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El poder judicial no es un poder político. Es un poder del Estado, pero no es político porque su actuación se basa únicamente en el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sin que pueda ejercer más funciones que esa y las que le señalen las leyes para garantizar los derechos. Ello quiere decir que los jueces y magistrados deben actuar profesionalmente sin que su ideología política sea un criterio ni tan siquiera mínimamente atendible. El ideal, para entendernos, sería que consiguieran ser vistos a los efectos de juzgar como una médico cuando diagnostica y prescribe tratamiento. ¿Alguien pregunta antes de un trasplante por la ideología del equipo que lo va a hacer?

En todo lo que ha tenido que ver con el proceso y condena de los políticos catalanes que cometieron graves delitos el Tribunal Supremo ha observado, a mi juicio, una inapelable y, si no fuera un absurdo, diría que hasta exagerada escrupulosidad. Incluyo en ello la más reciente respuesta a la cuestión planteada desde el Gobierno acerca de la posibilidad de conceder algún tipo de indulto a los condenados por ese Tribunal. En su informe considera, por un lado, las peticiones de gracia que han provenido de personas y organizaciones varias para advertir que su fundamento es completamente erróneo, pues la sentencia no fue injusta, y que su finalidad no podría ser más espuria: convertir al Gobierno en una especie de tribunal de casación por encima del Supremo que venga a corregir una supuesta injusticia. En segundo lugar, toma nota de que solamente dos de los condenados han contestado a su requerimiento de pronunciamiento al respecto, reiterando su convencimiento de haber actuado justamente y su voluntad de que volverían a hacer lo mismo.

Su finalidad no podría ser más espuria: convertir al Gobierno en una especie de tribunal de casación por encima del Supremo que venga a corregir una supuesta injusticia

La última parte del parecer del Supremo es la más comprometida para el Gobierno pero, a mi entender, también es la que deja la cuestión en el campo donde exclusivamente debe estar a partir de este momento. Es así mismo la parte de este informe que es menos aséptica políticamente. No le hacía ninguna falta al Supremo hacer siquiera referencia al dislate de la Fiscalía que quiere hacer extensiva al Parlamento y más allá la prohibición constitucional de autoindulto del Ejecutivo. Pero sí hace muy bien en situar la cuestión en dos niveles, el de la equidad y la justicia por un lado y el de conveniencia por el otro. Ya se ha pronunciado sobre lo primero y lo ha hecho con los datos de que dispone: no ve razones desde su competencia judicial para la concesión.

Pero eso no quiere decir que no las haya desde el otro punto de vista, el de la conveniencia. Valorar esta es algo que no compete al oder judicial, ajeno como es a la política, sino al poder ejecutivo con el habitual control del legislativo. La oposición hará bien en solicitar las comparecencias y plenos que estime oportuno y en controlar milimétricamente lo que haga el Gobierno, pero la decisión política sobre la conveniencia de una medida de esta envergadura es algo que debe decidir ese órgano en exclusiva. No porque lo diga la Constitución, que no lo dice, sino porque la Ley de que disponemos, de 1870 modificada en 1988 (a iniciativa de Felipe González), establece que el “derecho de gracia” que corresponde al rey que lo ejerce por Real Decreto, es decir, mediante una decisión del Consejo de Ministros.

 Sí hace muy bien en situar la cuestión en dos niveles, el de la equidad y la justicia por un lado y el de conveniencia por el otro

Esto significa que a partir de ahora no ya el Ejecutivo sino especialmente su presidente queda solo ante el peligro. Es, a este respecto, el único político, como se decía antiguamente de los reyes. Sin red, deberá decidir en primer lugar si otorga el indulto a esas personas y hasta qué punto. Con el informe en contra del tribunal que sentenció (lo cual es lo más habitual) solo podrá ser parcial, pero la ley le da amplio margen. Eso solo será el comienzo, sin embargo, pues a partir de ahí vendrá la demostración de que el criterio político de la conveniencia era oportuno. Si ello sirve para encauzar de manera legal y razonable el follón catalán, habrá acertado y si no, no. Además de las responsabilidades políticas que tenga ahora por oportuno exigirle la oposición, que para eso está entre otras cosas, será la sociedad la que realmente residencie al presidente del gobierno por lo que decida ahora.

Si ello sirve para encauzar de manera legal y razonable el follón catalán, habrá acertado y si no, no.

Lo que no tiene ni pies ni cabeza es acusar por adelantado al Gobierno de tomar una decisión política en este caso, porque tanto el otorgamiento como la denegación del indulto lo son. Nada más que política hacían otros presidentes cuando tomaron decisiones de este tipo, como, por ejemplo, Felipe González y José María Aznar al indultar a golpistas o terroristas. Lo hicieron porque su criterio político les indicaba razones de conveniencia pública para ello, tan discutibles como las que tenga el presente ejecutivo. La política puede tener razones que la justicia desconoce, como han demostrado todos y cada uno de los gobiernos que hemos tenido desde 1978. Cuando el PP y Vox amenazan con los jueces al Ejecutivo por tomar decisiones políticas creo que no estaría de más algún pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial recordándoles cuál es el lugar  de jueces y magistrados entre los poderes del Estado. Ese uso impropio sí que compromete, y de lleno, su independencia.

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