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La escalada inflacionaria de la economía española, que ha alcanzado un interanual del 9,8%, nos hace a todos más pobres. Concretamente, un 9,8% más pobres en el caso de haber sostenido unos ingresos constantes. La cantidad es muy importante y muy notable; tanto que resulta fácil para cualquier consumidor enumerar una sucesión de productos que resultan más caros. La única solución para paliar ese empobrecimiento sería la elevación de los ingresos, pero eso resulta difícil en cualquier escala.

Subir los costes laborales en el IPC más un punto o medio punto se hace ahora insostenible para muchas industrias

Lo que hemos venido conociendo desde la entrada en el euro es una inflación muy contenida que no representaba pérdida de capacidad adquisitiva de forma notable y que, además, era compensada con la elevación de los salarios por encima de la subida de los precios. A su vez, los beneficios empresariales también disfrutaban de la baja inflación tanto por la contención de los insumos necesarios para la producción como por los bajos tipos de interés que obtenían para su financiación.

Pero, en este momento, la situación es otra y España se distingue de las grandes economías europeas por la virulencia de la inflación, que no había tenido una tasa tan elevada en los últimos 37 años.

La elevación de los salarios en la misma proporción se hace muy difícil. Subir los costes laborales en el IPC más un punto o medio punto, como ya tenían acordados algunos convenios laborales hace varios meses, se hace ahora insostenible para muchas industrias. Ese encarecimiento de un elemento tan importante de la producción como son los salarios podría conducir a las empresas a la pérdida de competitividad de sus productos o a obtener saldos de inversión negativos.

Pero, a su vez, si no es la empresa la que soporta esas pérdidas de capacidad adquisitiva, la asumirán los trabajadores, por lo que siempre va a haber alguien que pierda y, consecuentemente, sea más pobre. El pacto de rentas consiste en una fórmula que sirva para repartir la pobreza en lugar de repartir los beneficios, como se venía haciendo hasta ahora. Desde luego, es poco alentador, ya que una disminución de la capacidad de gasto también va a afectar a la economía en cuanto a que se va a reducir el consumo y, como consecuencia de ello, los ingresos por las ventas.

Todo un círculo vicioso que empeorará las condiciones de empresas y trabajadores. Los gobiernos, tanto el español como el vasco, se han apresurado a la disposición de ayudas públicas para mitigar los efectos de esta situación, pero el coste de esas ayudas no va a caer del cielo, sino que habrán de ser los trabajadores y empresas quienes sufraguen con sus impuestos las ayudas que van a recibir, por lo que se aumentará la presión fiscal y, en su caso, el déficit y la deuda.

Al mismo tiempo, la subida de la inflación subirá los costes de financiación, hecho que ya se está produciendo, elevando el coste de la factura de la deuda y reduciendo la capacidad de los gobiernos para canalizar el dinero público hacia la economía, ya que irá crecientemente hacia el pago de la deuda.

La otra alternativa, la de la moderación del gasto público para evitar cargar sobre el sistema económico y, particularmente, sobre los trabajadores el coste de las medidas económicas, o no se ha pensado o se ha despreciado inmediatamente.

Quienes no trabajan van a ver mejoradas sus retribuciones mientras que quienes sí trabajan las van a ver disminuidas

Fíjense que mientras se recomienda repartir la pobreza entra trabajadores y empresas mediante el pacto de rentas, el Gobierno sostiene la subida de las pensiones en el porcentaje que no recomienda para la economía real.

A la vez que pide contención en los salarios para que los costes no se transmitan adicionalmente a los precios, el Gobierno ha aprobado la subida del Ingreso Mínimo Vital para 2022 en un 15%.

Por tanto, mientras que la economía productiva tiene que ajustarse los ingresos y va a perder capacidad económica, las retribuciones procedentes del Gobierno van a subir en ese 9,8% para los pensionistas y en un 15% para los beneficiarios del IMV. En suma, que quienes no trabajan van a ver mejoradas sus retribuciones mientras que quienes sí trabajan las van a ver disminuidas.

Todo ello con la justificación de que el Gobierno lo hace pensando en quienes más lo necesitan, pero en esta evolución del sistema habrá que ver quiénes son realmente quienes más lo necesitan, ya que hay más de un millón de autónomos que gana menos que el salario mínimo interprofesional y son muchísimos los trabajadores que ganan por debajo de los 1.243 euros a los que van a tener derecho muchos de los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital después de esta última subida.

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