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Las medidas para la reforma del mercado laboral fueron aprobadas por el Gobierno Rajoy a los 50 días de su toma de posesión. La urgencia de aquella decisión se basada en un profundo deterioro del mercado laboral en España. Si siempre habíamos adolecido de profundos desequilibrios, la crisis de 2008 y la posterior depresión, habían elevado el paro hasta los 5.273.600 desempleados con los que Zapatero dejó el Gobierno. España había sido el país que había destruido más empleo y con mayor rapidez de toda la Unión Europea.

Las aportaciones de la reforma laboral tuvieron una indudable eficacia y revirtieron la situación hasta el punto contrario, esto es, que España fuera la economía de la UE en la que más empleo y con mayor rapidez se creaba. El resultado fue que por primera vez en su historia, España contaba, durante la vigencia de esta nueva legislación, de más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social.

 

La derogación de la reforma laboral fue el lema con el que la oposición se manifestaba como argumento suficiente en todo lo que tuviera que ver con el empleo

 

Nada de esto evitó que la oposición mantuviera su opinión respecto a unas medidas que habían sido rechazadas desde el mismo momento de su aprobación y que constituyeron uno de los principales argumentos esgrimidos por la izquierda contra la labor del Gobierno. La derogación de la reforma laboral fue el lema con el que la oposición se manifestaba como argumento suficiente en todo lo que tuviera que ver con el empleo. 

Promesa electoral, promesa en la moción de censura, promesa en pactos con socios parlamentarios, promesa en la negociación sindical y promesa en arengas mitineras de toda especie. Sin embargo, han transcurrido ya 1300 días desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y no se ha cambiado una coma de aquellas impopulares medidas que adoptó Rajoy desde la convicción de su necesidad para crear empleo en España.

1.300 días, esto es, 26 veces más de lo que necesitó Fátima Báñez para aprobarlas, lleva el Ministerio de Trabajo dando vueltas a su derogación. 

La crisis del coronavirus demostró que la utilidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy alcanzaban más allá de las circunstancias previsibles y ha sido eficaz también en las imprevisibles, como ha sido esta inusitada crisis económica y sanitaria. La aplicación de los ERTE ha aliviado la situación de muchos trabajadores y ha permitido la continuidad de muchas  empresas que, de otro modo, hubieran tenido que cerrar, causando un daño irreparable a miles de familias de trabajadores y al tejido industrial.

 

Han transcurrido ya 1300 días desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y no se ha cambiado una coma de aquellas impopulares medidas que adoptó Rajoy

 

La indefinición del Gobierno de Sánchez y Díaz viene desde antes de la pandemia, de otro modo, hubieran podido cambiar las normas antes del desencadenante de la crisis sanitaria. Ahora, tras la dura prueba vivida en la pandemia, la validez de la actual legislación se ha reforzado y ha demostrado su capacidad de regir la normativa laboral en muy difíciles circunstancias. Su último éxito, la recuperación de los 20 millones de trabajadores afiliados a la seguridad social a pesar de las complicaciones que aún subsisten como efecto de la crisis y a la subida del salario mínimo interprofesional, que también ha encarecido el empleo.

No cabe duda de que la prudencia del Gobierno y del Ministerio de Trabajo no se pueden deber a la desidia, cuando hicieron de la causa de la derogación el objetivo primero de su tarea de Gobierno. Sin duda, una reflexión menos mitinera de la situación laboral en España les ha hecho ver que un retorno al anterior modelo podría romper la racha del crecimiento, que se basa en dar seguridad al trabajador sin desincentivar la voluntad de contratación del empresario.

Con las tasas de paro que hay en España, creer que la forma de generar empleo consiste en complicar la contratación es no ver lo que hay delante. Si hay tanto paro se debe a la dificultad de lograr rendimientos económicos suficientes para sufragar la contratación, por lo que esta se reserva para empleos que ya están probados como generadores de valor añadido para la empresa. 

 

Con las tasas de paro que hay en España, creer que la forma de generar empleo consiste en complicar la contratación es no ver lo que hay delante

 

En los nuevos discursos ya no se habla de derogación sino de ajustes, que algunos consideran “descafeinados” al mantener la parte troncal de la reforma de 2012. Se anticipan reformas “equilibradas”. Es bueno que el actual Gobierno, tras 3 años, 6 meses, y 20 días ejerciendo esa responsabilidad, haya dudado de sus compromisos y haya preferido no dañar el mercado laboral español. Es de suponer que prefiere contradecirse en sus reiteradas promesas que fracasar en el principal problema económico de España, el desempleo.

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