Durante este martes y miércoles, un grupo de expertos de las naciones pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio (OMC) han debatido si, tal y como desde hace más de 7 meses llevan pidiendo India y Sudáfrica, se decide liberar temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Dos días de debate y 11 discusiones previas sobre la materia para que la conclusión principal sea un acuerdo de los países de la OMC para seguir negociando sobre la liberación de las patentes. Y es que, como se suele decir popularmente, para este viaje no hacían falta tantas alforjas.

El resultado, aun sin sorprender y siendo un paso adelante, es totalmente insuficiente. Y digo que no sorprende porque, si bien la administración Biden apoya la propuesta de liberalizar temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19, tanto la Unión Europea como Suiza, Noruega o Reino Unido -sedes de algunas de las empresas que fabrican parte de estos fármacos- no la ven con buenos ojos.

Es paradójico que el debate sobre la liberalización de las patentes, que permitiría pasar de producir 12 millones de vacunas diarias a 60 millones, se debata en el seno de la OMC. ¿Por qué una medida que afecta a la salud de millones de personas se toma en base a intereses comerciales y no en base a intereses sanitarios? La evidencia nos ha permitido constatar que la vacunación es la mejor protección que tenemos ante la pandemia. Desde el punto de vista sanitario, indudablemente, pero también desde el punto de vista socioeconómico. Sin embargo, unas pocas empresas privadas, las cuales han recibido casi 5.000 millones de euros de dinero público para la investigación, se están lucrando y ganando ingentes cantidades de dinero a la vez que impiden la producción masiva y asequible de las vacunas.

 

Es paradójico que el debate sobre la liberalización de las patentes, que permitiría pasar de producir 12 millones de vacunas diarias a 60 millones, se debata en el seno de la OMC

 

En la actualidad, el 15% del planeta concentra el 45% de las vacunas contra el coronavirus. Es una realidad patente que corremos el riesgo de tener un mundo partido en dos: el vacunado y el pendiente de vacunar. El 87% de las personas vacunadas son de países ricos mientras que en los países más pobres apenas se ha conseguido vacunar al 0,2% de la población. Son precisamente éstos quienes más fuertemente se agarran a la idea de conseguir una suspensión temporal de las patentes. Un paso fundamental para poder así aligerar su proceso de vacunación, pero también para tratar de controlar lo máximo posible la aparición de nuevas variantes que reduzcan la protección que ofrecen las vacunas actualmente.

Por lo que no son solo razones éticas y humanitarias las que justifican la liberación de las patentes y la búsqueda de una solución efectiva a la desigual campaña de vacunación, sino también el aumento exponencial del riesgo de aparición de nuevas mutaciones cuando el virus circula de forma descontrolada en poblaciones con tasas de vacunación muy bajas. No es casualidad que las variantes que actualmente más nos preocupan se hayan originado o hayan sido expandidas desde regiones que sufrieron contagios masivos, como pueden ser India, Brasil o Sudáfrica.

 

En la actualidad, el 15% del planeta concentra el 45% de las vacunas contra el coronavirus

 

En este sentido, observamos cómo la Organización Mundial de la Salud (OMS) urge a los países ricos que ya han alcanzado altos niveles de vacunación a que donen vacunas en lugar de usarlas para inmunizar a menores. Al fin y al cabo, la caridad es un elemento necesario para perpetuar un sistema que agudiza las desigualdades preexistentes y que, por lo tanto, impide la libertad para grandes mayorías que se ven obligadas a pedir permiso para vivir. Pero, aunque parezca mentira y por muy crítico que pueda ser yo con la caridad como fenómeno institucionalizado y basado en una relación totalmente desequilibrada, la Unión Europea necesita el visto bueno de las farmacéuticas para donar vacunas a los países pobres por culpa de cláusulas firmadas en los acuerdos entre la Comisión y las farmacéuticas.

Así que, como decía anteriormente, aunque un paso adelante, totalmente insuficiente. Es intolerable que en medio de una pandemia global se hayan necesitado más de 7 meses y 2,5 millones de muertes para que los gobiernos de turno de los países ricos, que reiteradamente bloquean el acceso a las vacunas de millones de personas, acepten por fin sentarse en una mesa para entablar negociaciones formales sobre cómo podemos ofrecer una solución acordada y eficiente.