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El anuncio por parte del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de medidas para paliar el efecto de la guerra puede resultar más exacto de lo que se pudiera pensar. Las medidas anunciadas servirán para reducir levemente la carestía de los combustibles y algunos otros bienes básicos, pero no va a resolver el problema global de la carga inflacionaria que estamos padeciendo sino solo superficialmente.

Por ello, tal vez sirva para evitar el efecto causado por la guerra, pero no todos los demás que habían llevado a que la inflación interanual antes de la invasión de Ucrania estuviera ya por encima del 7%.

El problema inflacionario, pese a que el Gobierno de España y otras instituciones europeas lo quieran identificar como un hecho ocasional y pasajero, se debe a causas estructurales que no se resuelven con un plan trimestral sino que requiere de decisiones mucho más sólidas que, en buena medida, debieran de haberse aprobado hace años o, más aún, hubieran requerido que el Gobierno no adoptara determinadas decisiones como, por ejemplo, la supresión de las exploraciones de gas o la moratoria nuclear. En el primero de los casos nos hubiera permitido no tener tanta dependencia de los suministradores extranjeros de gas y, la segunda, de disponer de energía eléctrica constante y a bajo precio. 

 

El problema inflacionario se debe a causas estructurales que no se resuelven con un plan trimestral sino que requiere de decisiones mucho más sólidas

 

Las decisiones que se adoptaron en ambos casos han conducido a que los daños medioambientales que pudieran derivarse de ellas no se cometan en España sino en países vecinos, lo que alivia mucho a algunas conciencias, pero no a la salud del planeta, que no advierte si los pinchazos son más al norte o al oeste. La medida correcta, si de verdad es una preocupación cierta, pasaría por vetar la importación de energía nuclear de Francia y de gas de Argelia y permitir solo la captación de energías sostenibles, lo que hubiera agravado, aún más, el coste energético español, que ya es de los más caros de Europa.

Fíjense, no obstante, que la generosidad del Gobierno, que reembolsa parte del coste energético, o limita la subida de alquileres al dos por ciento, se hace, principalmente, con el dinero de otros.

 

La medida correcta, si de verdad es una preocupación cierta, pasaría por vetar la importación de energía nuclear de Francia y de gas de Argelia y permitir solo la captación de energías sostenibles

 

Así, la devolución de 15 céntimos por litro de combustible, se hace después de haber cobrado a los consumidores una cantidad muy superior mediante el impuesto de hidrocarburos y el IVA, los otros cinco céntimos se los ha endosado a las compañías gasolineras. Del mismo modo, la limitación al dos por ciento de la subida de los alquileres que se actualicen los próximos tres meses, además de ser un tanto absurda, deposita sobre los propietarios de vivienda el coste de la decisión. 

La medida va en contra de los contratos privados, que, ordinariamente, vinculan la actualización de los alquileres a la subida del IPC. A su vez, es injusto para los propietarios que van a tener que asumir los costes de la subida de los gastos de comunidad, que también están relacionados con los costes energéticos. La decisión desincentiva la oferta de viviendas en alquiler, lo que, al contraer el mercado disponible, va en contra del propósito de aliviar los alquileres.

En su conjunto, el Gobierno pretende que quienes costeen las medidas sean otros y librarse así de una minoración de sus ingresos tributarios. El déficit y la deuda del Estado están por todo lo alto y solo hay dos formas de contenerlos, ajustar el gasto público o subir los impuestos. Por si alguien no sabe cuál es la solución escogida por el Gobierno les recuerdo que la “paguita” del Ingreso Mínimo Vital se eleva para este año en un 15%.

 

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