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La reforma laboral de 2012 generó desde el primer momento de su aprobación una fuerte oposición desde los partidos de la izquierda y los sindicatos de trabajadores. En los últimos diez años, ha sido constante el mensaje enviado desde esas mismas fuentes reivindicando la necesidad de su derogación, que también ha sido objeto de compromisos electorales y compromisos parlamentarios.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno, sindicatos y patronal, y aprobado ya como Decreto Ley, no ha respondido a los anuncios que se venían haciendo y ha decepcionado a quienes aspiraban a la derogación de la normativa anterior, tampoco tiene el apoyo de las fuerzas parlamentarias que aprobaron la del Gobierno de Rajoy.

 

No en vano, somos el país con más tasa de desempleo, pero no somos el país con peores condiciones laborales

 

Tanto Euskalherria Bildu como el PNV, que se revelan como necesarios para su aprobación en el Congreso, se oponen al nuevo acuerdo por no blindar los convenios autonómicos y priorizar los de carácter nacional, que serían los aplicables en caso de desacuerdo. Los sindicatos vascos se oponen por eso y por muchas otras razones, las mismas que llevan diez años defendiendo.

El argumento de los nacionalistas parece que podría conducir a la pérdida de muchas oportunidades de los trabajadores vascos que en un determinado sector disfrutan de un convenio laboral más favorable para sus trabajadores que los convenios del resto de España, cosa esta muy frecuente, ya que aquí los salarios son más altos y las condiciones laborales son mejores.

 

Tanto EH Bildu como el PNV, que se revelan como necesarios para su aprobación en el Congreso, se oponen al nuevo acuerdo por no blindar los convenios autonómicos y priorizar los de carácter nacional

 

No obstante, la prioridad del convenio general no obsta para que se puedan lograr otros convenios laborales de cada una de las empresas que, siendo mejores que el general, se apliquen a sus trabajadores en función de las capacidades reales de esas empresas. En definitiva, que sean las posibilidades de la empresa las que marquen las condiciones de sus empleados partiendo de una base que sea común a todas las empresas españolas. 

Esto puede servir para que pervivan y se consoliden muchas empresas que de otro modo no estarían en condiciones de continuar su actividad. No hay ninguna razón por la que una empresa pueda sostener las condiciones de los convenios vascos solo por estar ubicada en Euskadi. A su vez, no hay ninguna razón para que una empresa ubicada en Euskadi no pueda mejorar las condiciones laborales de un convenio nacional.

De lo que estamos hablando es de si lo conveniente es asegurar la actividad económica y el empleo al que da lugar o priorizamos la calidad de las condiciones laborales, aunque ello dé lugar a un número menor de empleos.

 

No hay ninguna razón para que una empresa ubicada en Euskadi no pueda mejorar las condiciones laborales de un convenio nacional

 

Así, el acuerdo alcanzado parece buscar las oportunidades de empleabilidad, favorecer la contratación en lugar de dificultarla, que es, obviamente, lo que necesita el mercado laboral español.

Han sido quienes lideraron la derogación de la reforma de 2012 los que ahora se convierten en los mayores defensores de su estructura y su modelo. No está mal que hayan cambiado. Han pasado diez años desde entonces y los hechos han demostrado su eficacia. No se puede seguir con el mismo discurso de obstinada negación respecto a la bondad de estas medidas cuando gracias al actual marco laboral se han alcanzado los 20 millones de trabajadores y una extraordinaria recuperación del empleo tras la catástrofe pandémica.

El actual marco prioriza la creación de empleo sobre otras ventajas laborales que tampoco niega ni impide, pero que las relega a la posibilidad de que haya trabajo.

Es posible que no fuera la opción más adecuada en otros países, pero en España, donde el problema del desempleo es de tal magnitud que nos coloca en la peor posición de la Unión Europea, no creo que sea posible acertar actuando de otro modo. No en vano, somos el país con más tasa de desempleo, pero no somos el país con peores condiciones laborales.

 

El actual marco prioriza la creación de empleo sobre otras ventajas laborales que tampoco niega ni impide, pero que las relega a la posibilidad de que haya trabajo

 

En la actual refriega política, el Decreto Ley aprobado por el Gobierno se someterá a la votación en el Congreso y podría ser rechazado por falta de apoyos suficientes para salir adelante. Creo que hay ventajas en su aprobación, particularmente, la de la consolidación de un modelo que escogió facilitar la contratación en lugar de dificultarla, pero en caso de que no se apruebe, lo peor sería que continuarían las condiciones de la reforma de 2012, que no fue mala sino todo lo contrario.

Por ello, creo que, en esta ocasión, lo peor no es malo, al menos, no tan malo como que si se llegara a producir la derogación de un modelo de éxito que ha llevado a consolidarlo a quienes fueron sus principales detractores.

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