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La semana pasada nos enterábamos de que Iberdrola y Naturgy habían sido multadas -si bien todavía pueden recurrir la sanción- con 25.000 euros por cada uno de los cuatro embalses vaciados el pasado agosto. El objetivo de las dos eléctricas era, sencillamente, producir energía barata y venderla en máximos históricos para conseguir aumentar el beneficio. Es decir, explotar un bien público -el agua- para incrementar al máximo sus beneficios a costa de una población que estaba viendo aumentada exponencialmente la factura de la luz. Para poner en contexto dicha sanción: la multa equivalente para una persona que gana 12.000€ al año (1.000€/mes) sería de 24 céntimos anuales.

La sanción establecida, dicho sea de paso, es la máxima prevista en la ley. Anteriormente al anuncio de las sanciones, la ministra Ribera ya había catalogado la situación de “escandalosa” y había remitido una carta a Iberdrola “para decirle que esto no puede ser”.

Tras un agosto -y un inicio de septiembre- en el que el precio de la luz batía récord histórico tras récord histórico, pagando el consumidor entre tres y cuatro veces más en comparación con el año pasado, publicaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los resultados de la supervisión sobre la adaptación de los contratos de los consumidores tras la aplicación de los nuevos peajes eléctricos del 1 de junio de 2020. La CNMC analizó la información de las 25 comercializadoras con mayor cuota de mercado, llegando a representar el 84% del total de energía en mercado libre en baja tensión. En dicho estudio se denunciaba que algunas de las eléctricas -no la mayoría- facturaban indebidamente hasta un 30% de más. Lamentablemente, el nombre de dichas eléctricas no fue revelado y simplemente fueron “condenadas” a devolver lo estafado, sin ninguna sanción extra. Es decir, malas prácticas que tienen como resultado cero coste social y cero coste económico. Cualquiera diría que estafar en el Estado español sale rentable, siempre y cuando seas una gran empresa.

 

Todo este asunto de las eléctricas le está pasando factura al gobierno. Y, qué duda cabe, que, si desde Moncloa no se da con la tecla adecuada, la bomba podría estallar y el PSOE podría pagarlo muy caro en las urnas

 

Hace poco también nos enterábamos que Iberdrola, Endesa y Naturgy han dicho que tienen proyectos con los que podrían utilizar hasta 53.000 millones de euros de los fondos europeos. 21.000 millones Iberdrola en 150 proyectos, 19.000 millones Endesa en 110 proyectos y 13.000 millones Naturgy en unos 100 proyectos. Es decir, que estas tres empresas podrían aspirar a llevarse hasta un tercio de los fondos Next Generation.

Todo este asunto de las eléctricas, escándalos incluidos, le está pasando factura al gobierno. Y, qué duda cabe, que, si desde Moncloa no se da con la tecla adecuada, la bomba podría estallar y el PSOE podría pagarlo muy caro en las urnas. Porque, si bien la batalla del Consejo General del Poder Judicial es muy interesante -y el Partido Popular se empeña en que planee la idea de que Pedro Sánchez gobierna pero no manda-, no afecta al bolsillo de la ciudadanía.

 

Más allá de la campaña “olvídate del pool” de Naturgy, el Gobierno se la juega. Y debe ser valiente si quiere sobrevivir tras el desgaste sufrido durante la pandemia

 

Lo más probable es que el Gobierno adopte medidas durante las próximas semanas. Medidas que pueden colisionar con las grandes compañías eléctricas y sus intereses. Sin embargo, no todas las compañías eléctricas siguen la misma estrategia. Naturgy, cuyos accionistas tienen 25 días para decidir si acudirán a la OPA lanzada por el fondo australiano IFM, anunciaba el miércoles pasado que congelaba el precio de la luz a los niveles que había antes de la escalada de precios -un precio de pool de 60 euros el megavatio hora- durante los dos próximos años y abría así una guerra comercial con Endesa e Iberdrola.

Pero, más allá de la campaña “olvídate del pool” de Naturgy, el Gobierno se la juega. Y debe ser valiente si quiere sobrevivir tras el desgaste sufrido durante la pandemia, sobre todo desde el punto de vista comunicativo. Es cierto que se ha apuntado sendos tantos con la campaña de vacunación, los fondos europeos y la evacuación de Afganistán, pero éstos quedarán en aguas de borrajas si no se exploran todas las vías de actuación posible en los asuntos que afectan al bolsillo de una ciudadanía que exige al Gobierno adoptar medidas a corto, medio y largo plazo. Y es que el megavatio hora será uno de los grandes protagonistas de lo que queda de legislatura.

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