La consejera de Sanidad del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, recibía esta semana un nuevo varapalo judicial: la justicia decidía mantener las medidas cautelares fijadas el pasado 4 de noviembre que paralizan el traslado de la cirugía cardiaca del Hospital de Basurto, en Bilbao, al de Cruces, en Barakaldo. Para ello, la Audiencia Provincial de Álava rechazaba las alegaciones presentadas por Osakidetza. Antes de saberse esto, 36 de los 38 jefes de servicio del primer hospital citado publicaban una carta en los medios para arremeter contra las "falsedades" de las que culpan a Sagardui. 

Por si ese problema fuera poco, también esta semana Sanidad anunciaba un cambio en el protocolo de maternidad que trae causa del célebre robo de un bebé precisamente en dicho centro hospitalario. No puede olvidarse que desde Osakidetza siempre se negaron fallos en dicho rapto. Afirmaciones que la citada modificación rebate. Todas estas cuestiones confluyen, junto a otras como la tardanza en las citas o los problemas en atención primaria, en una sensación cada vez más extendida en la sociedad vasca: el deterioro de Osakidetza. Dicho deterioro tiene muchas causas, es innegable, pero la responsable política solo es una.