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En 1964, un año después de la conversión del sistema de Seguros Sociales en un sistema de Seguridad Social a través de la Ley de Bases de Seguridad Social, se publicaría por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la primera Encuesta de Población Activa (EPA). La realidad actual, no obstante, es muy distinta a la de hace más de medio siglo, cuando en los países más desarrollados de la economía mundial y gracias a políticas de regulación keynesiana y un sistema de relaciones laborales con sindicatos fuertes en las empresas, se conformó un capitalismo industrial que generó fuertes mercados de trabajo y bajas tasas de desempleo.

La transformación neoliberal y conservadora en las políticas económicas en la década de 1980 condujo paulatinamente a un cambio de paradigma en el que la lógica financiera prevaleció sobre la producción industrial-productiva. El criterio de contratación, por su parte, pasó a ser la flexibilidad laboral, la externalización, la subcontratación y la precariedad. Además, con el objetivo de destruir, debilitar o devaluar la influencia del sindicalismo en la negociación colectiva y la huelga, se multiplicaron los ataques al sindicalismo limitando el contrapoder a las políticas empresariales que asientan el modelo de la precariedad en el empleo.

 

La medición del desempleo que se realiza en la actualidad no incorpora a las trabajadoras desanimadas, a las personas activas potenciales, ni a quienes trabajan menos horas de las que les gustaría

 

Es innegable que la definición de desempleo es extremadamente limitada y no refleja las particularidades del mercado laboral existente en la actualidad, limitándose, básicamente, a analizar factores y aspectos del siglo XX. Es por ello que cuando analizamos los buenos números de la creación de empleo y de reducción de la tasa de desempleo que esta semana hemos conocido, debemos ser conscientes de que siguen la definición de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo: personas que están sin trabajo, disponibles para comenzar a trabajar dentro de dos semanas y buscando activamente empleo en el momento de realizar la encuesta.

Esta estrechez en la definición, sin embargo, no permite conocer la población que realmente se encuentra desempleada. Además, al no incorporar a personas con ánimo de trabajar remuneradamente y disponibles para hacerlo que no están buscando empleo ya que piensan que debido a la desfavorable situación económica no van a encontrarlo, a personas con un empleo parcial que quisieran un empleo a tiempo completo, e incluso a personas que por cualquier otro motivo querrían un empleo compatible con su situación de estudios o de cuidados y que no lo encuentran, es una forma artificial de reducir la tasa de desempleo. Es decir, la medición del desempleo que se realiza en la actualidad no incorpora a las trabajadoras desanimadas, a las personas activas potenciales, ni a quienes trabajan menos horas de las que les gustaría -siendo las mujeres y las personas jóvenes las principales afectadas-. Si añadimos estos tres grupos de personas al indicador que mide la tasa de desempleo, hace de éste un indicador más próximo a la realidad. Un indicador que muchas personas expertas denominan "tasa de paro real" y que en España se situaría en torno al 22%, muy por encima de 13,33% recientemente anunciado.

 

Y es que hoy en día la tenencia de un empleo ya no es garantía de una vida digna. Además, no parece sensato vincular la subsistencia de las personas a la tenencia de un empleo cuando se prevé una destrucción neta del mismo

 

Es innegable que una medición acertada de la tasa de desempleo es fundamental para entender la realidad laboral y poder así realizar análisis precisos para el diseño e implementación de políticas públicas de empleo con el objetivo de reducir las desigualdades y mejorar la calidad del empleo. Si queremos actuar con eficacia, es necesario conocer la realidad de nuestros mercados de trabajo y la realidad del desempleo, la parcialidad y la temporalidad. Porque así y solo así, podremos implementar las políticas públicas de empleo óptimas que mejoren la vida de la clase trabajadora.

Pero, a pesar de los buenos datos de empleo y desempleo que hemos conocido esta misma semana -más allá de haber más personas inactivas, menos horas trabajadas o más ninis-, debemos recordar que desde el año 2008 los trabajadores del Estado español han perdido un 20% de poder adquisitivo y actualmente el 13% de los mismos son pobres. Y es que hoy en día la tenencia de un empleo ya no es garantía de una vida digna. Además, no parece sensato vincular la subsistencia de las personas a la tenencia de un empleo cuando se prevé una destrucción neta del mismo. Es por ello que cada vez son más los países que tratan de explorar sistemas que garanticen la protección universal de las personas frente a políticas inspiradas en el asistencialismo. Ojalá una herramienta que, más allá de garantizar la existencia material de todas las personas, consiguiera aumentar el poder de negociación de las personas trabajadoras permitiéndoles decir «no» a condiciones abusivas -contrarrestando el efecto disciplinador del capitalismo- y actuando como caja de resistencia en caso de huelga de larga duración. Pero, ¿no es así como actuaría una renta básica?

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