Cuando se afirma que el Partido Popular está incumpliendo la constitución al negarse a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, esto no es así. Tampoco cuando se dice que incumple la ley. Es difícil, de hecho, incumplir la constitución en lo que se refiere a la designación de los vocales del CGPJ, porque más escueta no puede ser al respecto: un par de artículos señalan que es el órgano de gobierno del cuerpo único que forman jueces y magistrados y que lo integrarán, además del presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, veinte miembros elegidos doce entre jueces y magistrados y ocho entre abogados y otros juristas. La única aclaración sobre la elección es que Congreso y Senado deben designar los ocho que corresponden a abogados y otros juristas por mayoría de tres quintos. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, época de mayoría absoluta del PSOE, fue la que estableció que no solo los ocho, sino los veinte vocales iban a ser elegidos por las cámaras mediante mayoría de tres quintos. Esta ley señalaba en su preámbulo que la decisión de que todos los miembros del CGPJ fueran elegidos por las Cortes y mediante mayoría muy cualificada obedecía a dos principios. En primer lugar, al hecho de que se trata del órgano que gobierna un poder del Estado, requiriendo, por tanto, la intervención democrática de la sociedad y, en segundo lugar, que esa selección contara con un amplio consenso (tres quintas partes de las cámaras), evitando que una sola tendencia política se hiciera con el gobierno del poder judicial.

El PP, por lo tanto, no incumple ni la constitución ni la ley bloqueando la renovación de este órgano constitucional de incuestionable relevancia para el correcto funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Simplemente usa de ambas, de la constitución y de la ley, para evitar que unos nuevos vocales inclinen la sensibilidad política de este órgano del lado que indicaron las elecciones generales de 2019. Sería por tanto más exacto decir que el PP está politizando plenamente el órgano constitucional que gobierna el cuerpo único de jueces y magistrados a quienes la constitución atribuye el poder judicial.

Resulta de este modo que la razón que con más ahínco esgrime este partido para negarse a renovar el CGPJ (que es necesario despolitizarlo) queda en nada precisamente porque eso es lo que lleva haciendo desde el año 2018: utilizando todo el ancho de banda de la constitución y la ley para politizar en su favor este órgano constitucional. En esto si ha habido algún cambio con la llegada del nuevo líder  Alberto Núñez Feijoo ha sido a peor, siendo a día de hoy muy escasas las posibilidades de que el PP de Feijoo proceda a despolitizar el CGPJ. A nadie se le escapan las razones políticas para ello, así como las que tienen que ver con causas muy importantes que aún afectan a este partido.

Podría quizá pensarse que la derecha española es plenamente sincera cuando argumenta que su negativa a renovar el Consejo obedece a su afán por hacer del mismo un órgano de exclusiva designación por parte de jueces y magistrados. Es muy discutible si tal cosa es conveniente cuando estamos tratando del único órgano constitucional de gobierno de uno de los poderes del Estado, pero más discutible aún es la sinceridad del PP cuando usa dicho argumento para negarse a renovar este órgano. 

O bien se incumple la ley o bien se fuerza por adelantado la voluntad política de las cámaras para hacerlo, arrancando un compromiso que ni es justo ni, desde luego, democrático.

En el año 2013 este partido contaba, como el PSOE en 1985, con una mayoría absoluta. Podía legislar, y lo hizo, a su gusto y desarrollando plenamente su programa e intención política. Por ejemplo, podía cambiar con su mayoría la Ley Orgánica del Poder Judicial, y lo hizo precisamente para reformar el libro VIII, que regula el CGPJ. El preámbulo de esta ley señalaba respecto de la elección de sus vocales expresamente que: “se ha diseñado un sistema de elección que, por un lado, garantice la máxima posibilidad de participación en el proceso de todos y cada uno de los miembros de la carrera judicial, estén o no asociados, y que, por otro, atribuya al Congreso y al Senado, como representantes de la soberanía popular, la responsabilidad de la designación de dichos Vocales”. 

Esto en 2013, cuando una mayoría parlamentaria holgada auguraba una elección segura de un Consejo con una sensibilidad política acorde con lo que había querido la sociedad española en 2011, es decir, de mayoría conservadora, valía esa ley. Lo mismo, sin embargo, no vale cuando la mayoría previsible es otra porque la sociedad española así lo decidió en 2019. Para oponerse a que el órgano que regula el poder judicial refleje una inclinación política que no sea a la derecha, el PP, con Feijoo con más insistencia aún, exige a las cámaras que incumplan… la reforma de la ley que el propio PP aprobó en 2013. El mantra es que si no se reforma la manera de elegir el Consejo, este no se renueva. Dicho de otra manera, o bien se incumple la ley o bien se fuerza por adelantado la voluntad política de las cámaras para hacerlo, arrancando un compromiso que ni es justo ni, desde luego, democrático. La pregunta clave en este laberinto que ha diseñado el PP es, entonces quién politiza realmente el CGPJ.