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España parece instalada en la ‘turbopolítica’, un fenómeno de aceleración en la que se suceden episodios excepcionales sin descanso: mociones de censura, adelantos electorales, votaciones parlamentarias como la de una reforma laboral al filo del precipicio, y el colapso inesperado del Partido Popular, principal partido de la oposición después de haber ganado las elecciones de Castilla y León hace escasamente dos semanas. 

Hace tres años, en los debates electorales Pedro Sánchez se enfrentaba a tres candidatos qué como él venían a protagonizar un nuevo tiempo político caracterizado por la muerte del bipartidismo y el inicio de la fragmentación política. En tan solo tres años, Pedro Sánchez es el único líder político que se mantiene en el cargo tras la dimisión de Albert Rivera, la salida del Gobierno de Pablo Iglesias y la invitación a Pablo Casado para que abandone la presidencia de su partido, que ya cuenta los días que le quedan como presidente del Partido Popular antes del Consejo Extraordinario que se celebrará en el mes de abril.

 

En tan solo tres años, Pedro Sánchez es el único líder político que se mantiene en el cargo tras la dimisión de Albert Rivera, la salida del Gobierno de Pablo Iglesias y la invitación a Pablo Casado para que abandone la presidencia de su partido

 

Pero la realidad de los tiempos de las políticas se corresponde más con el ritmo de los pasos de Semana Santa que con el ritmo acelerado de las turbinas.  Esta semana supimos que el retraso medio que acumulan las iniciativas legislativas pendientes de tramitar en el Congreso de los Diputados es de 287 días (más de 9 meses) . Las iniciativas promovidas por el Gobierno están por debajo de los 200 días, mientras que las iniciativas promovidas por los grupos parlamentarios en espera se sitúan en los 306 días de media (casi un año). En el caso de las iniciativas legislativas populares, un procedimiento que busca llevar al Congreso medidas promovidas directamente desde la sociedad civil, el tiempo que llevan esperando en el cajón se acerca a una media de 400 días.

Cerca de 50 leyes están congeladas en la mitad de la legislatura y tienen el riesgo de no acabar tramitándose antes de que acabe, por lo que decaerían al finalizar este mandato. Así ocurre con la reforma de la Ley de secretos oficiales promovida por el PNV, que pese a qué en la anterior legislativa contó con un amplio respaldo del Congreso, tiene el riesgo de decaer tras llevar bloqueada más de año y medio. 

 

Pero la realidad de los tiempos de las políticas se corresponde más con el ritmo de los pasos de Semana Santa que con el ritmo acelerado de las turbinas

 

En Euskadi no andamos mejor, la Ley de Educación, en palabras del propio Urkullu, una de las Leyes de la legislatura, inició en el mes de noviembre un proceso de consulta y de participación en el Parlamento Europeo por el que han pasado más de 100 personas que ha culminado con un documento que ha nadie contenta porque se parece en exceso a un documento previo al inicio de las consultas, y porque carece de concreción y de capacidad de transformación. 

No nos engañemos, la turbopolítica nos entretiene, pero es la resolución de los problemas la que tiene que coger velocidad, sobre todo cuando se pide la implicación de la ciudadanía. En la antigua Grecia se llamaba idiota al que no participaba en los asuntos públicos, para no ser un idiota había que implicarse, se pensaba. Si ya hemos asumido que la elaboración de las políticas públicas no puede ser un monólogo de los políticos, ahora nos toca agilizar el desarrollo de normas, de manera que se haga frente a los retos sociales de una manera más ágil y eficiente: incorporando el conocimiento experto, pero también siendo ágil en la respuesta. Participar para acabar sintiéndote como un idiota es una derivada no deseable que lleva a la frustración, el desengaño y la desconexión de las políticas.  

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