Es difícil gestionar peor el rédito político que puede aportar la mayor OPE de estabilización en las últimas dos décadas. El Gobierno primero amagó con dejar a un lado a los profesores que fuesen expertos en su materia pero que no supiesen euskera -los sindicatos le hicieron dar marcha atrás- y ahora el Ejecutivo vuelve a demostrar su insistencia en priorizar al euskera por delante de todo. Nadie niega que hay que defender el tesoro lingüístico que suponer tener un idioma milenario que ha llegado vivo a la Euskadi de 2022, pero algo falla cuando solo el 4% de los funcionarios consiguen acreditar sus perfiles lingüísticos. La queja no llega solo desde un PP que lleva meses pidiendo adecuar las exigencias de euskera a la realidad lingüística de una comunidad autonóma donde su uso solo ha crecido en un 1,8% en 33 años; también lo piden los sindicatos. Lakua debería reflexionar sobre su política lingüística salvo que realmente se suscriba aquello que deslizó Egibar de que el euskera es lo que nos hace vascos.