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Aunque ya muy antiguo, el fraude de los falsos autónomos ha saltado a la actualidad a raíz de la "ley rider", que pretende hacer frente al uso masivo de trabajadores sin nómina por parte de empresas como Glovo o Just Eat. La denominación utilizada parece haber centrado el problema en los repartidores de comida, pero lo cierto es que es una práctica muy extendida entre compañías e instituciones de todo tipo.

Por resumir, consiste en llegar a un acuerdo con un autónomo para que realice un trabajo similar al que haría un empleado por cuenta ajena. Así, la empresa que le contrata no tiene que cotizar a la seguridad social por él, le puede despedir en cualquier momento y le puede forzar a realizar tareas más o menos desagradables a precios inferiores a los de una persona en nómina.

Como el fraude es muy descarado y relativamente fácil de detectar, muchas organizaciones empezaron hace tiempo a enmascararlo un poco a través de estructuras societarias. Es este tercero el que paga a los autónomos y el promotor del invento se limita a subcontratar a la nueva empresa. Se producen entonces dos fraudes: el del uso de falsos y autónomos y el conocido como cesión ilegal de trabajadores.

 

Como el fraude es muy descarado y relativamente fácil de detectar, muchas organizaciones empezaron hace tiempo a enmascararlo un poco a través de estructuras societarias



Este último caso es muy habitual en compañías de outsourcing, que alquilan personas por días u horas para que trabajen en las oficinas del cliente. El sistema ha funcionado durante años sobre la base de que los afectados, los cuerpos alquilados, no se quejarían. Pero en los últimos años cada vez son más los que llevan su caso a los tribunales, dado que casi siempre terminando ganando y acaban convirtiéndose en empleados fijos.

Así, recientemente Bilbaotik, una sociedad dependiente del Ayuntamiento de Bilbao, ha tenido que contratar a varios empleados de la consultora informática Deusto Sistemas que realizaban, según reza la sentencia, "iguales tareas que sus trabajadores". Hacían lo mismo pero cobraban mucho menos y tenían menos días de vacaciones y un horario más largo que los funcionarios.

A los informáticos no se les puede contratar como autónomos porque al ser una profesión con pleno empleo, no sería sencillo encontrar candidatos. Pero otro gallo canta en sectores donde abunda la demanda de empleo y escasea la oferta, como en el periodismo. De ahí que uno de los principales casos de uso de falsos autónomos lo haya protagonizado EITB. Este ente público tuvo que regularizar en 2019 a más de 50 periodistas por los que no cotizaba pero que desarrollaban trabajos similares a los de la plantilla. Los sindicatos se les echaron encima y ganaron todos los casos.

Algo parecido ocurrió con M4F, una sociedad participada por EITB cuyos empleados realizaban gran parte del mantenimiento técnico y de contenidos de las webs del grupo. En este caso, se había producido también una cesión ilegal de trabajadores por lo que el ente fue condenado a integrarlos a su plantilla con las mismas condiciones que los demás, que son bastante mejores que la media del sector.

 

De ahí que uno de los principales casos de uso de falsos autónomos lo haya protagonizado EITB. Este ente público tuvo que regularizar en 2019 a más de 50 periodistas por los que no cotizaba pero que desarrollaban trabajos similares a los de la plantilla



Pero estas circunstancias no solo afectan a las sociedades públicas, que normalmente se ven más afectadas por la presión sindical. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo, que confirma una anterior del Superior de Justicia del País Vasco, condena a la empresa guipuzcoana Industrias Auxiliares (Indaux) tanto por usar autónomos dependientes, en este caso cooperativistas, como por cesión ilegal de trabajadores.

Las dos afectadas eran socias desde 2002 de Herrajes Aya, una cooperativa cuyo único cliente era el fabricante de herrajes y cerraduras de Getaria. Indaux les facilitaba tanto la maquinaria como el material y les compraba toda la producción, que debía entregarse en plazos previamente establecidos.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social de Donostia determinó que no había cesión ilegal de trabajadores, pero el Superior de Justicia revocó esta sentencia al entender que se estaba enmascarando "una relación laboral". Como consecuencia de todo ello, Indaux ha tenido que incorporar a su plantilla a las dos cooperativistas. Es muy probable que ahora el resto de sus ex compañeros sigan el mismo camino judicial.

Esta firma de Getaria gestada en 1962 ha crecido mucho en los últimos años, tanto con su negocio convencional como con la incorporación de nuevas actividades como la alimentación (Okin y Urkabe) o la construcción (Gaztetape). La matriz factura más de 50 millones al año vendiendo el 80% de su producción fuera de España a clientes como Ikea.

Hace diez años Indaux estuvo implicada en un extraño desfalco de 20 millones de euros en el que su antiguo director financiero utilizó sociedades localizadas en paraísos fiscales. Los propietarios, cinco familias guipuzcoanas, demandaron al gestor por sacar ese dinero de las arcas de la compañía y, aunque consiguieron que fuera condenado, no consiguieron recuperar la mayor parte del importe, que por otra parte aparentemente no figuraba en la contabilidad de la empresa.

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