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El uno de enero de este año debiera de haber entrado en vigor la nueva Ley de Cupo que marcara la metodología para el señalamiento de la contribución de los territorios vascos a las cargas del Estado para el periodo 2022 a 2026. Esa nueva Ley, que señalaría lo que se denomina el “año base”, ni siquiera se ha presentado en el Congreso y su debate y negociación son inexistentes u ocultos al ámbito público.

Dada esta situación, los territorios forales siguen contribuyendo a las cargas del Estado no asumidas por la Comunidad Autónoma conforme a los presupuestos de 2017, actualizados en función de los incrementos tributarios del Estado. Esta fórmula de cálculo quinquenal podría calificarse de obsoleta por cuanto los gastos del Estado son variables de un año para otro y el método presupone una estabilidad presupuestaria que no existe. 

De hecho, como consecuencia de ello, en el cálculo del Cupo no se han incorporado las cargas asumidas presupuestariamente por el Estado en concepto del déficit de la Seguridad Social. A su vez, el sistema de cálculo se hace sobre presupuestos y no sobre liquidación, por lo que en el Cupo que se paga van incluidas las partidas presupuestarias que el Estado no ejecuta, que en algunas materias son muy cuantiosas, pongamos por caso, las inversiones en Alta Velocidad.

 

Esta fórmula de cálculo quinquenal podría calificarse de obsoleta por cuanto los gastos del Estado son variables de un año para otro y el método presupone una estabilidad presupuestaria que no existe

 

Se trata, por tanto, de un modelo obsoleto que, sin embargo, nadie se anima a cambiar. Aún así, es imprescindible su actualización en este ejercicio 2022 para su entrada en vigor desde el primero de enero, aunque se haga con ese método de cálculo más propio de cuando los balances se escribían con plumín y tintero sobre plantillas de papel.

En esa actualización del Cupo habrán de integrarse los nuevos gastos del Estado que no se ejercían en 2017 y entre los que se incluye, como elemento fundamental, el ya citado déficit de la Seguridad Social y, entre ellos, el que procede de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que no existía en 2017.

 

Se trata, por tanto, de un modelo obsoleto que, sin embargo, nadie se anima a cambiar

 

A este respecto, resulta de especial interés la negociación que sobre la transferencia del IMV se está tratando entre los gobiernos del Estado y la Comunidad Autónoma y cuya definición puede afectar muy sensiblemente a estas cuentas. La transferencia en su integridad, en los términos planteados por el Gobierno vasco, llevaría la traslación de la contabilidad del IMV a las cuentas de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, consecuentemente, a su salida de lo que pudiera ser imputable a Euskadi en la determinación del Cupo.

Así, de los 4.463 millones de euros presupuestados por el Estado para IMV en 2022 no habría que satisfacer el 6’24% imputable al País Vasco, esto es, 278’5 millones de euros. Lo que no significa un ahorro, ya que será la Comunidad Autónoma la que tenga que asumir el coste de abonar la Renta de Garantía de Ingresos en territorio vascos, para lo que en 2022 se han presupuestado 345 millones.

 

Independientemente de los contenidos, lo que es imprescindible es la actualización de la Ley del Cupo, pues ya estamos aplicando una ley que ha caducado y cuyo contenido no se corresponde con la realidad

 

Esta transferencia del IMV, en los términos que parece se ha acordado, es, además, un precedente para la forma de financiación de otros conceptos de la Seguridad Social que no son de origen contributivo y cuya gestión podría acabar en manos de las comunidades autónomas. Las características de estos gastos sociales que la Seguridad Social califica como “impropios” es bien distinta a las de las prestaciones contributivas, cuya transferencia también exige el Gobierno Vasco pese a que se trata de una competencia del Estado sobre cuya unidad patrimonial, recaudatoria y retributiva ya se ha pronunciado con claridad el Tribunal Constitucional.

Independientemente de los contenidos, lo que es imprescindible es la actualización de la Ley del Cupo, pues ya estamos aplicando una ley que ha caducado y cuyo contenido no se corresponde con la realidad. Prolongarla, sin aprobar un nuevo texto que sea de aplicación desde enero de este año reportaría un descrédito para el sistema de Concierto Económico que no nos podemos permitir. 

Se ha perdido ya un tiempo para someter al Congreso una nueva Ley de Cupo que dé seguridad a las partes y cuyo contenido transmita ecuanimidad en el sistema. El retraso y la opacidad sólo son un argumento para sus detractores, para quienes este retraso servirá como razón para dudar de su transparencia.

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