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“Nooooo. Jamás. ¡Si ese era el fondo de la cuestión!…Un nacionalista vasco, en el mejor de los casos, puede aceptar estar en un Estado plurinacional… pero bajo la voluntad de otro, nunca…”. Esta era la respuesta del Xabier Arzalluz de 1996, entrevistado por Julio G. Ibáñez, ante la insinuación de que el PNV había aceptado implícitamente con el Concierto Económico la soberanía del pueblo español. Estaba entonces el PNV, bajo su mando, en plena singladura hacia el soberanismo en un contexto que no puede dejar indiferente a nadie: ese año ETA asesinó en Madrid al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, al año siguiente al concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, en 1998 el PNV hizo público el pacto alcanzado con ETA que se sustanció en Estella y en el año 2000, con Juan José Ibarretxe sostenido por el partido político de ETA, la organización terrorista asesinó a Fernando Buesa. Desde un expresidente del TC hasta un concejal, pasando por un parlamentario vasco, ETA estaba atacando de frente al Estado mientras el nacionalismo vasco, a la par que condenaba esos asesinatos, alimentaba un discurso de deslegitimación de ese mismo Estado.

En el XVIII Seminario de la Fundación Fernando Buesa, celebrado esta semana, Joseba Arregi en una magnífica conferencia, ha insistido en la necesidad de reflexionar sobre el hecho de que la violencia terrorista de ETA se alimentó también del discurso de deslegitimación del Estado de Derecho del que el PNV hizo extensa gala en los años que siguieron a la escalada violenta anunciada en 1995 en la llamada “ponencia Oldartzen”. Según Arregi, y coincido con él, ahí está uno de los fundamentos de la perversión del lenguaje que se enseñoreó del discurso público y de la que dieron buena prueba personas que no estaban, ni mucho menos, en los aledaños de ETA, como el propio Arzalluz o José María Setién. Una de las muestras más claras de esa perversión se situaba como tesis del pacto que el nacionalismo todo firmó en Estella el 12 de septiembre de 1998: “El contencioso vasco es un conflicto histórico de origen y naturaleza política en el que se ven implicados el Estado Español y el Estado Francés.”

 

ETA estaba atacando de frente al Estado mientras el nacionalismo vasco, a la par que condenaba esos asesinatos, alimentaba un discurso de deslegitimación de ese mismo Estado

 

Ni había ni hay “contencioso vasco”. Lo que había y hay es una sociedad plural desde el punto de vista de la identidad. Lo que había y ya no hay porque fue derrotada precisamente por el Estado de Derecho, es la pretensión de una de esas identidades de imponerse violentamente a todas las demás. Dicho de otra forma, el problema vasco era pura y simplemente un problema de terrorismo. Si durante décadas se aceptó y normalizó la existencia de dicho “contencioso” fue principalmente por la presencia del terrorismo (que mataba, recordémoslo una vez más, desde el radicalismo nacionalista vasco), pero también por la deslegitimación del Estado de Derecho.

Carlos Garikoetxea y Xabier Arzalluz disputaron mucho el triste laurel de haberse negado a aceptar el ancho suelo constitucional diseñado en 1978. Todo parece indicar que fue cosa más del primero que del segundo, pero lo sorprendente es que ambos líderes nacionalistas se pelearan por la extraña gloria de negar legitimidad al Estado democrático. Ese Estado no nació en una atmósfera inerte sino enredado entre amenazas involucionistas, una profunda crisis económica y una considerable dosis de violencia política. Con mucho, ETA protagonizó la mayor parte de esa violencia: entre 1977 y 1979 mató a más de 150 personas. El mismo día que se celebraba la última de las sesiones del debate constitucional, asesinó en Madrid al general de Brigada Juan Manuel Sánchez-Ramos y al teniente coronel Juan Antonio Pérez.

Solo falta que el nacionalismo vasco reconozca la plurinacionalidad de la propia sociedad vasca

 

ETA venía de justificar su uso de la violencia por la existencia en España de un Estado ilegítimo, el franquista. En los últimos cinco años de su existencia, ese Estado no dejó de alimentar la bicha proporcionándole cuantos argumentos pudo: juicio de Burgos, fusilamientos de septiembre de 1975 y 3 de marzo de 1976 en Vitoria, por señalar solamente los más sonoros. Ese principio de legitimidad de la violencia e ilegitimidad del Estado debió cesar definitivamente entre 1977 y 1978, con las primeras elecciones libres, la amnistía y la Constitución. No fue así, sino que ETA extendió su idea de ilegitimidad del Estado también al democrático. Quizá tuviera razón Jean-Paul Sartre cuando, a raíz del proceso de Burgos, observó que ETA no solamente se enfrentaba al Estado franquista sino también a la nación española. En la cita con la que he abierto este artículo afirmaba Arzalluz que un nacionalista, como mucho, podría aceptar un Estado español plurinacional (como hace —añado yo— el artículo segundo de la constitución). Solo falta entonces que el nacionalismo vasco reconozca la plurinacionalidad de la propia sociedad vasca.  La reforma que se planea del Estatuto sería buena ocasión. Pero para ello es preciso algo previo: reconocer que el Estado en España, el que tenemos desde 1978, es legítimo.

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