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El Ayuntamiento de Irun recurre la sentencia del TSJPV sobre el euskera en la Policía Local

El alto tribunal vasco consideraba que el requisito de saber euskera era "discriminatorio" para quienes no hablaban esta lengua

Agentes de la Policía Local. / ERNE
Agentes de la Policía Local. / ERNE

El Ayuntamiento de Irun ha anunciado la presentación del recurso contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que el pasado mes de mayo declaraba nula la base VIII (prueba de euskera) de la resolución 2.566, de 19 de diciembre de 2017, por la que se aprobaron las bases reguladoras del proceso para cubrir 12 plazas de agente de la Policía Local. PNV, EH Bildu y Podemos ya hacieron frente común a principios de mes contra esta sentencia por considerar que "puede poner en duda el marco jurídico para avanzar en la normalización" de esta lengua en el sector público.

El pasado mes de mayo, el alto tribunal vasco declaraba nula una resolución de ese consistorio guipuzcoano que en 2017 dio luz verde a la convocatoria de doce plazas de agentes de la Policía Local, pues considera que el requisito de saber euskera fue "discriminatorio" para quienes no hablaban esta lengua.

Las bases de esta convocatoria para Irun exigían perfil lingüistico en euskera como condición para esas plazas. El argumento que defiende el TSJPV se basa en que para garantizar el derecho de la ciudadanía, la "obligación de conocer la lengua no afecta a todos los empleados de la administración, sino a la misma en su conjunto". Es por ello que defiende que es suficiente con que uno de los integrantes de cada pareja de Policía Local sepa euskera para atender al público. Ha concluído por tanto, que la exigencia de euskera en esta OPE de Irun se ha convertido en un elemento de "discriminación" hacia una parte importante de la población.

El Consistorio irundarra ha informado, en un comunicado, que ha presentado este viernes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV la documentación necesaria para la formulación del recurso de casación en las dos vías: autonómica y estatal, pese a que disponía de plazo para ello hasta el próximo 1 de julio.

Será ahora el Tribunal Superior de Justicia quien tenga que pronunciarse sobre la admisión a trámite de los recursos para que éstos sigan su andadura ante el mismo, así como ante el Tribunal Supremo.

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