV pretendía la independencia con el Pacto de Estella, pero que nadie pusiera en duda el Concierto Económico.

Aquel periodo de arbitrariedad y desigualdad en las competencias no acabo hasta 1992, cuando Gonzalez pactado con Aznar, trasfirieron a todas las autonomías, la educación y la sanidad. Pero Gonzalez no arregló la financiación.

Tuvo que ser la crisis de 1994, aquella que enseño el vertido de las tripas del Estado y de su Seguridad Social, la que llevo al primer Gobierno de Aznar a tres hitos principales en el desarrollo autonómico. Primero fue la igualación de competencias entre autonomías, salvando las singularidades forales y las de los Estatutos. Después, fue la coparticipación de las autonomías en los impuestos recaudados por la Administración General, con una capacidad normativa limitada sobre los mismos; finalmente, la capacidad de crear impuestos propios y su capacidad normativa. 

La Administración General del Estado, el Gobierno para el vulgo, garantizaba un porcentaje de participación en los impuestos recaudados. A partir de ahí, se desglosaba las competencias entre la AGDE y las Autonomías. Estas deberían decidir la distribución de sus competencias internamente (sus diputaciones y sus ayuntamientos). Todo el mundo tenía las competencias, todo el mundo sabía que competencias y financiación era de la AGDE , todo el mundo sabía lo que iba a cobrar , y todo el mundo tenía su capacidad normativa. Si querían creaban impuestos o no, o en su capacidad normativa lo subían o no. Bella armonía fiscal. Corría 1996.

Rato y Montoro al mismo tiempo que cerraban, desde 1981, un esquema de financiación definitivo y no arbitrario de las Autonomías, daban el espaldarazo definitivo al Concierto Económico y al Convenio con Navarra; llenándolo de capacidad normativa, alcanzando la paz fiscal y declarándolo indefinido y permanente. 

Si querían creaban impuestos o no, o en su capacidad normativa lo subían o no. Bella armonía fiscal. Corría 1996.

Desde 2002, es indefinido. Meta jamás soñada en el Pacto de Estella, aunque este es de 1998. Todo esto con el acuerdo de todas las CCAA. Se suponía un sistema estable, con corresponsabilidad fiscal, desde la lealtad y la colaboración institucional.

Por fin todos sabían sus competencias y sus dineros, lo que podían y no podían hacer, y las políticas fiscales que sus ciudadanos juzgarían. El mismo Gobierno dicto la primera Ley de Estabilidad Presupuestaria (2001), horrorizado de la herencia recibida. Un broche final para que todas las administraciones estuviesen controladas en su nivel de déficit y endeudamiento. 

Competencia, financiación, responsabilidad y con carácter indefinido. Se suponía que habíamos aprendido de la crisis.