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Era el mes de agosto del año pasado, disfrutábamos del primer verano de la pandemia después de haber vivido una experiencia común que no habríamos podido imaginar ocho meses antes cuando nos deseábamos lo mejor para el año que empezaba. Ese mes de agosto, un grupo de prestigiosos y prestigiosas científicas e investigadoras solicitaron una “evaluación independiente e imparcial, por un panel de expertos internacionales y estatales” sobre la gestión del coronavirus en España, según una carta que publicaron en la revista médica y científica 'The Lancet'.

La investigación, según este grupo de veinte científicos, debía centrarse "en las actividades del Gobierno central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas", y debía incluir "tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico, y capacidad operativa".

 

Incorporar la evaluación en la gestión de las políticas públicas supone contar con una unidad impulsora de la evaluación dentro de la Administración

 

Los investigadores firmantes decían en su carta que esta evaluación "no debía concebirse como un instrumento para distribuir la culpa. Más bien, debía identificar áreas en las que la salud pública, y el sistema de salud y asistencia social debían mejorarse". Para eso era importante que, además se considerase en la evaluación cuáles habían sido las circunstancias sociales y económicas que habían contribuido a hacer que España fuese uno de los países más vulnerables.

En el mes de septiembre del año pasado, no sabemos si como consecuencia del eco mediático que tuvo la demanda científica de evaluar la gestión de la pandemia, Pedro Azpiazu, consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, anunciaba en una entrevista en 'El Boulevard' de Radio Euskadi, la creación de una Unidad de Evaluación de Políticas Públicas dentro del departamento de economía y hacienda del Gobierno vasco. Más allá de que hubo quién consideró que su dependencia de economía y hacienda no era la mejor ubicación posible, el anuncio fue aplaudido como una medida imprescindible para mejorar en la gestión de políticas públicas, en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas. Un buen paso adelante, si no fuese porque nada más se supo sobre el funcionamiento de esta unidad y sus ámbitos de actuación, un año después se desconoce su estructura y su funcionamiento.

 

Incorporar la cultura de evaluación es mucho más que hacer autocrítica: es método, es tiempo, son recursos y es un compromiso por el aprendizaje y la mejora en la gestión

 

Este martes, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció el fin de la emergencia sanitaria, que ponía fin a prácticamente todas las restricciones. Durante su comparecencia se comprometió a hacer un balance completo y a asumir la autocrítica. Pero incorporar la cultura de evaluación es mucho más que hacer autocrítica: es método, es tiempo, son recursos y es un compromiso por el aprendizaje y la mejora en la gestión.

Incorporar la evaluación en la gestión de las políticas públicas supone, tal y como ha recomendado la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) en un estudio que acaba de hacer para la Junta de Castilla y León, contar con una unidad impulsora de la evaluación dentro de la Administración. Una unidad de evaluación con la que parece que ya cuenta el Gobierno vasco que, bajo estrictos indicadores de evaluación (sustentados en análisis cuantitativos y cualitativos), evalúe las decisiones que se tomaron, el impacto de la pandemia en diferentes colectivos (cuáles fueron los grupos más vulnerables y los diferentes niveles de afectación), los recursos que se invirtieron, la capacidad de reacción y respuesta del sistema de salud, los mecanismos de coordinación, etc. Solo así podremos mejorar y estar mejor preparados para la siguiente pandemia.

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